El documento plantea una hoja de ruta para desmontar lo que sus promotores consideran una estructura de censura construida durante 27 años.
La libertad de expresión vuelve a ocupar el centro de la discusión sobre el futuro de Venezuela. No como una reivindicación exclusiva de periodistas o medios de comunicación, sino como una condición indispensable para reconstruir el espacio público y recuperar las garantías de una sociedad democrática.
Ese es el sentido del “Manifiesto por la Libertad de Expresión en Venezuela”, presentado el 1 de septiembre por un frente integrado por 38 medios de comunicación, 63 organizaciones de la sociedad civil y más de 160 personalidades del ámbito periodístico y cultural. El documento plantea una hoja de ruta para desmontar lo que sus promotores consideran una estructura de censura construida durante 27 años.
Más que un pronunciamiento de solidaridad con los periodistas perseguidos, el manifiesto propone cambios concretos. Entre ellos están la derogación de la Ley contra el Odio, la Ley Resorte, la Ley de Fiscalización de ONG, la Ley Simón Bolívar y la Ley Antibloqueo, normas que los firmantes consideran utilizadas para restringir la disidencia y criminalizar el ejercicio informativo.
La propuesta también apunta al corazón del sistema de comunicaciones venezolano: Conatel. Los firmantes reclaman que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones recupere un carácter técnico y autónomo, con mecanismos de control público, en lugar de funcionar como una herramienta de censura desde el poder Ejecutivo.
El planteamiento adquiere especial relevancia en un país donde el acceso a la información también ha sido afectado por el bloqueo de páginas web y plataformas digitales. Por eso, el manifiesto reclama el levantamiento de esas restricciones y plantea que los venezolanos puedan buscar, recibir y difundir información sin temor a represalias.
La discusión tampoco termina en internet. Los promotores reclaman una transformación del sistema de medios públicos, incluido Venezolana de Televisión, para que deje de responder a intereses partidistas y pueda ofrecer información plural. En otras palabras, el debate no es solamente sobre la posibilidad de publicar una noticia, sino sobre quién controla las herramientas mediante las cuales una sociedad se informa.
Hay además una dimensión humana que explica la urgencia de estas demandas. El documento exige el cese del hostigamiento contra periodistas y comunicadores, la liberación de personas detenidas por razones de opinión, la devolución de pasaportes anulados, la restitución de bienes incautados a medios y la revisión de concesiones revocadas. No se trata, por tanto, únicamente de modificar leyes, sino de reparar parte de las consecuencias que esas restricciones han dejado.
El reto, sin embargo, está en transformar un manifiesto en cambios verificables. Venezuela ha acumulado durante años denuncias, pronunciamientos internacionales y llamados a garantizar los derechos fundamentales. El desafío ahora es que las demandas de la sociedad civil encuentren respuestas institucionales y que la libertad de expresión deje de depender de la tolerancia del poder de turno.
El mensaje más importante del documento quizá esté precisamente ahí: la libertad de prensa no puede entenderse como un privilegio de los periodistas. Si un ciudadano no puede preguntar, investigar, criticar o acceder a información diversa sin temor, el problema afecta al conjunto de la sociedad.
Por eso, el manifiesto plantea una discusión que trasciende al periodismo. Una democracia necesita ciudadanos informados para controlar al poder, exigir rendición de cuentas y participar en las decisiones públicas. Sin medios independientes, sin pluralidad y sin acceso libre a la información, cualquier proceso de reconstrucción democrática queda incompleto.
La iniciativa permanece abierta a nuevas adhesiones de organizaciones, redes internacionales y ciudadanos. Su verdadero alcance dependerá de si consigue convertir la presión social en reformas concretas.
Después de años de censura, persecución y restricciones, el desafío venezolano no es solamente volver a permitir que las voces críticas hablen. Es construir las condiciones para que puedan hacerlo sin miedo, sin bloqueos y sin que expresar una opinión vuelva a convertirse en un riesgo.