En los primeros meses del año se reportaron 40.668 tutelas, en las cuales Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bogotá y Santander aparecen entre las
La crisis de Nueva EPS dejó de ser únicamente un problema financiero y de prestación de servicios para convertirse también en un asunto de responsabilidades institucionales. La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa a 13 exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, entre ellos el exministro de Salud Guillermo Jaramillo, el exsuperintendente Daniel Quintero y el exinterventor de la entidad Jorge Iván Ospina, con el propósito de establecer si sus actuaciones u omisiones pudieron incidir en el deterioro de la aseguradora más grande del país, con más de 11 millones de afiliados.
El informe de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública plantea que existen elementos para solicitar una investigación disciplinaria. No se trata, por ahora, de una declaración de responsabilidad, sino de abrir la puerta para determinar qué decisiones se tomaron, qué controles se ejercieron y, sobre todo, por qué una intervención estatal que pretendía corregir la situación no habría conseguido los resultados esperados.
El caso adquiere mayor relevancia por la dimensión de la entidad. Cuando una EPS concentra millones de usuarios, cualquier falla administrativa termina teniendo una traducción concreta en la vida de los pacientes: medicamentos que no llegan, citas que se aplazan, especialistas que no aparecen, autorizaciones que se dilatan y órdenes judiciales que no siempre se cumplen.
Las cifras de reclamaciones muestran la magnitud del problema. Solo durante el primer trimestre de 2026, Nueva EPS recibió 216.308 peticiones, quejas y reclamos, más de 72.000 al mes. El crecimiento viene de años atrás: fueron 451.265 solicitudes en 2023, 624.690 en 2024 y 934.926 en 2025.
El dato más preocupante es que una parte importante de esas inconformidades no parece resolverse con la misma velocidad con la que llegan. Según el informe, el 72,1% de las solicitudes presentadas en 2025 habría sido atendido apenas durante 2026. En salud, la demora administrativa puede dejar de ser un inconveniente para convertirse en un riesgo.
La presión también llegó a los despachos judiciales. En los tres primeros meses de 2026 se reportaron 40.668 tutelas contra Nueva EPS. Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bogotá y Santander aparecen entre las regiones con mayor número de acciones. La judicialización de la atención revela así otra dimensión de la crisis: usuarios que terminan recurriendo a un juez para obtener servicios que deberían garantizarse dentro del sistema.
El problema, además, no parece concentrarse en una sola ciudad ni en un episodio aislado. La Procuraduría advierte afectaciones en municipios de 11 departamentos y señala dificultades relacionadas con medicamentos, tratamientos, autorizaciones, atención especializada y disponibilidad de prestadores. También menciona inconsistencias entre los reportes sobre medicamentos entregados, pacientes atendidos y recursos destinados.
Es en este punto donde la discusión sobre los funcionarios cobra importancia. Guillermo Jaramillo deberá explicar las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Salud; Daniel Quintero, las actuaciones relacionadas con la supervisión de la entidad; y Jorge Iván Ospina, las determinaciones tomadas durante su intervención. El análisis disciplinario tendrá que establecer si existieron conductas reprochables y cuál fue su incidencia real.
Hay, sin embargo, una pregunta más amplia que trasciende los nombres propios: ¿qué tan efectiva fue la intervención del Estado? La medida fue presentada como una herramienta para recuperar el funcionamiento de Nueva EPS, pero la Procuraduría advierte que, después de más de dos años, los objetivos que la justificaron no se habrían cumplido y algunos indicadores incluso muestran deterioro.
El expediente, por tanto, no solo pone en discusión la conducta individual de antiguos funcionarios. También obliga a revisar la capacidad del Estado para intervenir una entidad de salud de semejante tamaño, corregir sus problemas y garantizar que los usuarios no terminen pagando las consecuencias de decisiones administrativas.
Para los afiliados, la discusión disciplinaria puede parecer distante frente a una realidad mucho más urgente: conseguir un medicamento, una cita o un tratamiento. Pero precisamente ahí está la dimensión de fondo del caso. Si la intervención no logra traducirse en atención efectiva, la crisis deja de ser exclusivamente contable o administrativa y se convierte en una falla institucional con millones de personas en medio.
La Procuraduría apenas abre una nueva etapa del proceso. Ahora corresponderá determinar responsabilidades con pruebas y no con conclusiones anticipadas. Pero el número creciente de quejas, tutelas y dificultades en la atención deja una señal inequívoca: la crisis de Nueva EPS ya no puede explicarse únicamente por la herencia recibida; también debe responderse por lo que el Estado hizo —o dejó de hacer— para solucionarla.