Mientras el Congreso discute un recorte de $170.000 millones a su presupuesto, la jurisdicción enfrenta denuncias por sus gastos y por presuntas presiones a mil
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llega al debate de su presupuesto para 2027 con un expediente que va más allá de las cifras. A las críticas por sus gastos se sumó esta semana una denuncia por presuntas presiones a militares comparecientes. Y detrás de ambas persiste el recuerdo de un caso de soborno que golpeó al tribunal casi desde su creación.
El soborno que marcó el comienzo
En marzo de 2019, la Fiscalía capturó a Carlos Julián Bermeo, fiscal de apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, junto con otras cuatro personas. Un video lo mostró recibiendo dinero en efectivo por debajo de una mesa, en un caso relacionado con el proceso de extradición de alias Jesús Santrich. El director de la unidad, Giovanni Álvarez, lo apartó del cargo. Ese mismo año se cuestionó que la entidad hubiera entregado cargos y contratos a familiares y amigos de sus funcionarios.
La JEP también ha sido señalada como refugio para políticos procesados por corrupción. El exsenador Álvaro Ashton fue admitido en 2019 por sus presuntos vínculos con paramilitares, cuando también era investigado por corrupción. El exsenador Musa Besaile fue aceptado por parapolítica mientras se le investigaba por sobornar a magistrados de la Corte Suprema.
Los gastos bajo la lupa
El Centro Democrático denunció que la JEP ha gastado $56.000 millones en viajes. Según los críticos del tribunal, entre 2020 y 2026 sus miembros hicieron más de 75 viajes internacionales. Entre enero y junio de este año, la entidad habría destinado $40.149 millones a contratistas, $39.721 millones a servicios que no aparecen discriminados en sus estados financieros, $933 millones a tiquetes y $848 millones a viáticos. Para 2026 tiene presupuestados $404.477 millones en nómina y $178.157 millones en adquisición de bienes y servicios.
A esas cifras se suma la polémica por el arriendo de su sede en Bogotá, que ocupa desde 2018 sin haber logrado comprarla.
Presiones a militares
El viernes 25 de septiembre, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, denunció que funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que pidan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que frenen el recorte. La senadora divulgó un documento dirigido a la CIDH, fechado el 21 de septiembre y firmado por un "solicitante/compareciente ante la JEP".
Según la denuncia, a los uniformados se les estaría advirtiendo que, si el recorte se aprueba, sus procesos pasarían a la justicia ordinaria, sin las reglas de la justicia transicional. Posada anunció un derecho de petición para establecer si esa iniciativa salió de la jurisdicción. De comprobarse, la presión comprometería la independencia de los comparecientes frente al tribunal que los juzga.
El propio presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, había confirmado el lunes 21 que un grupo de comparecientes de la Fuerza Pública pidió medidas cautelares ante la CIDH para proteger al tribunal. Presentó la solicitud como una muestra de respaldo.
La defensa y sus límites
La JEP respondió con un comunicado en el que afirma que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no registran hallazgos de corrupción. La ausencia de hallazgos fiscales, sin embargo, no responde las preguntas de fondo: cuánto cuesta cada decisión judicial, qué justifica el volumen de viajes y contratistas, y por qué una entidad que se presenta como austera advierte que un recorte la dejaría inoperante.
La senadora Posada sostiene que el ajuste es manejable. Según sus cálculos, un recorte del 10 % en nómina y personal supernumerario liberaría $40.637 millones, y uno del 50 % en bienes y servicios, $89.078 millones. En sus palabras, el tribunal tiene que "dejar de vivir como reyes".
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella respalda la reducción como parte de un ajuste transversal por la situación fiscal del país. Las plenarias de Senado y Cámara tienen plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto. Allí se definirá si una jurisdicción con este historial sigue recibiendo los recursos que pide.