Las aseguradoras aceleran los pagos tras el terremoto, pero la brecha frente a las reclamaciones evidencia el desafío de financiar la recuperación.
Tres semanas después del terremoto del 10 de agosto, el sector asegurador colombiano enfrenta una segunda etapa del desastre: convertir miles de reclamaciones en indemnizaciones que ayuden a financiar la recuperación de hogares, comercios y empresas afectadas.
Con corte al 28 de agosto, las compañías habían pagado $42.992 millones por los siniestros asociados al sismo, frente a $11.104 millones reportados en el balance anterior. En pocos días, los desembolsos aumentaron $31.887 millones, un crecimiento del 287%, según cifras de Fasecolda.
El monto pagado, sin embargo, todavía representa una pequeña parte de los daños reclamados. Las aseguradoras han recibido 66.370 avisos de siniestro, con un valor estimado de $2,71 billones. La diferencia muestra la magnitud del proceso que permanece pendiente.
La cifra de $2,71 billones no equivale a obligaciones que deban pagarse de inmediato. Se trata de una estimación que deberá ajustarse a medida que avancen las inspecciones, se verifiquen las coberturas, se valoren los daños y se determinen las indemnizaciones correspondientes.
El reto también es logístico. Las reclamaciones están distribuidas en 409 municipios de 30 departamentos, lo que obliga a movilizar ajustadores, técnicos y personal especializado para atender viviendas, establecimientos comerciales y otros bienes afectados.
Valle del Cauca concentra la mayor cantidad de reclamaciones, con 27.101 casos. Allí se habían pagado $24.590 millones, frente a obligaciones estimadas en $1,03 billones. Risaralda, con 14.457 siniestros, acumulaba $12.172 millones pagados y cerca de $999.000 millones estimados.
La velocidad será determinante
La respuesta del sector tendrá una dimensión económica. Una indemnización permite reparar una vivienda, recuperar un negocio, comprar materiales o reemplazar bienes perdidos, de modo que los recursos del seguro también pueden contribuir a reactivar actividades productivas.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, señaló que la prioridad en esta etapa es no solo cuantificar los daños, sino inyectar liquidez a los afectados. Según el dirigente, cada indemnización puede convertirse en materiales de construcción y reactivación económica.
El terremoto, por tanto, representa una prueba para las aseguradoras. El desafío será cerrar la brecha entre reclamaciones y pagos con rapidez, pero sin sacrificar la rigurosidad necesaria para determinar daños y coberturas.