La organización reconoce una disminución significativa de las detenciones prolongadas y la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos.
La salida de Nicolás Maduro del poder no ha significado, por ahora, el desmonte de las estructuras que durante años han sido señaladas por organismos internacionales por violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esa es una de las principales conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que advierte que los cambios registrados durante 2026 siguen siendo limitados y reversibles.
El informe llega meses después de la captura de Maduro durante la operación militar estadounidense del 3 de enero, un hecho que modificó el escenario político venezolano. La nueva administración, encabezada por Delcy Rodríguez, ha permitido algunas señales de apertura, pero, según la Misión, no ha acompañado esos cambios con reformas institucionales capaces de garantizar su permanencia. La captura de Maduro el 3 de enero está documentada por medios internacionales.
El contraste es uno de los elementos centrales del diagnóstico. La ONU reconoce una disminución significativa de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas, además de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y un mayor margen para las protestas, las reuniones públicas y las actividades de organizaciones civiles.
Sin embargo, la Misión sostiene que estos avances no equivalen a una transformación del sistema. Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes, mientras los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia mantienen, esencialmente, las mismas estructuras y prácticas.
La situación también se refleja en la permanencia de funcionarios señalados previamente por graves violaciones de derechos humanos. De acuerdo con el informe, al menos 19 funcionarios identificados en investigaciones anteriores continúan en cargos relevantes o fueron trasladados a posiciones estratégicas.
El problema, por tanto, trasciende la figura de un gobernante. La advertencia de la ONU apunta a la capacidad de las instituciones para reproducir prácticas represivas incluso después de un cambio en la conducción política.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, resumió Sofía Macher, presidenta de la Misión.
Tortura y detenciones
La persistencia de denuncias de tortura constituye uno de los principales argumentos del informe. La Misión recibió información sobre 64 nuevos casos desde el 3 de enero y documentó denuncias de malos tratos y condiciones degradantes en centros de detención.
Entre los casos señalados aparecen personas sometidas a intubación forzada, confinamiento prolongado en espacios subterráneos y restricciones de alimentos y atención médica. La Misión también estima que entre 300 y 500 personas permanecen detenidas por motivos ideológicos, según información de organizaciones no gubernamentales.
Aunque la mayoría de las detenciones arbitrarias registradas durante los últimos 12 meses ocurrió antes de la captura de Maduro, los expertos identificaron después del 3 de enero un patrón de arrestos de corta duración dirigido a intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
Esto marca otra diferencia relevante: la disminución de las detenciones prolongadas no necesariamente implica el fin de los mecanismos de intimidación. El método puede cambiar mientras permanece la capacidad institucional para ejercer presión sobre quienes cuestionan al poder.
El papel de los colectivos
La ONU también pone el foco sobre los llamados colectivos, grupos civiles armados cuya relación con las estructuras estatales será objeto de un informe específico. Según la Misión, estos grupos no pueden entenderse simplemente como organizaciones marginales, sino como actores vinculados al aparato represivo.
La investigación sostiene que su expansión durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro respondió a una estrategia política y documenta vínculos con instituciones de seguridad, incluida la incorporación de integrantes de estos grupos a la Policía Nacional Bolivariana y la participación de miembros activos o retirados de las fuerzas armadas en esas organizaciones.
El diagnóstico plantea así uno de los principales desafíos para la nueva etapa venezolana: cambiar los nombres y las autoridades no necesariamente modifica las estructuras que permiten la persecución política.
“Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible”, advirtió Macher.
Para la Misión, el reto no se limita a liberar presos o permitir mayores espacios de protesta. El cambio, según su diagnóstico, requiere independencia judicial, investigación de los abusos, sanción de los responsables y reformas que impidan que las prácticas documentadas vuelvan a reproducirse.
La conclusión de la ONU coloca la transición venezolana ante una prueba institucional: determinar si las señales de apertura pueden convertirse en cambios sostenidos o si quedarán limitadas a modificaciones parciales dentro de un aparato estatal que, según los expertos, todavía conserva buena parte de sus mecanismos de represión.