Aunque los recursos destinados al sector defensa han crecido en términos reales, su participación dentro del presupuesto general pasó de 22,4% en 2003 a 14,7% e
Colombia enfrenta una paradoja en materia de seguridad: mientras los grupos armados amplían su presencia territorial y recurren cada vez más a tecnologías como los drones, solo el 46 % de la capacidad militar del país estaría disponible para operaciones, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado con la Konrad Adenauer Stiftung y la Embajada de Suiza.
El diagnóstico adquiere mayor relevancia por el comportamiento reciente de la violencia. Entre 2024 y 2025, los principales grupos armados ampliaron su presencia de 562 a 627 municipios, mientras las acciones contra la Fuerza Pública aumentaron 62%, los ataques contra infraestructura y bienes civiles 59% y los ataques con drones 132%.
El problema, de acuerdo con el estudio, no se explica únicamente por la cantidad de uniformados o equipos disponibles, sino por la capacidad real de mantenerlos operativos. En el componente aéreo, 55,5% del inventario aparece fuera de servicio, mientras en el naval y fluvial la proporción llega a 48,1%. En las capacidades terrestres también existen restricciones asociadas al sostenimiento: los déficits presupuestales alcanzarían 96% en artillería, 93% en transporte y 78% en caballería.
En términos prácticos, esto significa que una parte importante de las capacidades existentes no puede emplearse de manera permanente por falta de mantenimiento, repuestos, reparaciones o combustible.
El diagnóstico se conecta directamente con el presupuesto. Aunque los recursos destinados al sector defensa han crecido en términos reales, su participación dentro del Presupuesto General de la Nación pasó de 22,4% en 2003 a 14,7% en 2025. A esto se suma que los costos del personal activo y retirado representaron 76,2% del presupuesto del sector en 2025, dejando un margen menor para operación, mantenimiento y modernización.
La presión no es nueva. Entre 2015 y 2025, según la FIP, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos. El Ministerio de Defensa, durante la transición de Gobierno, habría estimado además un rezago acumulado superior a $100 billones.
El desafío financiero también tiene una dimensión de largo plazo. El crecimiento del pie de fuerza registrado entre 2002 y 2010 incrementó el número de integrantes que ahora están entrando en etapas de retiro. En 2024, el valor presente de las obligaciones relacionadas con asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional se acercaba a $50 billones.
Esto plantea una tensión entre sostener la estructura actual y financiar las capacidades que requiere una guerra cada vez más tecnológica. Inteligencia, ciberdefensa, guerra electrónica, vigilancia, análisis de datos e inteligencia artificial demandan personal especializado cuya formación puede tardar años.
Los drones representan quizá el ejemplo más evidente de esa transformación. Los ataques contra la Fuerza Pública mediante estos sistemas pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, un incremento del 132%. La tendencia continuó durante los primeros cinco meses de 2026: según la Defensoría del Pueblo, los ataques con sistemas aéreos no tripulados aumentaron 146 %, pasando de 13 casos en enero a 32 en mayo.
El problema, por tanto, no consiste únicamente en comprar nuevas tecnologías. El Estado debe conseguir que esas capacidades puedan mantenerse, actualizarse y desplegarse oportunamente. La velocidad con la que evolucionan las amenazas puede dejar obsoletas las inversiones si no existe una política permanente de modernización.
También aparece una segunda alerta: más operaciones no necesariamente significan mayor control territorial. Durante 2025, la Fuerza Pública realizó 234 acciones contra grupos armados, 34,5% más que en 2024. Sin embargo, durante ese mismo periodo las organizaciones ilegales aumentaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial.
La cifra obliga a revisar cómo se mide la efectividad de la política de seguridad. El número de operaciones, capturas o acciones militares puede mostrar actividad, pero no necesariamente resultados sostenidos sobre el territorio.
Ante este escenario, la FIP plantea diez recomendaciones que apuntan a cambiar una gestión reactiva por una planificación permanente de las capacidades militares. Entre ellas están evaluar periódicamente las amenazas, vincular las prioridades de seguridad con las decisiones fiscales, establecer cuánto cuesta mantener un nivel mínimo de operación, garantizar financiación de largo plazo y priorizar la recuperación de las capacidades que todavía pueden ser útiles.
La alerta central del informe es, entonces, que Colombia no enfrenta únicamente un déficit de equipos, sino un problema de sostenibilidad de su capacidad militar. Mientras los grupos armados incorporan nuevas tecnologías y amplían su presencia, el Estado debe decidir qué capacidades recuperar, cuáles modernizar y cómo financiar su operación en el largo plazo.
La discusión deja una pregunta de fondo para el Gobierno: no se trata solamente de cuánto gastar en seguridad, sino de qué capacidades necesita Colombia para responder a las amenazas actuales y cómo garantizar que permanezcan disponibles cuando sean requeridas.