El país volvió a discutir un asunto grave por el ángulo equivocado. Tras la muerte de tres adolescentes en el bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare
El país volvió a discutir un asunto grave por el ángulo equivocado. Tras la muerte de tres adolescentes en el bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, y la de otro menor semanas antes en el Catatumbo, la conversación se concentró en si el Estado debe o no ejecutar operaciones aéreas. La pregunta correcta es otra, y es incómoda: quién puso a esos niños allí.
La respuesta no admite matices. Los pusieron las disidencias. Los pusieron estructuras que reclutan menores porque saben exactamente lo que hacen: convertir a un niño en combatiente y, de paso, en blindaje. La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre 2024 y el 31 de julio de 2026. Ese es el crimen originario. Todo lo demás es consecuencia.
La medida provisional del Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordena suspender las operaciones aéreas ofensivas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores, salvo que no haya una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar. En el papel suena impecable. En el terreno tiene un efecto distinto: le entrega al grupo armado una herramienta de defensa que no le cuesta nada y que puede activar cuando quiera. Basta con llevar niños al campamento. El escudo humano deja de ser un delito y empieza a funcionar como una póliza.
Ese es el punto que el ministro Rodrigo Lara señaló al anunciar la apelación, y tiene razón en la lógica del incentivo. Un estándar tan abierto, en un conflicto donde el reclutamiento es sistemático, no protege a los niños: encarece protegerlos. Y aquí conviene decirlo sin rodeos: nadie está reivindicando bombardear menores. Se está discutiendo si el Estado conserva la capacidad de perseguir a quienes los secuestran.
Pero el Gobierno tampoco puede quedarse en el reclamo. Si el juez exige acreditar que no había alternativa menos lesiva, entonces hay que financiar esa alternativa. Inteligencia humana y técnica más fina antes del objetivo. Capacidad real de rescate y extracción. Unidades terrestres con movilidad para copar territorios que hoy solo se alcanzan desde el aire. Protocolos verificables que resistan el escrutinio judicial en vez de improvisarse después del hecho. Reclamar herramientas y no construirlas es media discusión.
Y falta la mitad más importante. Nadie recluta a un niño que tiene escuela, comida, entrenador, oficio y futuro. Mientras el reclutador sea la única presencia del Estado —porque eso es lo que es, una autoridad sustituta— seguiremos discutiendo bombardeos en lugar de discutir el país que los hace inevitables.
Los operativos no son el problema. Son el síntoma de un problema que llevamos décadas administrando en vez de resolver.