Desplazamiento y confinamiento: la violencia que sigue expulsando a las comunidades

Por Redacción Acento

Entre enero y agosto de este año se contabilizaron 111 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 23.931 personas.

Desplazamiento y confinamiento: la violencia que sigue expulsando a las comunidades

La crisis humanitaria provocada por el conflicto armado en Colombia mantiene a miles de personas lejos de sus hogares y, en otros casos, atrapadas en sus propios territorios. Un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo evidencia que, aunque las cifras de 2026 están lejos del pico registrado durante la crisis del Catatumbo en 2025, el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan siendo dos de las principales expresiones de la violencia contra las comunidades.

Entre enero y agosto de este año se contabilizaron 111 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 23.931 personas. La cifra representa un incremento en el número de hechos frente al mismo periodo de 2025, cuando se habían reportado 83 eventos, aunque entonces el número de víctimas superó las 80.000 debido, principalmente, a la emergencia humanitaria desatada en el Catatumbo.

El dato permite observar una transformación de la crisis: la violencia no necesariamente se concentra en un único episodio de grandes proporciones, sino que continúa produciendo desplazamientos en distintos territorios del país.

Cauca concentra el mayor impacto, con más de 6.700 personas desplazadas. Le siguen Norte de Santander, con 4.350; Antioquia, con 3.150; Nariño, con 2.550, y Magdalena, con 1.900.

Detrás de estas cifras está la disputa de los grupos armados por el control territorial. La Defensoría señala que las disidencias de las antiguas Farc y el ELN tienen un impacto particularmente significativo en los hechos que provocan desplazamientos colectivos. Amenazas, enfrentamientos y ataques con drones forman parte de las dinámicas que terminan obligando a comunidades enteras a abandonar sus hogares.

El impacto tampoco es uniforme. Entre las poblaciones afectadas hay 20 comunidades indígenas y 20 comunidades afrodescendientes, lo que vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de pueblos étnicos que habitan zonas donde la presencia estatal continúa siendo limitada y donde confluyen diferentes actores armados.

Pero abandonar el territorio no es la única forma en que la violencia limita la vida de las comunidades. El confinamiento representa la otra cara de esta crisis: personas que permanecen en sus lugares de residencia, pero no pueden desplazarse libremente para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud o abastecerse de alimentos.

Entre enero y agosto se registraron 63 eventos de confinamiento que afectaron a 80.369 personas. Aunque hubo una reducción frente a los 68 casos reportados en 2025, la magnitud de la población afectada evidencia que el problema continúa siendo considerable.

Chocó aparece como el departamento más afectado, con 15.641 personas confinadas, seguido por Cauca, con 13.350; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 6.593.

En estos casos, la Defensoría identifica principalmente al Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra como responsables de las dinámicas que restringen la movilidad de las comunidades.

La lectura de las cifras deja un elemento central: la reducción de algunos indicadores no significa que la crisis humanitaria haya desaparecido. Mientras el desplazamiento masivo puede ser visible y generar respuestas institucionales inmediatas, el confinamiento puede prolongarse silenciosamente y afectar durante semanas o meses la vida cotidiana de comunidades enteras.

Por eso, el reto para el Estado no consiste únicamente en atender a quienes ya fueron expulsados de sus territorios. También implica recuperar las condiciones de seguridad que permitan a las comunidades permanecer en ellos sin amenazas ni restricciones impuestas por los grupos armados.

La Defensoría advierte que detrás de cada número hay familias cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida resultan afectados. Ese es el verdadero alcance de unas cifras que muestran que, pese a los cambios en la intensidad de la violencia, el desplazamiento y el confinamiento siguen siendo una realidad cotidiana en buena parte de Colombia.