El balance presentado muestra una ofensiva que combina capturas, operaciones contra estructuras armadas, incautaciones de droga y procesos de extradición.
A menos de un mes de haber asumido la Presidencia, Abelardo de la Espriella ya convirtió la seguridad en la principal carta de presentación de su Gobierno. El mandatario, que durante la campaña hizo del apodo del Tigre una marca política, busca demostrar desde los primeros días que su promesa de recuperar el control territorial no se quedará en el discurso.
El balance presentado por el Gobierno muestra una ofensiva de la Fuerza Pública que combina capturas, operaciones contra estructuras armadas, incautaciones de droga y una aceleración de los procesos de extradición. Las Fuerzas Militares reportaron 702 capturas y 21 presuntos integrantes de grupos armados muertos en operaciones, además de 35 sometimientos a la justicia y la recuperación de más de 30 menores de edad.
A estas cifras se suman las operaciones de la Policía. Al 24 de agosto, la Presidencia reportaba 1.574 capturas y la incautación de 23.642 kilos de estupefacientes, entre ellos 12.296 kilos de cocaína. En un balance posterior, el Presidente elevó el número de capturas a más de 1.700.
El Gobierno también exhibe resultados en la lucha contra el narcotráfico: las Fuerzas Militares reportaron 14,6 toneladas de clorhidrato de cocaína y seis toneladas de marihuana incautadas, además de la destrucción de 11 laboratorios y el desmantelamiento de 103 infraestructuras de procesamiento.
Pero más allá de las cifras, el mensaje político está en los objetivos. El Gobierno ha buscado mostrar que su estrategia apunta directamente a las estructuras de mando de las organizaciones criminales y no únicamente a sus integrantes de menor rango.
Uno de los primeros golpes fue la operación en Guaviare en la que murió alias El Ruso o Alemán, señalado cabecilla de la Estructura 28 de las disidencias de Iván Mordisco. A este resultado se sumaron capturas de integrantes de estructuras como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Bendito Menor
El caso que mejor representa esta política es el de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, muerto durante un operativo en Riohacha junto con su pareja y dos escoltas. Sobre él pesaba una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos y las autoridades lo señalaban de estar relacionado con narcotráfico, extorsión y control criminal en zonas del Caribe.
La reacción presidencial fue contundente. De la Espriella presentó la operación como una demostración de que los jefes criminales que no se sometan a la justicia enfrentarán la fuerza del Estado. Su mensaje, además, profundiza la ruptura con la política de “paz total” del gobierno anterior: para esta administración, la negociación con grupos armados no es el camino para alcanzar la paz.
Extradiciones
La extradición es otro de los indicadores que el Gobierno utiliza para marcar distancia. El Presidente ha firmado 52 resoluciones de extradición. Sin embargo, hay una diferencia que resulta fundamental para leer correctamente el balance: una resolución presidencial no equivale a una entrega. Al 24 de agosto se habían materializado diez extradiciones. El ritmo de las decisiones, en todo caso, evidencia la prioridad que la nueva administración le está dando a la cooperación judicial internacional.
En ese frente también pesa el acercamiento con Estados Unidos y la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas. La cooperación tecnológica y de inteligencia estadounidense ha comenzado a desempeñar un papel relevante en operaciones contra organizaciones narcotraficantes y en la persecución de objetivos de alto valor.
Sin embargo, el desafío para el Gobierno empieza precisamente después de los primeros golpes. Un arranque contundente no necesariamente garantiza una política de seguridad sostenible. Las primeras semanas permiten actuar sobre objetivos previamente identificados, órdenes de captura acumuladas y estructuras que ya estaban bajo seguimiento de inteligencia.
La verdadera prueba llegará cuando esos objetivos comiencen a agotarse. Entonces será necesario demostrar que el Estado puede mantener la presión, anticiparse a la recomposición de las organizaciones criminales y, sobre todo, conservar el control territorial.
Porque capturar o abatir a un cabecilla puede debilitar una estructura, pero no necesariamente elimina el negocio criminal que la sostiene. Si otro grupo ocupa el territorio, controla las rutas, mantiene las rentas ilegales y continúa reclutando jóvenes, el golpe puede convertirse apenas en una pausa.
Ese es el punto sobre el que se medirá la promesa del Tigre. El Gobierno ya ha demostrado que quiere morder fuerte y rápido. Ahora deberá demostrar que puede mantener la presión, impedir que los grupos criminales se reorganicen y convertir los golpes operativos en seguridad permanente para los ciudadanos.