La propuesta de elevar un 50% el impuesto a la banca desató duras advertencias gremiales sobre el deterioro de la competitividad en Bogotá.
Bogotá enfrenta un debate crítico que compromete su liderazgo económico en el territorio nacional. La propuesta de la Alcaldía de incrementar la tributación empresarial encendió las alarmas entre los principales gremios del sector financiero.
El Proyecto de Acuerdo 724 e 2026 busca elevar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio del 14 al 21 por mil. Este ajuste representa un incremento directo del 50% para las entidades operantes.
La administración distrital pretende recaudar $1,26 billones adicionales cada año mediante este paquete tributario. Los recursos financiarán obras de infraestructura y programas sociales contemplados en el plan de desarrollo de la ciudad.
El sector financiero reaccionó con dureza ante la iniciativa presentada en el Concejo de Bogotá. Los líderes gremiales advierten sobre un posible éxodo masivo de compañías hacia municipios vecinos de la Sabana que ofrecen tarifas notablemente inferiores.
“Bogotá dejará de ser la capital financiera de nuestro país”, afirmó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. El vocero señaló que el alza provocará el traslado de sedes corporativas y aumentará los costos de los servicios bancarios.
La capital concentra la mayor parte de las operaciones bancarias y tecnológicas de Colombia. Sin embargo, la brecha tributaria con municipios cercanos distorsiona la competitividad y distorsiona el mapa de inversión privada en la región central.
Localidades contiguas ofrecen cobros que equivalen a una cuarta parte de la tarifa proyectada para Bogotá. Esta diferencia económica impulsa a las juntas directivas a reubicar sus centros de operaciones administrativas para aliviar la carga fiscal.
El diseño del tributo genera críticas por gravar los ingresos brutos en lugar de las ganancias netas. La estructura fiscal afecta los márgenes de operación de las empresas sin considerar si obtuvieron rentabilidad al cierre del ejercicio.
“El ICA es un impuesto profundamente regresivo porque grava los ingresos y no las utilidades”, afirmó Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech. El dirigente gremial enfatizó el impacto negativo sobre los emprendimientos y la innovación.
Las empresas emergentes del sector tecnológico financiero enfrentan un escenario complejo bajo este esquema. Las firmas deben asumir elevados costos fiscales antes de generar el primer centavo de beneficio operacional dentro del mercado capitalino.
“A dónde se va a ir la inversión en talento, a otras ciudades que sean más competitivas”, agregó Santos. El vocero cuestionó la sostenibilidad de las políticas distritales frente a la atracción de capital humano especializado.
El impacto en los hogares
El incremento en la tarifa del impuesto sobre la actividad bancaria se trasladará al usuario final. Los analistas prevén un encarecimiento generalizado en las tasas de interés para créditos de vivienda, vehículos y libre inversión.
Las pequeñas y medianas empresas sentirán un golpe directo en sus opciones de financiamiento operativo. La menor oferta de crédito a costos razonables frenará los proyectos de expansión y la generación de empleo formal en la ciudad.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de Bogotá defiende la equidad de la medida dentro del presupuesto local. La entidad sostiene que la tarifa efectiva tributaria de los bancos resulta inferior al promedio exigido a otros sectores.
El Gobierno distrital argumenta que ciudades como Barranquilla y Cali aplican cobros superiores al 20 por mil. Según las autoridades locales, estas tarifas elevadas no provocaron la fuga de empresas ni afectaron la recaudación tributaria.
Riesgo para la competitividad
A pesar de las explicaciones oficiales, los analistas insisten en el riesgo de desaceleración productiva. El encarecimiento de la operación financiera desincentiva la creación de nuevas unidades de negocio y debilita la confianza de los inversionistas.
“Todo el que quiera cerrar un negocio financiero en Bogotá va a ver sus costos aumentados”, advirtió Malagón. La pérdida de dinamismo afectará el crecimiento económico general de la capital durante los próximos años de gestión.
El Concejo de Bogotá definirá en los próximos días el futuro de este proyecto tributario. Las distintas bancadas políticas evalúan alternativas para moderar el impacto sobre el tejido empresarial sin comprometer el financiamiento de las obras.
“La Alcaldía tiene que empezar a pensar muy seriamente cuál es el legado que le quiere dejar a sus ciudadanos”, concluyó Santos. La decisión final marcará el rumbo económico de Bogotá como centro de negocios regional.
La encrucijada fiscal de Bogotá deja al descubierto el frágil equilibrio entre la necesidad de recursos públicos y la preservación de la inversión privada. El desenlace de este pulso tributario sentará un precedente sobre la competitividad de las grandes urbes.