La propuesta guarda similitudes con modelos de endurecimiento penitenciario aplicados en otros países de la región, particularmente El Salvador.
La política de seguridad de Abelardo de la Espriella empieza a tomar forma también dentro de las cárceles. Una de las primeras apuestas es terminar la construcción del establecimiento penitenciario Renacer, en Sabanas de San Ángel, Magdalena, una obra que viene del gobierno de Iván Duque y que el actual Ejecutivo quiere convertir en una de las primeras piezas de su estrategia contra la criminalidad.
El proyecto presenta un avance físico del 86% y, de acuerdo con las autoridades regionales, todavía tiene pendiente cerca del 25% de ejecución financiera. El complejo ocupa 22 hectáreas y, una vez terminado, aportará 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario.
Una comitiva del Gobierno Nacional recorrió recientemente las instalaciones para identificar los asuntos que todavía impiden ponerlas en funcionamiento. En la visita participaron la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), Isidora Fernández; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima, y el director de Gestión Corporativa del Inpec, Andrés Barney.
Uno de los puntos pendientes está por fuera de los muros de la prisión: la vía de acceso. La Gobernación del Magdalena y el Gobierno Nacional trabajan en las intervenciones necesarias para garantizar que la infraestructura pueda operar cuando finalicen las obras.
La gobernadora Margarita Guerra aseguró que el tema fue planteado desde el inicio del actual Gobierno y que, después de varias reuniones técnicas, se logró acelerar el proceso. Aunque afirmó que ya existe una fecha de inauguración, está todavía no ha sido divulgada públicamente.
El interés del Ejecutivo por culminar Renacer está relacionado con una promesa más amplia de campaña. De La Espriella planteó la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad para concentrar a los internos considerados de mayor peligrosidad y dificultar que continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.
La propuesta guarda similitudes con modelos de endurecimiento penitenciario aplicados en otros países de la región, particularmente El Salvador, aunque en Colombia enfrenta un escenario institucional y penitenciario diferente. Además, no todos los proyectos parten de cero: algunos centros, como el de Sabanas de San Ángel, ya habían comenzado a construirse antes de la llegada del actual Gobierno.
Mientras se define el futuro de las nuevas megacárceles, el Ejecutivo estudia una alternativa que podría implementarse con mayor rapidez: convertir buques de la Armada en establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
Los ministros de Justicia, Iván Cancino, y Defensa, Jorge Mora, encargaron al Inpec evaluar la viabilidad de esta propuesta, especialmente para aislar a cabecillas que, según las autoridades, continúan impartiendo órdenes desde las prisiones.
La idea de los llamados buques cárcel funcionaría como una medida transitoria mientras se resuelven asuntos como ubicación, financiación, capacidad y cronograma de las nuevas megacárceles.
Así, la estrategia penitenciaria del Gobierno combina tres tiempos: terminar infraestructura ya contratada, explorar soluciones rápidas para aumentar el aislamiento de internos considerados de alta peligrosidad y avanzar en la construcción de nuevos establecimientos.
El desafío no está solamente en sumar cupos. La apuesta tendrá que demostrar que una mayor capacidad penitenciaria y un régimen de máxima seguridad pueden traducirse efectivamente en mayor control sobre las estructuras criminales, sin que las nuevas cárceles terminen reproduciendo los problemas que durante años han afectado al sistema penitenciario colombiano.