El uso de los excedentes del Fonpet abre debate político, mientras el Gobierno desmonta los límites a las inversiones de las administradoras de fondos.
El debate pensional en Colombia tomó un nuevo giro tras decisiones recientes de la administración nacional. Las medidas generaron intensas discusiones políticas sobre la administración y el destino final de los recursos acumulados por los trabajadores.
La polémica aumentó por acusaciones de sectores opositores que señalaron al Gobierno de buscar la expropiación de los ahorros. Sin embargo, los documentos oficiales muestran que las decisiones corresponden a ajustes normativos en el uso y la gestión de capitales.
El primer punto de la discusión se centra en la expedición del Decreto 1383 de 2026. La norma faculta a las administraciones locales para atender emergencias específicas mediante el uso de recursos pensionales regionales.
La medida permite que las entidades territoriales afectadas por el terremoto accedan por una única vez a fondos específicos. Los alcaldes y gobernadores podrán disponer del excedente acumulado en el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (Fonpet) para infraestructura de salud.
La autorización busca financiar la reconstrucción física de los hospitales públicos destruidos por el desastre natural en las zonas impactadas. Esta figura alivia la caja de los municipios sin comprometer los aportes individuales de los ciudadanos.
Jerome Sanabria, vocera de #NoConMiAhorro, aclaró a través de sus redes sociales la diferencia entre este mecanismo excepcional y el ahorro de los trabajadores. La activista política desmintió las acusaciones que catalogaron la iniciativa como una incautación estatal de capitales privados.
“El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) no administra ahorro pensional, no es una AFP y tampoco funciona como Colpensiones”, afirmó Sanabria. La vocera explicó que el dinero de ese fondo no sale del bolsillo de los trabajadores.
Las fuentes de financiamiento del Fonpet provienen directamente de aportes de alcaldías, gobernaciones y transferencias directas de la Nación. Los recursos acumulados corresponden a una reserva institucional creada para completar el pago de pensiones del sector público.
Sanabria recordó que la Ley 1753 de 2015 autoriza destinar excedentes a proyectos de inversión. “No es ilegal ni es inmoral porque se está usando para una causa justa como el terremoto”, enfatizó Sanabria.
El articulado destina un rubro cercano al 1 billón de pesos para atender las exigencias inmediatas dejadas por la emergencia sísmica. La medida evita que tales excedentes presupuestales queden como caja menor a disposición discrecional de los mandatarios regionales.
“Lo que sí es expropiación es quedarse con el ahorro individual de millones de colombianos”, concluyó Sanabria. También diferenció los ajustes temporales del Fonpet frente a las reformas estructurales que afectan las cuentas personales de jubilación.
El giro en las inversiones externas
En paralelo a esta medida regional, el Ejecutivo tomó una decisión determinante sobre la inversión internacional de las administradoras. El gobierno de Abelardo de la Espriella modificó la reglamentación aplicable a los portafolios en el extranjero.
El Gobierno echó para atrás la norma que obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a traer de vuelta los capitales invertidos afuera. La nueva reglamentación suspende el Decreto 369 de 2026, evitando la repatriación obligatoria de aproximadamente 125 billones de pesos.
El marco normativo anterior imponía un techo del 30% para las inversiones internacionales y obligaba a traer esa masa de capitales para financiar proyectos internos. Las entidades advertían que el mercado local no tenía capacidad para absorber semejante monto de liquidez sin distorsionar el sistema.
Con la suspensión aprobada, las administradoras privadas recuperan la libertad para mantener e invertir sus portafolios en activos globales. La decisión responde a las advertencias sobre el riesgo de concentrar todo el capital en títulos de deuda estatal.
Desde el gremio de las AFP celebraron el desmonte de la restricción para proteger las cuentas de los cotizantes. “Un portafolio que es diversificado siempre podrá dar mayor rentabilidad y bienestar a los trabajadores”, señalaron fuentes de Asofondos.
La concentración excesiva de fondos en el ámbito interno exponía el dinero de los trabajadores a la volatilidad económica local. La estrategia mitiga los riesgos cambiarios y asegura rentabilidades más estables ante choques financieros dentro de la economía.
Por el contrario, la oposición criticó el reversazo normativo argumentando la pérdida de financiamiento para las obras públicas. Los detractores sostienen que los recursos colombianos debían impulsar la reactivación productiva y la generación de empleo interno.
El Ministerio de Hacienda argumentó que la prioridad absoluta debe ser la maximización de las ganancias de los futuros pensionados. La entidad enfatizó que el ahorro individual no debe utilizarse como una herramienta de financiamiento estatal directo.