Este nuevo CNE adquiere especial relevancia porque sus magistrados tendrán en sus manos decisiones que pueden incidir directamente en el tablero político colomb
La elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030 dejó configurado un nuevo mapa de poder dentro de la autoridad encargada de vigilar y regular buena parte de la actividad política y electoral del país. La decisión del Congreso, adoptada en la noche del martes después de una avalancha de más de 100 impedimentos, confirmó además una composición en la que el oficialismo y varios de los partidos tradicionales tendrán una posición mayoritaria.
Más allá de los nombres, la conformación del nuevo CNE adquiere especial relevancia porque sus magistrados tendrán en sus manos decisiones que pueden incidir directamente en el tablero político colombiano. Su primer gran desafío será la organización y vigilancia de las elecciones regionales de octubre de 2027, cuando los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Posteriormente, el organismo tendrá participación en el proceso electoral que conducirá a las presidenciales de 2030.
La importancia de esta elección radica también en que el nuevo tribunal electoral comienza funciones en un momento de alta competencia política. Los partidos ya empiezan a definir sus estrategias territoriales y las elecciones regionales serán el primer gran pulso entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y las diferentes fuerzas que buscan consolidarse de cara a la sucesión presidencial.
Un CNE con experiencia política
La nueva composición tiene una característica evidente: la mayoría de sus integrantes proviene directamente de la política. Varios fueron senadores o representantes a la Cámara, mientras otros ocuparon cargos en el Gobierno, dirigieron partidos o estuvieron vinculados previamente con el propio CNE.
La primera plancha, que concentró la mayoría de los elegidos, quedó integrada por Nubia Estella Martínez, del Centro Democrático y antigua directora de esa colectividad; Silvio Carrasquilla, por el Partido Liberal; Juan Carlos Wills, por el Partido Conservador; Juan Felipe Lemus, por La U; José Antonio Parra, de Salvación Nacional, como candidato respaldado por el Gobierno de De La Espriella, y Plinio Alarcón, de Mira y Centro Democrático.
A ellos se suman dos representantes identificadas con la oposición: Cielo Rusinque, exsuperintendente y exministra durante el Gobierno de Gustavo Petro, y Ana Jimena Bautista, dirigente del Pacto Histórico. El noveno magistrado será Gersel Luis Pérez, de Cambio Radical, quien obtuvo el respaldo suficiente para quedarse con el último cupo frente al exministro del Interior Guillermo Rivera.
La fotografía política que deja la elección muestra, así, una mayoría conformada por sectores del uribismo, conservatismo, liberalismo, La U y los cristianos, mientras el Pacto Histórico queda con dos representantes. El Gobierno, por su parte, logró introducir directamente a uno de sus candidatos mediante acuerdos con sectores conservadores y representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).
Los impedimentos, la primera sombra
La elección estuvo precedida por más de un centenar de impedimentos, muchos de ellos relacionados con el pasado político de los candidatos. El argumento central era que varios de los aspirantes habían sido congresistas, candidatos en las elecciones anteriores o dirigentes de las mismas organizaciones políticas que ahora deberán ser vigiladas por el CNE.
La mayoría de los impedimentos fueron negados, permitiendo que los candidatos continuaran en la carrera. Sin embargo, el episodio deja abierta una discusión sobre la independencia que debe tener una autoridad electoral cuyos integrantes tienen una trayectoria estrechamente ligada a los partidos.
El debate no es menor. El CNE tiene entre sus funciones la vigilancia de las organizaciones políticas, el control de aspectos relacionados con la financiación electoral, la revisión de actuaciones de candidatos y partidos y la adopción de decisiones que pueden afectar directamente sus intereses.
Por eso, la composición del nuevo organismo será observada con especial atención cuando comiencen a llegar procesos relacionados con las elecciones regionales. La pregunta será si los magistrados podrán separar sus antiguas lealtades políticas de las decisiones institucionales que les correspondan.
El primer examen será 2027
Antes de llegar a las urnas de 2027, el nuevo CNE tendrá que atender asuntos pendientes de la pasada contienda electoral, entre ellos la reposición de gastos de las campañas presidenciales y legislativas y la revisión de solicitudes relacionadas con personerías jurídicas de partidos y movimientos.
Pero el verdadero examen político llegará con las elecciones territoriales. Allí se definirá buena parte del poder regional del país y se pondrá a prueba la capacidad del organismo para garantizar reglas de juego equilibradas.
El reto será mayor porque las elecciones de alcaldes y gobernadores suelen convertirse en escenarios de confrontación entre las estructuras nacionales y los liderazgos locales. Las decisiones del CNE sobre financiación, propaganda, avales, investigaciones y posibles sanciones pueden terminar teniendo efectos directos sobre las posibilidades electorales de partidos y candidatos.
La nueva autoridad electoral tendrá entonces que administrar un equilibrio complejo: ejercer control sobre partidos con los que sus magistrados tuvieron vínculos políticos recientes y, al mismo tiempo, preservar la confianza en el proceso electoral.