El Dapre publicó en el Secop la información para solicitar cotizaciones y conocer las condiciones del mercado para fabricar las monedas.
Un tigre con ojos verde esmeralda, un casco espartano y referencias a la seguridad presidencial forman parte del diseño de la moneda protocolaria que el Gobierno de Abelardo de la Espriella contempló para sus invitados especiales. Sin embargo, lo que comenzó como un proceso de estudio de mercado terminó abriendo una discusión sobre el uso de recursos públicos en medio de las restricciones fiscales que enfrenta el Estado.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó en el Secop la información para solicitar cotizaciones y conocer las condiciones del mercado para fabricar las monedas conmemorativas del periodo 2026-2030. El proceso contemplaba, como mínimo, la elaboración de 100 unidades, aunque todavía no existía un presupuesto definitivo.
La controversia surgió cuando sectores de oposición cuestionaron la iniciativa y plantearon si era conveniente destinar recursos a un objeto protocolario mientras el Gobierno enfrenta un escenario de restricciones presupuestales.
Ante las críticas, el representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que habló con el director del Dapre, Carlos Ríos, quien, según el congresista, le confirmó que el Gobierno no utilizará recursos públicos para fabricar las monedas. Briceño explicó que la publicación realizada en el Secop correspondía únicamente a una solicitud de cotización y no implicaba la contratación ni el desembolso de dinero.
La precisión es importante porque, hasta el momento, el proceso se encontraba en una etapa preliminar. Además, no se conocía un pronunciamiento oficial del Dapre que detallara públicamente el cierre o cancelación definitiva de la iniciativa.
La discusión tiene otro elemento: las monedas protocolarias no son una práctica exclusiva de la actual administración. Gobiernos anteriores, incluidos los de Iván Duque y Gustavo Petro, también recurrieron a este tipo de piezas conmemorativas para actividades oficiales. Por eso, el debate no se limita a la existencia de la tradición, sino a si en el actual contexto fiscal resulta pertinente mantenerla y, especialmente, bajo qué fuente de financiación.
El diseño propuesto también refleja una parte importante de la identidad política con la que De La Espriella llegó a la Presidencia. En una de sus caras aparece un tigre en tres dimensiones, esmaltado en naranja, negro y blanco, con ojos verde esmeralda. Al fondo se contempla la fachada de la Casa de Nariño, acompañada por las iniciales A.D.L.E., los años 2026-2030 y el lema “honor y lealtad”.
El tigre, según la descripción del Dapre, representa fuerza, agilidad y vigilancia. También es el símbolo que identificó la campaña presidencial y una figura asociada al propio mandatario desde su incursión en la política.
La otra cara lleva una carga igualmente simbólica. Allí aparecen un casco espartano dorado, un integrante de la protección ejecutiva vestido de civil y un operador de protección táctica equipado con casco, gafas y chaleco con el parche GOES. La composición conecta la imagen presidencial con conceptos de disciplina, seguridad, protección y fuerza.
La pieza tendría seis centímetros de diámetro y cinco milímetros de grosor, con imágenes en alto relieve y tres dimensiones, baño en oro antiguo y borde trenzado. Su destino sería protocolario: entregarla como objeto conmemorativo en actividades oficiales de la Presidencia.
Más allá de su valor material, la moneda funciona como una pieza de representación institucional. Resume en un objeto los símbolos con los que el Gobierno busca identificarse: el poder presidencial, la seguridad, la vigilancia y una idea de autoridad asociada al lema “honor y lealtad”.
Pero el contexto económico modifica la lectura de la iniciativa. En un escenario de ajustes presupuestales, cualquier gasto protocolario puede convertirse en motivo de escrutinio público, incluso cuando se trate de una tradición institucional.
Por ahora, el punto central es que la publicación de una solicitud de cotización no equivale a una contratación. La afirmación de que no se utilizarán recursos públicos deberá quedar respaldada por la decisión final del Dapre sobre el proceso.
Así, la historia de la moneda tiene dos dimensiones. Una es simbólica: la creación de una pieza que pretende representar al nuevo Gobierno. La otra es fiscal: determinar si esa representación llegará a materializarse y, de hacerlo, quién asumirá su costo. En medio de las restricciones presupuestales, esa diferencia será determinante para cerrar la controversia.