El Congreso está ejerciendo activamente su capacidad de controvertir las objeciones del Ejecutivo. Para el Gobierno, el desafío será convertir sus posiciones en
El Congreso volvió a marcar distancia frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella al rechazar la mayoría de las objeciones que la Presidencia presentó contra la denominada Ley de Mérito, una iniciativa que busca impedir que las entidades públicas reduzcan los requisitos establecidos para acceder a determinados cargos directivos mediante modificaciones de sus manuales de funciones.
Con 78 votos a favor y cuatro en contra en el Senado, la plenaria respaldó el informe de la comisión accidental que estudió las objeciones presidenciales. La Cámara de Representantes también rechazó posteriormente los reparos, con 130 votos, por lo que el proyecto quedó encaminado hacia la revisión de la Corte Constitucional.
El episodio es relevante no solo por el contenido de la ley, sino porque evidencia que el Congreso está dispuesto a sostener proyectos que el Ejecutivo considera inconvenientes o constitucionalmente cuestionables. La Presidencia había presentado siete objeciones. La comisión acogió únicamente una, relacionada con el título de la iniciativa, mientras mantuvo el contenido esencial de los cinco artículos.
El Gobierno argumentó que la norma podía interferir con las facultades del Ejecutivo para organizar los empleos públicos y que una prohibición rígida para reducir requisitos podría dificultar el acceso de jóvenes profesionales, mujeres y personas de regiones apartadas a determinados cargos.
La comisión, sin embargo, sostuvo una interpretación diferente. Según el informe, establecer límites legales para modificar requisitos no supone necesariamente una invasión de las competencias administrativas del Ejecutivo, debido a que esas competencias deben ejercerse dentro del marco establecido por la ley.
Uno de los puntos más controvertidos está relacionado con el procedimiento para modificar los manuales de funciones. La iniciativa establece que cualquier cambio destinado a flexibilizar requisitos debe pasar por estudios del Departamento Administrativo de la Función Pública y por la función consultiva del Consejo de Estado.
El Gobierno consideró que esa fórmula podía generar una suerte de coadministración con la rama judicial. La comisión rechazó el argumento y recordó que la Constitución contempla expresamente la participación del Consejo de Estado en los asuntos que determinen la Carta y las leyes.
También hubo diferencias frente al régimen disciplinario. El proyecto establece consecuencias para quienes modifiquen los manuales de funciones desconociendo el procedimiento previsto. Frente a la objeción presidencial de que esto podría generar responsabilidad objetiva, los congresistas señalaron que cualquier responsabilidad disciplinaria requiere demostrar, entre otros elementos, la ilicitud sustancial y la culpabilidad.
La disputa tiene además una dimensión política. La iniciativa fue promovida por el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y ha sido defendida bajo el argumento de que el acceso a la administración pública debe estar sujeto a requisitos verificables y no a modificaciones diseñadas para favorecer determinadas designaciones.
Cadavid interpretó la votación como un respaldo al principio del mérito. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ofreció otra lectura: sostuvo que el Gobierno había participado en conversaciones con el congresista para alcanzar acuerdos sobre el informe de objeciones. De esta manera, Ejecutivo y Legislativo presentaron el resultado como producto del diálogo, aunque el desenlace significó que la mayoría de los reparos presidenciales no prosperaran.
El caso también adquiere relevancia por el discurso del propio Gobierno. El presidente De La Espriella ha convertido el mérito en uno de los principios de su administración y ha planteado que debe ser la base de los nombramientos públicos. Por eso, la discusión sobre esta ley trasciende el procedimiento legislativo y toca directamente uno de los compromisos políticos de la llamada “Patria Milagro”.
Precisamente por ello, las críticas de sectores opositores y de algunos congresistas han puesto el foco en determinados nombramientos del Ejecutivo, que han sido cuestionados políticamente por posibles vínculos personales o familiares. Esas acusaciones forman parte del debate público, pero no equivalen por sí mismas a una conclusión jurídica sobre la legalidad de las designaciones.
El episodio se suma a otros desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo y muestra que, pese a contar con capacidad de negociación, el Gobierno no tiene asegurada la aprobación de sus posiciones en el Congreso. La elección de las mesas directivas y distintas votaciones legislativas han demostrado que las mayorías pueden construirse alrededor de proyectos específicos y no necesariamente bajo una disciplina permanente de bancada o de Gobierno.
En los debates legislativos de la misma semana de finales de septiembre de 2026, el Congreso ratificó su postura negando las objeciones del Ejecutivo a un total de tres leyes en bloque, dejando en firme las normativas aprobadas por el legislativo y enviándolas a revisión final de la Corte Constitucional.