El Fondo destrabó cerca de 140 millones de dólares. En el mismo comunicado quedó definido el nuevo estatuto del experimento cripto salvadoreño: menos Estado, má
El 3 de septiembre el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un acuerdo a nivel técnico sobre las revisiones segunda y tercera del programa de El Salvador. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, el país recibiría alrededor de 140 millones de dólares (101,96 millones de DEG). Es un tramo del Servicio Ampliado de 40 meses por 1.400 millones aprobado en febrero de 2025.
El comunicado tiene tres contenidos verificables.
Primero, el desempeño. El Fondo señala que la actividad económica superó lo previsto y que los desequilibrios fiscal y externo avanzan conforme a los compromisos del programa. Proyecta que el superávit primario del sector público no financiero pase de 2,9% del PIB en 2026 a 3,7% en 2027, dentro de la meta de llevar la deuda pública al 80% del PIB en 2030.
Segundo, Chivo. La participación pública en la billetera electrónica estatal se redujo de manera sustancial. La propiedad mayoritaria y el control operativo pasaron a un operador privado; el Gobierno conserva una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes.
Tercero, el origen del bitcoin. El Fondo indica que las autoridades entregaron documentación que verifica que la acumulación de bitcoin desde la primera revisión corresponde a donaciones privadas y que no se usaron recursos públicos. El texto agrega que están en curso esfuerzos para mejorar la transparencia de las tenencias distribuidas en distintas billeteras.
Sobre el alcance de la transferencia hay dos lecturas públicas. El país aplicó la fórmula del Fondo —propiedad mayoritaria y control operativo— a los más de 7.763 bitcoines de la reserva estatal, valorados en unos 632 millones de dólares.
El presidente Nayib Bukele respondió el 4 de septiembre en X que lo transferido fueron las acciones de Chivo y no la Reserva Estratégica de Bitcoin, que cifró en 618 millones de dólares. El comunicado del FMI atribuye esa fórmula a la billetera electrónica.
El dato de contexto: la reserva salvadoreña rondaba los 7.762 bitcoines a comienzos de septiembre de 2026, construida con una estrategia de compras diarias. El bitcoin dejó de ser moneda de curso legal en enero de 2025 y su aceptación por comercios pasó a ser voluntaria. El programa fija un techo de cero para compras públicas voluntarias.
El experimento, entonces, no se cerró. Cambió de naturaleza. Pasó de política monetaria estatal a tenencia de activo sujeta a marco regulatorio, con entendimientos adicionales para modernizar la supervisión de activos digitales y la gestión de riesgos del sector público.
La lectura de Acento
Un programa con el Fondo es, ante todo, un sistema de verificación. Lo que El Salvador obtuvo esta semana no fue solo un desembolso: fue una certificación externa sobre el origen de sus activos y sobre el estado de sus cuentas.
Para cualquier país de la región, ese es el punto de aprendizaje. La credibilidad fiscal no se declara. Se documenta, se somete a revisión y se publica.