Los mecanismos de protección judicial asociados a las conversaciones de paz dejan de ser una herramienta para contener a estos grupos.
La política de seguridad del gobierno de Abelardo De La Espriella comienza a marcar una ruptura con uno de los principales pilares de la administración de Gustavo Petro: la “paz total”. La decisión de reactivar las órdenes de captura contra 46 integrantes de estructuras armadas que durante los últimos años estuvieron cobijados por procesos de negociación representa, más que una medida judicial, un cambio en la forma como el Estado pretende relacionarse con los grupos ilegales.
La Fiscalía General, a solicitud de la Presidencia, expidió la Resolución 00263 del primero de septiembre, mediante la cual notificó la reactivación de órdenes contra 27 integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, entre ellos su máximo dirigente, Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, además de otros mandos como Jhon Mechas, Andrey Avendaño y Richard.
La medida también alcanzó a 13 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, entre ellos José Vicente Lesmes, Walter Mendoza, y Geovanny Andrés Rojas, Araña. A ellos se suman seis miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como los Pachenca.
El mensaje político es evidente: los mecanismos de protección judicial asociados a las conversaciones de paz dejan de ser una herramienta para contener a estos grupos y vuelven a operar las órdenes de captura contra sus principales dirigentes.
El giro ocurre, además, en un momento particularmente complejo para la seguridad nacional. En las primeras semanas del nuevo Gobierno, varias estructuras armadas han intensificado sus ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública, especialmente mediante drones, explosivos y hostigamientos.
La violencia ha tenido uno de sus principales focos en Norte de Santander. El carrobomba contra la estación de Policía de Los Patios, el pasado 31 de agosto, dejó un civil muerto y once heridos, entre ellos dos policías. Uno de los uniformados sufrió la amputación de una pierna. Las autoridades señalan inicialmente a cabecillas del frente de guerra Nororiental del ELN como responsables del ataque.
El hecho se suma a una cadena de atentados registrados desde el comienzo del nuevo Gobierno. En Convención, Norte de Santander, el Eln atacó una base militar con drones y lanzó 43 artefactos explosivos. En San Roque, Cesar, otro ataque con drones dejó muerto al subintendente Argemiro Rodelo Canchila.
Cauca también ha sido escenario de ataques. En El Tambo, la Policía fue atacada durante cerca de una hora con drones y ráfagas de fusil, mientras que en El Patía fueron lanzados cilindros bomba contra una instalación militar.
Pailitas, en Cesar, y Norosí, en Bolívar, completan la lista de ataques recientes contra estaciones de la Fuerza Pública.
La coincidencia temporal entre la ofensiva criminal y la decisión de reactivar las órdenes de captura no es menor. Para el Gobierno, los ataques son una respuesta de las organizaciones armadas a la nueva estrategia de seguridad y a las operaciones militares que han permitido golpear a algunos de sus principales mandos.
De La Espriella ha convertido esa confrontación en una bandera política. Tras el atentado de Los Patios aseguró que el Estado no dejará sola a ninguna región y prometió perseguir a quienes atenten contra los ciudadanos hasta capturarlos y desmantelar sus estructuras.
La estrategia supone un cambio de lógica frente al gobierno anterior. Mientras la “paz total” buscaba abrir canales de negociación con diferentes actores armados, la administración actual privilegia la presión militar, la persecución judicial y la cooperación con la Fuerza Pública como instrumentos para recuperar el control territorial.
El Gobierno considera que los procesos de diálogo terminaron fortaleciendo a algunas organizaciones y permitiéndoles ampliar su presencia territorial. Sus críticos, en cambio, tendrán que evaluar si la respuesta exclusivamente coercitiva logra contener la expansión criminal o si puede generar una escalada de violencia en las regiones donde estos grupos mantienen capacidad militar y control sobre economías ilegales.
El desafío, por tanto, no está solamente en capturar o abatir cabecillas. La verdadera prueba será evitar que las estructuras se fragmenten, se reorganicen y sean reemplazadas por otras organizaciones. La experiencia del conflicto colombiano demuestra que la caída de un comandante puede producir un vacío de poder, pero no necesariamente significa el fin de la estructura criminal.
El Gobierno ha escogido el camino de la confrontación y las órdenes de captura son una de sus primeras señales. El tránsito de los “gestores de paz” a los perseguidos por la Fiscalía resume ese cambio de época.