La decisión, contenida en el Decreto 1368 de 2026, reabre un debate que va mucho más allá de la posibilidad de llevar un arma en la calle.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella cumplió una de sus promesas de campaña y levantó la suspensión general que durante casi una década restringió el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión, contenida en el Decreto 1368 de 2026, reabre un debate que va mucho más allá de la posibilidad de llevar un arma en la calle: ¿la medida puede contribuir a mejorar la seguridad o, por el contrario, aumentar los riesgos de violencia?
La primera precisión es que Colombia no entra en un régimen de porte libre de armas. El decreto mantiene los requisitos, controles y restricciones previstos en el Decreto Ley 2535 de 1993 y conserva el monopolio estatal sobre las armas establecido en la Constitución.
Lo que cambia, principalmente, es la eliminación de la suspensión general que obligaba a quienes tenían un permiso ordinario de porte a solicitar una autorización especial adicional. Con la nueva norma, los permisos de porte que estén vigentes recuperan su eficacia sin necesidad de ese trámite extraordinario.
La medida, por tanto, no significa que cualquier ciudadano pueda comprar un arma y salir a portarla. Para acceder legalmente a un arma siguen existiendo procedimientos y controles, incluidos los relacionados con antecedentes y condiciones psicofísicas.
Además, el levantamiento no cobija los permisos vencidos, suspendidos individualmente, cancelados o revocados. Tampoco aplica cuando el arma haya sido decomisada, exista una prohibición judicial vigente o el documento corresponda únicamente a tenencia y no a porte.
Una política que cambia después de diez años
La suspensión general comenzó en diciembre de 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, como una medida orientada a contribuir a la reducción de la delincuencia. Desde entonces fue prorrogada por las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro.
Ahora, el Gobierno considera que las condiciones justifican regresar al esquema ordinario previsto en la legislación.
Para Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), la decisión no implica una ruptura completa con el régimen existente. “Con la reciente decisión del presidente Abelardo de la Espriella de derogar dicha suspensión, el país retorna al ordenamiento del Decreto Ley 2535 de 1993”, explica.
Sin embargo, el analista advierte que levantar la restricción no significa necesariamente que Colombia vaya a ser un país más seguro. La preocupación central está en los posibles efectos de aumentar la presencia de armas en escenarios cotidianos.
“Tener un arma puede producir una sensación subjetiva de mayor protección, pero eso no significa necesariamente mayor seguridad objetiva”, señala Macías.
El riesgo de más armas
Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, coincide en que el principal interrogante está en los efectos sobre la violencia interpersonal.
Según el experto, la experiencia internacional citada en el debate no permite concluir que una mayor disponibilidad de armas reduzca delitos como hurtos, extorsiones o amenazas. Por el contrario, advierte sobre posibles incrementos de la violencia entre ciudadanos.
El riesgo, en ese escenario, no necesariamente está relacionado con el delincuente que planea un crimen, sino con situaciones que inicialmente no involucran armas: una discusión de tránsito, una riña, una disputa vecinal o un conflicto personal que puede escalar cuando alguno de los involucrados está armado.
Macías resume el dilema al señalar que la medida podría terminar trasladando al ciudadano una responsabilidad que corresponde fundamentalmente al Estado. “No puede ser que cada ciudadano tenga que convertirse en su propio policía”, sostiene.
¿Qué puede pasar con el mercado de armas?
Otro de los puntos de discusión será el efecto sobre el acceso legal a las armas. Aunque el decreto no elimina los controles ni convierte su adquisición en un trámite automático, una mayor posibilidad de obtener permisos de porte podría ampliar el número de armas legalmente autorizadas para circular.
Para sus críticos, esto plantea un desafío adicional: evitar que las armas que ingresen al circuito legal terminen alimentando posteriormente mercados ilícitos mediante robos, desvíos o transferencias ilegales.
Para el Gobierno, en cambio, la medida parte de una premisa distinta: permitir que ciudadanos que cumplan las condiciones legales puedan ejercer el porte bajo los controles establecidos.
En última instancia, el éxito de la decisión dependerá de su impacto real sobre la seguridad. El debate no debería medirse únicamente por cuántos permisos se reactiven, sino por si la medida logra reducir la vulnerabilidad de los ciudadanos sin producir un aumento de la violencia armada.