El debate por $640 billones pone al descubierto una realidad incómoda. El Estado tiene cada vez menos espacio para gastar y más obligaciones por pagar.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 llega al Congreso con $640 billones y una advertencia. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que Colombia enfrenta su momento fiscal más difícil de la historia reciente.
Gómez pidió respaldo al proyecto y advirtió que rechazarlo podría llevar al país a una crisis económica de grandes proporciones, con un impacto social que tomaría años superar. Su mensaje buscó convertir la discusión presupuestal en una decisión sobre estabilidad y capacidad estatal.
El problema central está en la deuda. El Gobierno reconoce que el servicio aumenta porque Colombia necesita más recursos y paga intereses mayores. Según Gómez, el deterioro fiscal elevó la percepción de riesgo entre prestamistas y encareció el financiamiento público.
El diagnóstico oficial parte de una brecha creciente entre ingresos y gastos. Gómez afirmó que los ingresos no avanzan al ritmo del gasto y que Colombia acumula años sin equilibrio presupuestal, aunque nunca había enfrentado un desbalance como el actual.
El debate no se limita al tamaño del presupuesto. Más de 40 congresistas cuestionaron sus supuestos, la financiación y el endeudamiento. Las críticas provinieron incluso de sectores cercanos al Gobierno, una señal del difícil trámite que tendrá ahora la iniciativa.
Para la senadora Aida Avella, el aumento de la deuda resume una contradicción política. Señaló que el endeudamiento pasaría de $100,4 billones en 2026 a $155,4 billones en 2027, un incremento incompatible, según ella, con el discurso de austeridad.
La representante Cathy Juvinao planteó otra lectura. A su juicio, el debate revela una paradoja: sectores de izquierda ahora reclaman responsabilidad fiscal, mientras el nuevo Gobierno reconoce obligaciones que limitan cualquier recorte significativo del gasto público estatal.
Juvinao también sostuvo que la discusión debería avanzar hacia un nuevo pacto tributario. Su argumento combina dos objetivos que suelen enfrentarse en el debate fiscal: financiar el Estado Social de Derecho y elevar la productividad, competitividad, justicia y equidad nacional.
La senadora Sara Castellanos puso el foco en los $41 billones asociados a la ley de ajuste fiscal. Pidió conocerla antes del 20 de octubre y reclamó que produzca un Estado más austero, pequeño y coherente con las ideas de libertad.
Desde el Pacto Histórico, Johana Osorio cuestionó la coherencia del proyecto. Dijo que resulta difícil hablar de austeridad cuando el presupuesto aumenta cerca de $60 billones y, según su lectura, crecen tanto el endeudamiento como los gastos de funcionamiento público.
Las cuentas que faltan
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal, afirma que buena parte del aumento corresponde a operaciones de deuda, mientras otros incrementos están relacionados con funcionamiento e inversión. Por eso, considera necesario explicar con mayor detalle el origen y tratamiento de esas obligaciones públicas.
Entre los puntos que requieren claridad aparecen las operaciones de canje de deuda realizadas o proyectadas por el Gobierno anterior. El experto señala a Acento que pueden ser mecanismos habituales, pero reclama conocer montos, condiciones y efectos para evaluar mejor sus resultados.
Salazar también cuestiona el costo de la nómina. Según su comparación, la presupuestada por el Gobierno de Abelardo cuesta $4,5 billones más que la de Petro. El problema, advierte, es que las tablas no muestran suficientes cargos adicionales para explicar ese aumento.
Esa diferencia plantea una pregunta sobre la calidad de la información presupuestal. Si el gasto crece sin un aumento equivalente de plazas, el Congreso necesita identificar qué conceptos explican la variación. La transparencia resulta clave cuando se reclama austeridad fiscal.
Sincerar para ajustar
El director del Observatorio encuentra un aspecto favorable en la proyección del recaudo tributario. Al caer frente al tamaño de la actividad económica, el cálculo sería más prudente y reduciría el riesgo de financiar gastos permanentes con ingresos que finalmente no llegan.
Otro cambio consiste en hacer explícitas obligaciones relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Salazar considera positivo registrar los pagos en el momento correspondiente, en lugar de trasladarlos mediante títulos de deuda que acumulan compromisos futuros adicionales.
Esa lógica equivale a ordenar cuentas que antes podían quedar desplazadas entre vigencias. El analista sostiene que transparentar pagos y obligaciones permite conocer mejor el verdadero costo fiscal de las decisiones y evita que una deuda presente parezca desaparecer del presupuesto.
Salazar considera positiva la decisión de buscar una ley de reducción del gasto para 2027. En su lectura, Colombia necesita racionalizar el gasto antes que depender nuevamente de reformas tributarias para cubrir un déficit que ya presiona las finanzas públicas.
El Congreso tendrá que definir ahora si acompaña ese ajuste y bajo qué condiciones. Las comisiones aprobaron audiencias regionales y, por reglamento, deben votar el monto presupuestal el 15 de septiembre, mientras persisten dudas sobre deuda, gasto y reconstrucción.