El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una prueba “experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”.
Colombia vuelve a mirar hacia el cielo en su lucha contra los cultivos de coca. El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio un paso decisivo para reactivar la aspersión aérea, aunque esta vez bajo un esquema experimental y con un herbicida diferente al glifosato. La medida abre un nuevo capítulo en una de las discusiones más controvertidas de la política antidrogas del país.
El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una prueba “experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”, con un máximo de 1.000 hectáreas intervenidas y operaciones durante un periodo que no podrá superar los siete días. La decisión busca producir evidencia técnica antes de determinar si la fumigación aérea puede convertirse nuevamente en una herramienta de alcance nacional.
El cambio más significativo está en el producto. El piloto no utilizará glifosato, sustancia que durante años estuvo en el centro de la controversia por sus posibles efectos ambientales y sobre la salud. En su lugar se empleará Glufosinato de Amonio 200 SL, un herbicida que ya cuenta con autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para la erradicación terrestre y que ahora será evaluado mediante aplicación aérea. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica en la categoría II, correspondiente a sustancias moderadamente peligrosas.
La operación estará a cargo de aeronaves tripuladas de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. La resolución establece restricciones para reducir los riesgos de dispersión: no se podrá fumigar sobre parques naturales, áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas o centros de salud. También quedan excluidos resguardos indígenas y territorios de comunidades afrodescendientes cuando no exista consulta previa.
El lugar exacto del piloto permanece bajo reserva por razones de seguridad. Sin embargo, versiones citadas por el medio apuntan a que podría desarrollarse en Putumayo durante la segunda semana de septiembre. Esta reserva plantea uno de los primeros retos políticos de la estrategia: cómo garantizar que una operación militar y policial de este tipo mantenga controles suficientes y, al mismo tiempo, transparencia frente a las comunidades afectadas.
El Gobierno llega a esta decisión en un escenario complejo. Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas sembradas de coca, mientras la erradicación manual forzosa cayó 54% entre 2023 y 2024. Con estas cifras, la administración sostiene que necesita recuperar herramientas para enfrentar la expansión de los cultivos ilícitos.
Pero el piloto no resolverá por sí mismo el problema de las drogas. La fumigación puede destruir cultivos, pero no necesariamente elimina las causas económicas y sociales que llevan a miles de familias a depender de la economía ilegal. Tampoco garantiza, por sí sola, que las organizaciones narcotraficantes pierdan capacidad de producción y control territorial.
Por eso, el verdadero examen comenzará después de la fumigación. La ANLA y el Instituto Nacional de Salud tendrán hasta 60 días para entregar al Consejo Nacional de Estupefacientes un informe técnico sobre los resultados. Ese documento será determinante para decidir si Colombia avanza hacia un programa nacional o descarta nuevamente la aspersión aérea.
En últimas, el Gobierno no solo está probando un herbicida: está poniendo a prueba un cambio de rumbo en la política antidrogas. El éxito de la estrategia no debería medirse únicamente por las hectáreas destruidas, sino por su capacidad para reducir la producción de coca sin trasladar los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades rurales.
Las próximas semanas, por tanto, serán menos importantes por las hectáreas fumigadas que por la evidencia que deje el experimento. Allí estará la diferencia entre una política basada en resultados y el simple regreso de una herramienta que Colombia ya utilizó durante años.