La apuesta del nuevo Gobierno busca erradicar las más de 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
La promesa que Abelardo de la Espriella hizo durante la campaña de reactivar la fumigación aérea de cultivos ilícitos comienza a tomar forma antes de cumplir un mes en la Presidencia. Pero el regreso de las aspersiones no sería con glifosato, como ocurrió durante años en Colombia, sino con glufosinato de amonio, un herbicida que el Gobierno presenta como una alternativa de “última generación” y menos nociva.
La apuesta busca responder a uno de los principales desafíos de la política antidrogas: las más de 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos que el Gobierno pretende erradicar. Según fuentes citadas por Colprensa, ya existe un borrador de resolución que sería presentado ante el Consejo Nacional de Estupefacientes para autorizar el uso aéreo del producto y se estudia un plan piloto en Putumayo dentro de los próximos meses.
El cambio de sustancia, sin embargo, no elimina las preguntas que durante años rodearon la aspersión aérea. Las traslada a un nuevo escenario: ¿qué riesgos tiene el glufosinato de amonio cuando se utiliza desde aeronaves, en concentraciones y condiciones distintas a las de la agricultura comercial?
En Colombia el producto ya está autorizado para determinados usos agrícolas y aparece registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Su utilización terrestre está permitida en cultivos como café, arroz, maíz, banano, algodón, piña y uva. Esto constituye uno de los principales argumentos para quienes defienden la posibilidad de utilizarlo en la lucha contra los cultivos ilícitos.
Pero una autorización para uso agrícola terrestre no equivale automáticamente a una autorización para aspersión aérea. Ese es precisamente uno de los puntos que tendrá que resolver el Gobierno antes de poner en marcha su estrategia.
De acuerdo con el análisis citado de Indepaz, el glufosinato actúa como un herbicida de contacto: seca rápidamente las partes expuestas de la planta y no tiene el mismo comportamiento sistémico del glifosato. Su efecto puede observarse en pocos días, pero tampoco es selectivo, por lo que puede afectar otras especies que entren en contacto con el producto.
Para Camilo González, director de Indepaz, el riesgo aumenta cuando se traslada el producto de la aplicación terrestre a la aspersión aérea. Factores como el viento, la temperatura y la inversión térmica pueden modificar la trayectoria de las partículas y ampliar el área afectada. De ahí las preocupaciones expresadas sobre posibles impactos en fuentes de agua, suelos, animales, polinizadores y comunidades cercanas a las zonas de operación.
El debate sobre los efectos en la salud también está lejos de cerrarse. Aunque el glufosinato está autorizado en Colombia para determinados usos, sus críticos advierten sobre posibles afectaciones neurológicas y sobre riesgos para ojos y piel. La discusión científica sobre sus efectos y la forma segura de aplicarlo será, por tanto, uno de los principales argumentos que deberá resolver el Gobierno antes de convertirlo en herramienta de erradicación aérea.
Pero la mayor dificultad para De la Espriella no será solamente científica. Será jurídica.
La Corte Constitucional, mediante las sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021, estableció condiciones estrictas para la reanudación de la aspersión aérea, después de analizar los riesgos para la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades. El tribunal no estableció una prohibición absoluta, pero sí exigió evidencia científica, mecanismos de evaluación de los impactos y garantías para las comunidades afectadas.
Por eso, sustituir el glifosato por glufosinato no significa automáticamente superar el obstáculo constitucional. El Gobierno tendrá que demostrar que la nueva sustancia y el método de aplicación cumplen las condiciones fijadas por la Corte y que existe evidencia suficiente para sustentar que los riesgos pueden ser controlados.
A esto se suma el componente ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) deberá intervenir en el proceso y será necesario contar con los instrumentos ambientales correspondientes. También deberán cumplirse las obligaciones relacionadas con la consulta previa cuando las operaciones involucren comunidades étnicas.
El Gobierno tiene así varios frentes abiertos: demostrar la eficacia del herbicida, establecer sus riesgos reales en aspersión aérea, obtener las autorizaciones ambientales y cumplir las exigencias constitucionales.
La decisión también tiene una dimensión política. De la Espriella llegó al poder prometiendo una política antidrogas más agresiva y menos tolerante con las organizaciones criminales. Recuperar la fumigación aérea sería una de las señales más contundentes de ese cambio de rumbo.
Sin embargo, el verdadero desafío no será anunciar el regreso de las avionetas, sino demostrar que esta vez el Estado puede erradicar cultivos ilícitos sin trasladar el costo de la lucha contra el narcotráfico a las comunidades y al medio ambiente.
El glufosinato puede ser presentado como una alternativa al glifosato, pero todavía no es una solución automática. Antes de despegar, la propuesta tendrá que superar el examen científico, ambiental y, sobre todo, constitucional.