Trump señaló que Colombia podría recuperar su posición como socio de seguridad de Estados Unidos si la administración de De La Espriella avanza en la erradicaci
La decisión de Estados Unidos de mantener a Colombia en la categoría de países que han “fallado de manera demostrable” en sus compromisos de lucha contra las drogas no significa, por ahora, una ruptura con Bogotá. El mensaje de Washington combina presión y una puerta abierta: mantiene la calificación, pero deja planteada la posibilidad de revisarla en 2027 si el Gobierno de Abelardo De La Espriella demuestra resultados concretos contra los cultivos de coca y las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El momento político resulta determinante. El informe presentado al Congreso estadounidense el 15 de septiembre evalúa principalmente el desempeño del último año de la administración de Gustavo Petro, cuando los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína alcanzaron niveles récord. Por eso, la decisión no constituye una evaluación completa del nuevo Gobierno colombiano, que apenas comienza a implementar su política antidrogas.
El propio presidente Donald Trump separó ambos escenarios al señalar que Colombia podría recuperar su posición como socio de seguridad de Estados Unidos si la administración de De La Espriella avanza en la erradicación de coca y el desmantelamiento de las estructuras narcotraficantes.
Un año para mostrar resultados
La advertencia de Washington convierte los próximos 12 meses en un periodo especialmente relevante para la política de seguridad colombiana. El Gobierno deberá demostrar que sus anuncios contra las economías ilegales se traducen en resultados verificables y sostenibles.
La tarea no es menor. Los datos de Naciones Unidas muestran que la expansión de los cultivos de coca ha sido una tendencia de los últimos años. En 2023 Colombia registró unas 253.000 hectáreas sembradas, mientras que la producción potencial de cocaína llegó a 2.664 toneladas, de acuerdo con el monitoreo de UNODC. Para 2024, el panorama mundial también mostró máximos históricos en cultivos de coca y producción potencial de cocaína.
Frente a ese escenario, el Gobierno de De La Espriella ha planteado una ofensiva contra las estructuras armadas y sus fuentes de financiación, con énfasis en erradicación, interdicción, extradiciones y operaciones contra organizaciones criminales.
Pero la próxima evaluación estadounidense no dependerá únicamente del número de hectáreas erradicadas o de los decomisos. El desafío será demostrar que esas acciones producen una reducción sostenida de la producción de cocaína y afectan las estructuras que controlan el negocio.
Cooperación, pero con presión
La descertificación tampoco implica automáticamente la suspensión de toda la cooperación estadounidense. El mecanismo contempla la posibilidad de mantener asistencia cuando Washington considera que hacerlo responde a su interés nacional. Históricamente, esta figura ha permitido mantener programas de cooperación aun cuando un país ha recibido la calificación de “fallo demostrable”.
Ese elemento resulta importante para la relación bilateral. Colombia conserva canales de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, mientras Estados Unidos mantiene una herramienta de presión para exigir resultados.
Así, la decisión tiene una doble lectura. Por un lado, representa un cuestionamiento a los resultados acumulados durante el periodo evaluado. Por otro, deja abierta una oportunidad para que el nuevo Gobierno modifique esa valoración en la siguiente revisión.
El reto va más allá de la erradicación
El problema para Colombia es que la expansión de los cultivos de coca no responde únicamente a decisiones de política nacional. Las economías ilegales están relacionadas con control territorial, presencia de grupos armados, corredores de narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos y ausencia institucional en varias zonas rurales.
Por eso, una estrategia basada exclusivamente en aumentar las operaciones militares o las hectáreas erradicadas podría no ser suficiente para modificar el panorama. La sostenibilidad de los resultados dependerá también de la capacidad del Estado para desarticular las redes financieras y criminales que permiten que los cultivos reaparezcan o se desplacen hacia otros territorios.
La relación con Washington entra así en una etapa de resultados medibles. El Gobierno colombiano cuenta con un nuevo escenario político para fortalecer la cooperación con Estados Unidos, pero la cercanía diplomática no reemplaza los indicadores que serán examinados en la próxima evaluación.
La pregunta, entonces, no es únicamente si la descertificación será permanente. La decisión de 2027 dependerá de si Colombia consigue convertir la nueva política antidrogas en resultados verificables y sostenidos durante este año. La puerta para cambiar la calificación está abierta, pero su resultado estará condicionado a lo que ocurra en los territorios donde se concentra la economía de la coca.