El primer mes permite identificar el verdadero examen de esta administración: convertir una luna de miel política en resultados sostenibles, especialmente en se
El primer mes de Abelardo De La Espriella en la Presidencia estuvo lejos de la agenda prevista. Un terremoto, una ofensiva de seguridad y un complejo escenario fiscal marcaron el comienzo de una administración que, pese a las dificultades, conserva un respaldo ciudadano superior al 50%.
El primer mes del gobierno de De La Espriella puede leerse como una prueba acelerada de su capacidad para convertir las promesas de campaña en decisiones de Estado. La nueva administración llegó a la Casa de Nariño con un discurso centrado en la seguridad, la reducción del tamaño del Estado y la recuperación de la autoridad, pero a los pocos días tuvo que enfrentar una emergencia nacional que alteró sus prioridades.
El terremoto del 10 de agosto se convirtió en el principal desafío inicial. Según el balance de las autoridades, la tragedia dejó 331 personas fallecidas, más de 466.000 damnificados, 36.336 viviendas destruidas y afectaciones en 498 municipios de 16 departamentos. El costo de la reconstrucción podría alcanzar los $40 billones y prolongarse durante cinco o seis años.
La respuesta del Ejecutivo ha combinado la declaratoria de emergencia económica, subsidios y alivios para los afectados con un llamado al sector privado para participar en la reconstrucción. El Gobierno también anunció recursos para la reactivación de las zonas golpeadas y puso en marcha el llamado “Fondo Milagro”. El reto, sin embargo, no está solamente en movilizar recursos, sino en demostrar que la reconstrucción puede ejecutarse con rapidez, transparencia y presencia efectiva del Estado en las regiones.
Al mismo tiempo, De La Espriella ha procurado mantener intacta una de sus principales banderas políticas: la seguridad. En su primer mes, el Gobierno reportó una ofensiva contra grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico. El Ministerio de Defensa informó 14.914 capturas, 23 cabecillas neutralizados, 49,3 toneladas de estupefacientes incautadas, 1.320 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas y 1.485 armas de fuego decomisadas.
El balance oficial también reportó reducciones en varios delitos de alto impacto frente al mismo periodo de 2022: los secuestros habrían disminuido 25%, las denuncias por extorsión 46% y el hurto a personas 49%. Las masacres pasaron de 14 a seis, una reducción del 57%.
Pero aquí aparece uno de los mayores interrogantes para el nuevo gobierno: las cifras operativas deben convertirse en una percepción sostenida de seguridad. Capturas, incautaciones y bajas de cabecillas son indicadores relevantes, pero la legitimidad de una política de seguridad se juega también en la capacidad de reducir el miedo cotidiano de los ciudadanos y recuperar el control territorial.
Esa política supone, además, un giro frente al modelo de negociación con grupos armados. El Gobierno considera agotada esa vía y ha cancelado varias mesas de diálogo, mientras prepara un estatuto antiterrorista con mayores herramientas jurídicas y de inteligencia.
El tercer frente es quizás el más difícil de resolver: las finanzas públicas. La administración presentó un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, el más alto de la historia. Hacienda sostiene que la cifra responde, en parte, a obligaciones que no habrían quedado plenamente financiadas por la administración anterior.
El problema político es evidente. El Gobierno promete austeridad y ha planteado reducir el tamaño del Estado, pero simultáneamente necesita recursos extraordinarios para atender la reconstrucción y cubrir obligaciones fiscales. De hecho, el debate presupuestal ya generó inquietudes en los mercados y un repunte temporal del riesgo país.
A pesar de este panorama, De La Espriella llega al final de su primer mes con un activo político importante. Una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg encontró que 54% de los colombianos tiene una imagen positiva del mandatario y 51,8% aprueba su desempeño. El 52,8% calificó al Gobierno como excelente o bueno.
Ese respaldo, sin embargo, no debe confundirse con un cheque en blanco. La misma encuesta muestra que la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico y la situación del sistema de salud figuran entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Es decir, buena parte de la popularidad inicial está asociada precisamente a los problemas que el Gobierno deberá resolver.
Después de 30 días, la conclusión es clara: el gobierno de De La Espriella comenzó bajo circunstancias excepcionales, pero también con una oportunidad política excepcional. Tiene respaldo ciudadano, una agenda de seguridad definida y un discurso de transformación del Estado. Ahora deberá demostrar que puede financiar la reconstrucción sin perder el control fiscal, combatir a las organizaciones criminales sin reducir la política de seguridad a resultados militares y cumplir sus promesas de austeridad mientras aumenta la demanda de recursos públicos.