El Tribunal señaló inconsistencias como cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios y falta de soportes sobre infraestructura, personal y
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de mantener suspendidos los convenios que sustentan el nuevo modelo de expedición de pasaportes deja al Gobierno ante un doble desafío: acatar la medida cautelar y, al mismo tiempo, garantizar que los ciudadanos continúen recibiendo sus documentos de viaje de manera normal.
En un auto del pasado 16 de septiembre, conocido el jueves 17, el Tribunal negó las solicitudes de aclaración presentadas por la Cancillería, la Imprenta Nacional, la Casa da Moeda de Portugal y el coadyuvante Alonso Morales Salinas. Con ello, mantuvo vigente la suspensión provisional ordenada el 3 de septiembre sobre los convenios que hacen parte del esquema para producir, personalizar, custodiar y distribuir los nuevos pasaportes.
La discusión adquiere relevancia porque las entidades involucradas buscaban saber qué podían hacer mientras permanece congelada la ejecución de esos instrumentos. La Cancillería preguntó, entre otros asuntos, si podía utilizar las libretas que permanecen en inventario y que solo requieren ser personalizadas. La Imprenta Nacional planteó inquietudes sobre la personalización, suministro y distribución de esas existencias, mientras la Casa da Moeda de Portugal pidió precisiones sobre el alcance de la suspensión frente al convenio suscrito directamente con esa entidad.
El Tribunal, sin embargo, consideró que esas solicitudes no pretendían aclarar aspectos confusos de la decisión, sino obtener instrucciones sobre cómo debía actuar la administración. Y allí estableció uno de los puntos centrales del nuevo pronunciamiento: la responsabilidad de diseñar y ejecutar las medidas de contingencia corresponde al Gobierno y no al juez.
“No le compete al juez popular sustituir a la Administración en la dirección, planeación o ejecución de las medidas de contingencia que resulten procedentes”, señaló el despacho.
Esto significa que la decisión judicial no ordena detener la expedición de pasaportes. Por el contrario, la prestación del servicio debe mantenerse de manera continua, regular e ininterrumpida. El Ejecutivo tendrá que determinar, dentro de sus competencias administrativas, contractuales, presupuestales y logísticas, cómo hacerlo sin ejecutar los convenios que permanecen suspendidos.
El punto de fondo está en que la controversia judicial no se limita a un asunto contractual. La acción popular que originó el proceso cuestionó el esquema adoptado por el Gobierno y planteó una posible afectación de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el patrimonio público y la prestación eficiente y oportuna de los servicios.
Al estudiar la medida cautelar, el Tribunal señaló preliminarmente inconsistencias en la información relacionada con la implementación del nuevo modelo. Entre ellas mencionó cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios y falta de soportes suficientes sobre aspectos como infraestructura, personal y avances de la operación.
Pero hay una precisión fundamental: la suspensión provisional no significa que el Tribunal haya determinado de manera definitiva que los convenios son ilegales. La medida es cautelar y se mantiene mientras avanza el proceso y se adopta una decisión sobre el fondo de las pretensiones.
La negativa a aclarar la providencia tampoco reabre ese debate. El Tribunal sostuvo que los argumentos sobre los riesgos para los derechos colectivos y la valoración de las pruebas ya fueron examinados en la decisión inicial y que una solicitud de aclaración no puede convertirse en una nueva oportunidad para discutir el fondo del proceso.
Así, el escenario inmediato queda definido por una separación de responsabilidades. El Tribunal mantiene congelados los instrumentos contractuales cuestionados, mientras el Gobierno debe encontrar las alternativas necesarias para evitar que esa disputa afecte a los usuarios.
El reto para el Ejecutivo es especialmente sensible porque cualquier dificultad en la transición podría traducirse en retrasos o afectaciones para quienes necesitan viajar al exterior. La obligación estatal de garantizar el servicio, por tanto, permanece intacta pese a la suspensión de los convenios.
La controversia continuará en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde deberá establecerse si el esquema cuestionado vulneró los derechos colectivos invocados y cuál será el futuro jurídico del nuevo modelo de pasaportes.
Por ahora, la decisión deja una conclusión concreta: los convenios están suspendidos, pero el servicio de expedición de pasaportes no. La tarea de resolver esa tensión operativa recae ahora sobre la administración.