El peso que las afinidades políticas parecen tener a la hora de definir quién puede llegar o permanecer en determinadas posiciones.
Apenas han transcurrido unas semanas desde la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño y los nombramientos ya se convirtieron en uno de los primeros frentes de controversia de su administración. Vetos, designaciones reversadas y funcionarios que han tenido que abandonar sus cargos comienzan a revelar una característica del nuevo Gobierno: el peso que las afinidades políticas parecen tener a la hora de definir quién puede llegar o permanecer en determinadas posiciones.
Uno de los episodios más recientes ocurrió alrededor de Carolina Soto, exdirectora del Banco de la República. Su designación como nueva cabeza de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en reemplazo de María Consuelo Araújo, generó reparos desde el Gobierno, hasta el punto de que la economista terminó declinando el cargo.
El episodio llamó la atención porque puso de manifiesto hasta dónde puede llegar la influencia del Ejecutivo sobre decisiones que corresponden formalmente a organizaciones privadas. La molestia del Gobierno habría estado relacionada, entre otros aspectos, con los vínculos políticos de Soto y su esposo, el exministro Alejandro Gaviria, quien hizo parte del gobierno de Gustavo Petro.
La situación recordó el pulso que el expresidente Petro sostuvo con la Federación Nacional de Cafeteros cuando cuestionó la llegada de Germán Bahamón a la gerencia del gremio. La diferencia, sin embargo, estuvo en el desenlace: mientras los cafeteros mantuvieron su decisión, en el caso de Soto la presión terminó acompañada de su renuncia al cargo antes de asumirlo.
El caso de la Cámara de Comercio de Bogotá plantea otro escenario. El Gobierno estaría interesado en que María Paula Correa, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, llegue a la dirección de uno de los principales gremios empresariales del país. El encuentro que sostuvo recientemente con el Presidente, antes de la elección, alimentó las versiones sobre el interés del Ejecutivo.
Pero la discusión no se limita a los gremios. Dentro del propio Gobierno se han presentado varios casos de nombramientos que fueron reversados o funcionarios que salieron poco después de ser designados. Uno de ellos es Hannah Escobar, quien había llegado a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y abandonó el cargo días después. Las versiones apuntaron a diferencias previas con De La Espriella.
También quedó por fuera Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, quien era considerado para dirigir el Departamento Nacional de Planeación, pero cuya participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro terminó pesando en su contra. Finalmente, el cargo fue asignado a Julián Buitrago.
El Ministerio de las TIC ha sido otro de los escenarios donde las decisiones han generado ruido. Magda Yolima Amaya Arévalo salió de la Secretaría General pocos días después de su llegada, mientras que Silvana Arbeláez Bateman tampoco permaneció en el ministerio. En ambos casos, sus antecedentes laborales durante el gobierno anterior aparecieron como un factor de controversia.
A esta lista se sumó el reversazo del nombramiento de Andrés Camilo Pardo Jiménez como vicepresidente corporativo de la Agencia Nacional de Infraestructura, también por sus vínculos con funcionarios de la administración Petro.
El patrón que empieza a dibujarse es claro: para este Gobierno, la procedencia política de los funcionarios no parece ser un asunto menor. La administración ha mostrado una particular sensibilidad frente a quienes estuvieron vinculados al gobierno anterior, especialmente cuando ocuparon cargos de responsabilidad o tuvieron posiciones públicas contrarias a las de De La Espriella.
Pero la controversia también se ha movido en la dirección opuesta. Dos nombramientos han despertado cuestionamientos por posibles vínculos familiares o personales con el Presidente. El caso de Yoly Beatriz Illidge Pimienta, designada en la Superintendencia de Notariado y Registro y quien fue su primera esposa, abrió interrogantes sobre eventuales conflictos de interés.
También fue cuestionada la designación del sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella como capellán de la Casa de Nariño y representante del Gobierno en consejos superiores de universidades públicas. La Presidencia negó que exista un vínculo familiar y explicó que su relación con el mandatario ha sido política.
El Gobierno tiene todavía margen para consolidar su modelo de meritocracia, como ha prometido. Sin embargo, los episodios de estas primeras semanas han instalado una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto la experiencia y las capacidades profesionales están prevaleciendo sobre las afinidades, las diferencias políticas o los vínculos personales?
La respuesta será determinante. Los nombramientos son una de las primeras señales de identidad de un gobierno y, en el caso de De La Espriella, las decisiones iniciales sugieren que la depuración política de la administración será tan importante como la búsqueda de perfiles técnicos.