El nuevo esquema no contemplaría el reconocimiento político de las organizaciones ni una negociación sobre su participación en la vida pública.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara un cambio de enfoque frente a las organizaciones armadas que quieran abandonar las armas. En lugar de mesas de negociación política, el Ejecutivo plantea crear un mecanismo de sometimiento o acogimiento mediante el cual los grupos que decidan desmovilizarse deberán aceptar las condiciones establecidas por la Constitución, la ley y la justicia. El proyecto sería presentado al Congreso en las próximas semanas.
La propuesta, que está siendo estructurada por los ministerios de Justicia y del Interior, parte de una premisa expuesta por el ministro Iván Cancino: el Estado puede ofrecer una ruta para dejar las armas, pero no negociar el cumplimiento de la ley. El planteamiento marca una diferencia frente a la política de Paz Total del anterior Gobierno, en la que distintos grupos armados participaron en procesos de diálogo con el Estado.
La principal diferencia está precisamente en el carácter de la relación. El nuevo esquema no contemplaría el reconocimiento político de las organizaciones ni una negociación sobre su participación en la vida pública. Quienes quieran acogerse tendrían que aceptar previamente las reglas establecidas por el Congreso y asumir las consecuencias jurídicas de sus actuaciones.
Esto también modifica el papel de las concesiones. El Gobierno ha señalado que no habrá excarcelaciones como regla general ni rebajas desproporcionadas de penas. A cambio, se establecería un régimen jurídico especial que determine las condiciones de sometimiento, el tratamiento penal y las obligaciones de quienes entreguen las armas.
El modelo tendría, además, una segunda cara: mayores medidas de persecución contra quienes decidan permanecer en la ilegalidad. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció un estatuto antiterrorista dirigido contra las organizaciones que continúen armadas, sus colaboradores y sus fuentes de financiación, junto con un régimen penitenciario especial para sus principales cabecillas.
La estrategia no se limitaría al componente militar o judicial. El Gobierno también pretende golpear las economías que permiten la permanencia de estas estructuras, con acciones contra actividades como la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el lavado de activos y el contrabando.
El desafío estará en convertir estos principios generales en un mecanismo jurídicamente viable y aplicable a realidades diferentes. No todos los grupos armados tienen la misma estructura, capacidad territorial, fuentes de financiación o situación judicial. Tampoco todos los integrantes tienen el mismo nivel de responsabilidad dentro de una organización.
Por eso, la discusión en el Congreso será determinante. Allí deberán definirse asuntos como los beneficios jurídicos, las condiciones de desmovilización, la entrega de armas, la reparación a las víctimas, la reincorporación y las obligaciones que deberán cumplir quienes se sometan.
El primer examen
El Gobierno ya tiene un caso que podría convertirse en la primera prueba de este modelo. Se trata de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) que habían avanzado en un proceso de tránsito hacia la vida civil y que en junio entregaron sus armas en una Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, Putumayo.
La experiencia resulta relevante porque muestra el problema que enfrenta la nueva política: qué ocurre con quienes ya iniciaron un proceso de desmovilización bajo las reglas de la administración anterior y ahora deben incorporarse a un marco jurídico diferente.
Cancino señaló que el Gobierno ya inició contactos con entidades como la Fiscalía y la Defensoría para abordar este caso y utilizarlo como una primera experiencia de la nueva política.
El Acuerdo de Paz, un límite
El cambio de modelo tampoco significa que el Gobierno pueda desconocer los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El canciller Omar Bula ha señalado que el Estado mantiene sus obligaciones jurídicas e internacionales, mientras Cancino ha ratificado la continuidad de compromisos con la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y las víctimas.
La nueva ley estaría dirigida, por tanto, a organizaciones que todavía permanecen en armas y no a sustituir el marco creado para la implementación del Acuerdo de 2016.
La apuesta del Gobierno queda así planteada en dos caminos paralelos: una puerta de sometimiento para quienes acepten las condiciones fijadas por el Estado y una política de persecución para quienes decidan continuar en armas.
El punto decisivo será cómo se traduzca esa premisa en la ley. El reto no será únicamente conseguir que los grupos entreguen las armas, sino construir un mecanismo que combine justicia, reparación, reincorporación y seguridad dentro de los límites constitucionales y de las obligaciones internacionales de Colombia.