La primera fase tendrá como mecanismo financiero principal una compra extraordinaria de cartera a cero por ciento de interés y con un año de periodo de gracia.
Con el plazo de 90 días corriendo para cumplir una de sus principales promesas, el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció la primera fase de su denominado plan de choque para enfrentar las dificultades de acceso a los servicios de salud. La estrategia parte de un diagnóstico concreto: más de un millón de pacientes tienen pendientes medicamentos, citas o procedimientos que, en algunos casos, pueden resultar determinantes para su vida.
El Gobierno identificó a 1.069.196 usuarios que serán priorizados, a partir del cruce de las peticiones, quejas y reclamos registrados ante la Superintendencia de Salud y la información del sistema. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron más de 1,2 millones de reclamos, de los cuales, según el Ejecutivo, 92% está relacionado con obstáculos para acceder a servicios y tecnologías en salud.
La primera fase tendrá como mecanismo financiero principal una compra extraordinaria de cartera a cero por ciento de interés y con un año de periodo de gracia. La intención es aliviar las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y proveedores para recuperar liquidez en la red y, con ello, permitir que los recursos vuelvan a traducirse en atención.
La medida no es nueva en Colombia. En términos sencillos, significa que el Estado asume determinadas obligaciones financieras que las EPS tienen con las IPS. Para Jorge Toro, presidente de la Unión de IPS de Colombia, esta puede ser una vía para inyectar flujo de caja a una red que enfrenta simultáneamente las necesidades de atención cotidiana y una población represada.
El investigador en salud pública Johnattan García también considera que el mecanismo puede disminuir la presión generada por las deudas acumuladas y facilitar que los recursos lleguen a las atenciones actuales. Sin embargo, advierte que el punto central será conocer la metodología y las condiciones bajo las cuales se realizará la operación.
Precisamente ahí aparecen algunas de las principales preguntas. El Gobierno ha insistido en que no será un “cheque en blanco” para las EPS y que no se pagarán nuevamente servicios ya reconocidos. Además, la compra de cartera no estaría dirigida a toda la red, sino a aquellas EPS e IPS vinculadas con la atención de los pacientes incluidos en las patologías priorizadas.
Pero todavía falta conocer de dónde saldrán los recursos. Durante la campaña se habló de una bolsa de $10 billones para atender la crisis, pero el mecanismo anunciado vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la disponibilidad presupuestal. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, considera necesario establecer qué entidad ejecutará la compra de cartera y bajo qué figura jurídica y financiera se hará.
La segunda gran clave está en determinar quiénes recibirán primero la atención. El Gobierno priorizará a pacientes cuyo estado pueda comprometer la vida o generar una pérdida irreversible de la respuesta terapéutica. En ese grupo están personas con cáncer, enfermedades huérfanas, trasplantes, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH.
También tendrán prioridad pacientes con enfermedades que pueden derivar en hospitalizaciones, como EPOC, asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, además de mujeres gestantes que necesiten tratamientos esenciales y personas con riesgo de descompensación.
La definición de esta población representa uno de los elementos más relevantes del plan: pasar de una crisis general del sistema a una intervención focalizada sobre quienes enfrentan mayores riesgos. La existencia de una cifra concreta de pacientes, respaldada por información de la Cuenta de Alto Costo y los reclamos ante la Superintendencia, puede facilitar esa focalización.
Sin embargo, identificar a los pacientes es apenas el primer paso. El verdadero desafío estará en convertir esa información en citas asignadas, medicamentos entregados y procedimientos realizados.
El plan de choque tendrá que resolver, al mismo tiempo, la urgencia clínica y el problema financiero que arrastra la red. La compra de cartera puede generar liquidez, pero su impacto dependerá de cuánto dinero llegue efectivamente a los prestadores, de cómo se controle su destinación y de si logra reducir la acumulación de nuevas deudas.
Por ahora, el Gobierno ha definido el problema y una herramienta para comenzar a enfrentarlo. Quedan por conocerse los detalles financieros y operativos que determinarán si los recursos logran traducirse en resultados para ese más de un millón de pacientes que espera una respuesta del sistema.