Las entidades nacionales cerraron compromisos por $48,14 billones y realizaron pagos acumulados por $60,35 billones, después de superadas las restricciones con
La transición entre el gobierno de Gustavo Petro y la nueva administración quedó bajo el escrutinio de la Contraloría General de la República, luego de que el organismo de control detectara movimientos por más de $64,44 billones durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno. Las cifras y patrones identificados abren un nuevo frente de controversia política y fiscal sobre la manera como se ejecutaron los recursos públicos antes del cambio de mando.
La Contraloría ordenó una investigación de carácter urgente y dispuso visitas de Policía Judicial al Ministerio de Hacienda, la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el propósito de establecer la legalidad, trazabilidad y justificación de las operaciones realizadas entre el 22 de junio y el 28 de julio de 2026.
El dato que concentra la atención es el volumen de recursos ejecutados en un periodo particularmente corto. En esas cinco semanas, las entidades nacionales cerraron compromisos por $48,14 billones y realizaron pagos acumulados por $60,35 billones, después de superadas las restricciones contractuales asociadas a la Ley de Garantías.
El hallazgo no significa, por sí mismo, que exista un detrimento patrimonial o una conducta ilegal. Sin embargo, los patrones detectados por los auditores sí justifican una revisión más profunda: contratos cuyos compromisos fueron pagados prácticamente de inmediato, giros simultáneos a un mismo contratista desde diferentes dependencias, documentos soporte utilizados para justificar pagos diversos y transacciones duplicadas a personas naturales con valores idénticos.
La pregunta de fondo para los organismos de control será determinar si estas situaciones obedecieron a una aceleración legítima de la ejecución presupuestal al final del periodo presidencial o si, por el contrario, hubo fraccionamiento de pagos, anticipos sin respaldo suficiente.
Recursos concentrados en entidades clave
Entre las entidades que aparecen en el radar está la Ungrd, que recibió giros por aproximadamente $7 billones, pese a los cuestionamientos sobre la eficiencia en la utilización de recursos destinados a atender emergencias.
También sobresalen los $6 billones asignados al rubro de gastos generales del Ministerio de Salud y los cerca de $4,33 billones transferidos a patrimonios autónomos administrados por Fiduprevisora.
En este último caso, la Contraloría encontró inconsistencias en 31 informes financieros. Particular atención generó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde la revisoría fiscal señaló dificultades para obtener evidencias suficientes sobre cuentas relacionadas con proveedores de servicios de salud.
La investigación también se extiende a los ministerios de Vivienda y Educación, el Fondo de Inversión para la Paz, el Icbf, Invías y la Uspec. Es decir, no se trata de un episodio aislado en una sola entidad, sino de una revisión amplia sobre la ejecución de recursos públicos durante el cierre del Gobierno anterior.
La ‘Paz Total’, otro frente abierto
El escenario se complica con el informe de aproximadamente 800 páginas de la Contraloría sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la política de ‘Paz Total’ entre 2022 y 2026.
Según la información divulgada por Noticias RCN, el organismo de control estima un posible detrimento patrimonial de $1,16 billones. Uno de los programas señalados es ‘Caminos Comunitarios’, donde se identificaron 71 hallazgos y un posible detrimento de $1.513 millones sobre un rubro auditado de $48.248 millones.
El dato más revelador está en la ejecución: al momento de la auditoría, de cada 100 kilómetros proyectados para intervención, ni siquiera uno había sido reparado exitosamente.
A esto se suma una baja ejecución de los recursos destinados a la política de paz. De los $306.000 millones presupuestados para el último año, apenas $46.000 millones habían llegado a la etapa de obligación, equivalente a cerca del 15%.
Más que una disputa política
Los hallazgos llegan en un momento en que desde sectores políticos se ha hablado de una supuesta “raspada de olla” durante los últimos días del Gobierno Petro, una expresión que ahora adquiere mayor peso político a partir de las cifras reveladas por el organismo fiscalizador.
Sin embargo, la propia Contraloría ha sido cuidadosa: su actuación, según explicó, “no es anticipar responsabilidades”, sino garantizar que los recursos públicos tengan trazabilidad, justificación y soporte.
Ese matiz resulta fundamental. Los $64,44 billones bajo revisión no constituyen automáticamente un “botín” ni prueban por sí solos una apropiación indebida de recursos. Lo que sí evidencian es un volumen excepcional de operaciones financieras concentradas en las semanas finales de un gobierno, con patrones que ameritan ser esclarecidos.
En ese sentido, las investigaciones podrían terminar convirtiéndose en uno de los principales capítulos del balance fiscal de la era Petro. Y, dependiendo de sus resultados, podrían darle sustento —o no— a las denuncias políticas que ya circulaban alrededor del llamado ‘Libro de la Verdad’.