El planteamiento De La Espriella busca trasladar parte de la discusión sobre seguridad desde las cifras nacionales de criminalidad hacia la recuperación cotidia
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca convertir la seguridad urbana en uno de los ejes de su relación con alcaldes y gobernadores. Durante el Encuentro de Alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instalado en Bogotá, el mandatario planteó una estrategia que combina mayor capacidad de la Fuerza Pública, inteligencia, tecnología, justicia y, especialmente, coordinación con las autoridades territoriales.
De La Espriella insistió en que la seguridad “no es un asunto accesorio a la administración pública”, sino una condición para garantizar la libertad de los ciudadanos. Bajo esa premisa, sostuvo que el Estado tiene la obligación de recuperar los espacios que sean ocupados por el crimen y advirtió que no basta con aumentar el pie de fuerza si no existen gobiernos locales capaces de identificar los problemas y actuar sobre ellos.
El planteamiento marca una de las principales apuestas de su administración: trasladar parte de la discusión sobre seguridad desde las cifras nacionales de criminalidad hacia la recuperación cotidiana de los barrios, las calles y las zonas comerciales. Para el Presidente, cuando la delincuencia se apodera de un territorio, el problema no se limita al aumento de los delitos, sino que también provoca el retiro de los ciudadanos de los espacios públicos y termina consolidando el control criminal.
“Caminar por una calle sin miedo, abrir un negocio sin tener que pagar extorsión, tomar el transporte público con tranquilidad” son, según el mandatario, expresiones concretas de lo que debe significar la seguridad ciudadana. En esa visión, la recuperación de la confianza de los ciudadanos se convierte en un indicador tan importante como las estadísticas de homicidios, hurtos o extorsiones.
El discurso también estuvo marcado por una postura de confrontación frente a los grupos armados ilegales. De La Espriella cuestionó la que calificó como una actitud complaciente del gobierno anterior y rechazó la normalización del delito. Reiteró, además, que su administración no negociará con el terrorismo y que utilizará la capacidad de la Fuerza Pública y las herramientas que le otorga la Constitución para enfrentar a las organizaciones criminales.
“Por la razón o por la fuerza”, afirmó el Presidente al referirse a su compromiso de devolver la seguridad al país. Su promesa es ambiciosa: entregar, al término de su mandato, una Colombia distinta, en la que la autoridad del Estado tenga presencia efectiva en los territorios y las familias puedan vivir sin miedo.
Sin embargo, el mensaje dirigido a los alcaldes también introduce otro componente: la seguridad no será abordada de manera aislada. El Gobierno pretende que la Nación y las administraciones locales trabajen de manera conjunta, respetando sus competencias y definiendo las soluciones a partir de las necesidades de cada territorio.
Esa misma lógica la extendió a problemas como la movilidad y la infraestructura. El Presidente defendió que los grandes proyectos trasciendan los periodos de gobierno y puso como ejemplo el Metro de Bogotá, al reconocer al alcalde Carlos Fernando Galán por mantener su desarrollo. En ese contexto, anunció el respaldo del Gobierno a la culminación de la primera línea y a la continuidad de las líneas 2 y 3, además de proyectar una futura línea 4.
El mensaje de fondo es que las soluciones urbanas, según el Gobierno, no pueden continuar diseñándose exclusivamente desde Bogotá. “Las soluciones urbanas no pueden ni deben diseñarse desde el centro del país”, afirmó, al plantear una relación más directa entre la Nación, alcaldes, gobernadores y la banca multilateral.
La apuesta incluye reducir trámites burocráticos para facilitar el acceso de las regiones a financiación y asistencia técnica. Así, seguridad, movilidad e infraestructura aparecen como parte de una misma estrategia: fortalecer las capacidades locales para anticiparse a los problemas.
El reto para el Gobierno será convertir este discurso de coordinación territorial en resultados visibles. La promesa presidencial es construir ciudades con calles seguras, transporte eficiente, infraestructura adecuada y autoridades capaces de responder antes de que los problemas se conviertan en crisis. En los próximos años, esa capacidad de articular al Gobierno Nacional con los mandatarios locales será determinante para medir si la estrategia logra pasar del discurso a una transformación efectiva de las ciudades.