El aumento del salario mínimo sin sustento técnico desbalanceó las cuentas públicas y abrió un faltante multimillonario en el sistema pensional.
Un cálculo desalineado con la realidad económica puso en aprietos las finanzas públicas de Colombia para cerrar el año. Un faltante multimillonario proyectado en el sistema estatal de pensiones encendió las alarmas dentro del Gobierno nacional y el Congreso de la República.
El problema financiero surgió al cruzar las proyecciones presupuestales del Estado con las decisiones laborales adoptadas a finales de 2025. Las cuentas para el pago de las mesadas de los jubilados terminaron desajustadas por decisiones que ignoraron las métricas técnicas.
El Presupuesto General de la Nación para 2026 se diseñó con estimaciones moderadas de inflación y productividad. Los números oficiales contemplaban un ajuste en el salario mínimo con un techo calculado en un 7% para la vigencia actual.
Sin embargo, en diciembre el gobierno de Gustavo Petro decretó un incremento salarial del 23%. Esa diferencia creó una brecha insostenible entre los recursos apropiados para la administración de las mesadas públicas y los compromisos reales que debían saldarse.
Las cifras presentadas ante los legisladores muestran la magnitud del descalce. La entidad encargada del régimen de prima media requiere cerca de 58 billones de pesos para garantizar la cobertura total de los pagos a los jubilados este año.
Proyecciones bajo presión
La ministra del Trabajo, Natalia López, admitió la gravedad del escenario financiero. López aseguró que Colpensiones requiere cerca de $58 billones y hay un déficit para cerrar el año, noviembre y diciembre, de $5 billones.
Ante esta situación, el nuevo Gobierno busca alternativas presupuestales junto al Ministerio de Hacienda. La titular de la cartera laboral insistió en que los recursos de las personas pensionadas son sagrados y que las soluciones financieras son prioritarias para el Gabinete.
Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, responsabilizó a la administración de Petro por aprobar un incremento salarial desfasado de los parámetros técnicos.
Velasco explicó que esos $5 billones han faltado durante todo el año porque el presupuesto nacional aprobado en octubre asumió un incremento salarial máximo del 7%, pero en diciembre se decretó un ajuste del 23%.
El líder gremial calificó esta situación como una consecuencia directa de adoptar medidas salariales por encima de la lógica económica. No obstante, confía en que el Ejecutivo realice los traslados presupuestales requeridos para cubrir el déficit generado antes de fin de año.
En el escenario legislativo, el debate sobre el ahorro pensional coincide con la urgencia de reanimar el mercado de trabajo. El desempleo suma presiones adicionales tras desastres naturales recientes que frenaron la actividad comercial en varias regiones.
Riesgo en el empleo
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó al Ministerio del Trabajo medidas inmediatas para abaratar los trámites de formalización laboral. Igualmente pidió mecanismos flexibles que faciliten la contratación sin deteriorar las garantías mínimas de los trabajadores.
El parlamentario sostuvo que la generación de empleo afronta un panorama complejo tras el terremoto del 10 de agosto. El movimiento telúrico afectó a miles de pequeñas empresas y comercios que aún no logran operar a capacidad completa.
Para contrarrestar la falta de caja, el Ejecutivo contempla un recorte sustancial en los contratos estatales de prestación de servicios. La medida busca prescindir de más de 700.000 vinculaciones temporales firmadas durante la administración anterior, lo cual impactará los indicadores laborales.
A la tensión sobre el sistema pensional general se suman los hallazgos de los organismos de control sobre los fondos especiales del Estado. La Contraloría General de la República detectó irregularidades millonarias en el manejo de los recursos destinados al magisterio.
El órgano fiscalizador identificó pagos por más de $4,4 billones a proveedores de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Dichos desembolsos, realizados en las últimas semanas del gobierno pasado, carecen de soportes verificables.
Rastreo a las cuentas
La Contraloría declaró los hechos como de impacto nacional y trasladó el expediente a su Unidad Anticorrupción. La delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo Díaz, confirmó la revisión de la Fiduprevisora para determinar los eventuales daños al erario.
Los auditores también descubrieron discrepancias en las liquidaciones de contratos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). A esto se suman giros objetados por más de $17.000 millones a empresas de servicios públicos con patrimonios negativos.
Estas anomalías aumentan la lista de inconsistencias detectadas previamente en la vigencia 2025 del Fomag. En esa auditoría se establecieron hallazgos fiscales por $176.795 millones, incluidos pagos indebidos por atenciones médicas que correspondían a los operadores contratados.
El informe fiscal también registró desembolsos injustificados por $5.479 millones en sanciones moratorias y $6.738 millones en intereses. Paralelamente, se detectaron $2.531 millones pagados de forma inoportuna por concepto de cesantías solicitadas por el personal docente.
Una denuncia de la Gerencia Jurídica de Fiduprevisora expuso la liquidación irregular de primas de mitad de año a 1.105 profesores jubilados. Estos desembolsos no cumplían las normas constitucionales vigentes y acentuaron la sangría de las arcas públicas destinadas a la protección social.