La inestabilidad regulatoria y la urgencia de inversión privada marcan la agenda para mantener la cobertura de servicios públicos.
La falta de dinero en el sector energético amenaza con frenar el desarrollo productivo del país. El déficit de caja impide hacer las obras necesarias para responder al consumo diario de los hogares y las empresas.
Un saldo pendiente por subsidios e inversiones de la Nación ahoga las cuentas de las compañías prestadoras. Esta falta de recursos resta capacidad de maniobra al sistema e impide realizar el mantenimiento de las redes de transmisión de energía.
Las deudas oficiales congelan la operación y frenan la entrada de nuevo capital privado a la infraestructura eléctrica. "El desfinanciamiento de algunas obligaciones que tiene el Estado superan casi los 7.9 billones de pesos", advirtió Luis Fernando Mejìa, fundador y director de Lumen.
La escasez de recursos públicos impide que el presupuesto nacional asuma por su cuenta la expansión del sistema de energía. El Estado carece del margen fiscal para financiar grandes obras sin el apoyo directo de las empresas privadas.
Por otro lado, la demora en licencias ambientales y consultas con las comunidades retrasa el avance de los proyectos. El ritmo actual de ejecución de las obras está muy lejos de los objetivos fijados para garantizar el servicio.
Los datos oficiales confirman el atraso en la entrada de las nuevas plantas de generación en todo el territorio. "Frente a lo proyectado en este año, con corte al 10 de septiembre, ha entrado solamente el 23% de la energía que se pensaba", señaló a Acento.
Los trámites administrativos y los problemas de seguridad en las regiones frenan la construcción de parques eólicos y solares. Resolver esta situación requiere trabajo conjunto entre las carteras de Defensa, Interior y Minas.
El consumo presiona al sistema
El desfase entre la oferta de energía y la demanda diaria crece ante la cercanía de épocas de sequía. El consumo nacional aumenta a un ritmo mayor que la capacidad real de las centrales hidroeléctricas y térmicas.
Las industrias y las ciudades piden cada vez más electricidad mientras las obras del sector sufren constantes retrasos. "La demanda está creciendo en energía por encima del 7%, la oferta de energía en firme no está creciendo al mismo ritmo", dijo el exdirector de Fedesarrollo.
Esta falta de oferta obligó a recurrir a la compra de insumos en el exterior para mantener funcionando el sistema eléctrico. El gas importado gana espacio rápidamente y ya cubre una parte muy importante del consumo de las grandes ciudades.
Depender de insumos traídos de afuera sube los costos de producción y aumenta la tarifa que pagan los usuarios. "La importación de gas ya se acerca al 30% del total de la demanda", explicó Mejía.
En regiones como el Caribe, las conexiones irregulares y el no pago de las facturas agravan la crisis de las empresas. Las pérdidas de energía reducen los ingresos de las operadoras que prestan el servicio a la comunidad.
Normalizar las redes de energía tomará varios años de trabajo e inversiones constantes por parte de las empresas y el Gobierno. Esta situación afecta a los usuarios que sí pagan, pues terminan asumiendo costos más altos en sus facturas.
Riesgo e impacto económico
A pesar de los problemas actuales, el modelo creado hace tres décadas permitió avances importantes en la cobertura de servicios. Las normas aprobadas en los años noventa multiplicaron el acceso de las familias a los servicios básicos en el país.
El crecimiento de las redes demostró la utilidad de las alianzas entre las entidades públicas y las empresas privadas. "El número de usuarios en la mayoría de servicios, incluyendo acueducto, alcantarillado, se multiplicó por cuatro", destacó el exdirector de Fedesarrollo.
Respetar el cobro justo de las tarifas resulta indispensable para mantener el interés de los inversionistas en el sector eléctrico. Cambiar las reglas de juego por decisiones políticas aceleradas alejaría los recursos que se necesitan para obras futuras.
El riesgo de un racionamiento de energía vuelve a ser un tema de discusión por la llegada del fenómeno de El Niño. Los márgenes de reserva cayeron y cualquier falla técnica grave dejaría sin servicio a varias regiones del país.
Un corte de energía prolongado afectaría el empleo y detendría el trabajo en las fábricas y los comercios locales. La falta de servicio traería pérdidas económicas para las familias, las empresas y el recaudo de impuestos del Gobierno.
Los estudios del sector calculan pérdidas muy altas para la economía nacional si llega a faltar la energía. "Los cálculos implican un costo económico cercano a los 30 billones, que es igual al costo del terremoto", concluyó.