El regreso de oficiales retirados durante el Gobierno Petro, marca el giro de Abelardo en materia de seguridad y abre el debate sobre la politización de la Fuer
El gobierno de Abelardo de la Espriella terminó de sellar esta semana uno de sus movimientos institucionales más significativos: la renovación de la cúpula de las Fuerzas Militares, que implicó la salida de 26 generales y almirantes y el regreso al servicio activo de oficiales que habían sido retirados durante el gobierno de Gustavo Petro.
El acto de juramento, realizado el pasado miércoles 26 de agosto, no fue solamente un relevo protocolario. La composición de la nueva cúpula revela la intención del nuevo Gobierno de imprimirle un sello propio a las Fuerzas Militares, en un momento en que la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda presidencial.
El caso más simbólico es el del general Erik Rodríguez, designado comandante general de las Fuerzas Militares.
Rodríguez había salido del servicio en junio pasado, en medio de controversias relacionadas con unas declaraciones sobre presuntas presiones de grupos armados durante las elecciones presidenciales y de una investigación por un caso de corrupción, según las explicaciones entregadas entonces por el Ministerio de Defensa.
Su regreso tiene, por tanto, una carga política evidente. Durante la campaña, De La Espriella había prometido revisar los retiros de militares que, a su juicio, habían sido apartados por razones políticas o ideológicas. Ahora, uno de esos oficiales vuelve a ocupar el cargo de mayor jerarquía de las Fuerzas Militares.
La nueva cúpula también incorpora al general Óscar Leonel Murillo, quien asumirá la Escuela Superior de Guerra y había salido durante el Gobierno Petro, y al general Carlos Carrasquilla, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Este último había generado controversia tras denunciar presuntas presiones de grupos armados sobre comunidades de Meta y Guaviare.
Una renovación con alto costo institucional
Aunque los cambios de cúpula son habituales cuando llega un nuevo presidente, la magnitud del relevo plantea preguntas sobre la continuidad de las carreras militares. La salida de los 26 generales y almirantes no responde exclusivamente a una decisión discrecional: en las Fuerzas Militares opera una estricta lógica de antigüedad y, cuando ascienden oficiales para ocupar los cargos superiores, otros deben pasar a retiro.
Sin embargo, el regreso de oficiales retirados introduce un elemento distinto.
El general retirado Guillermo León, presidente de Acore, advierte que este tipo de decisiones puede afectar la confianza y las expectativas de los uniformados activos. La preocupación es que los oficiales puedan interpretar que el ascenso dentro de la institución depende menos de su trayectoria y resultados y más de su cercanía con el poder político.
Ese riesgo resulta especialmente relevante en una institución que constitucionalmente debe mantenerse al margen de la disputa partidista. Si los militares perciben que para llegar a los máximos cargos necesitan contar con un respaldo político, se puede alterar una de las bases de la carrera castrense: la meritocracia y la antigüedad.
El sociólogo Hugo Acero ha señalado que esta tendencia no comenzó con Petro y que existen antecedentes desde el gobierno de Álvaro Uribe. La diferencia es que cada administración ha utilizado esta herramienta de acuerdo con su propia visión de la seguridad y de la Fuerza Pública.
El desafío para De La Espriella será, entonces, evitar que la reivindicación de los oficiales retirados termine profundizando precisamente aquello que dice combatir: la politización de las Fuerzas Militares.
Una cúpula alineada con la nueva estrategia
El Ejército quedó bajo el mando del general José Bertulfo Soto, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco. La Armada estará encabezada por el vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero, mientras que la Fuerza Aeroespacial tendrá al mayor general Alfonso Lozano Ariza como comandante.
El perfil de los nuevos mandos muestra una apuesta por oficiales con experiencia operacional y en conducción de tropas, una característica coherente con el discurso del nuevo Gobierno, que ha prometido fortalecer la autoridad del Estado y combatir frontalmente a las organizaciones armadas y criminales.
El mensaje también se extiende a la Policía. Bajo el mando del general Jesús Alejandro Barrera, la institución puso en marcha una nueva estructura de comandantes para fortalecer los llamados Bloques de Seguridad Urbana y concentrar esfuerzos contra delitos como el hurto, la extorsión y el crimen organizado.
Las principales ciudades tendrán nuevos responsables: Bogotá continuará bajo el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano; Barranquilla estará a cargo de la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro; Bucaramanga tendrá al brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez; y Cúcuta quedará bajo el mando del coronel Pedro José Saavedra Pinzón.
El Gobierno de De La Espriella busca construir una Fuerza Pública más alineada con su concepción de seguridad y autoridad. El cambio de 26 generales y almirantes demuestra que pretende hacerlo desde la propia estructura de mando.
Pero el éxito de la estrategia no se medirá por cuántos oficiales sean retirados o reincorporados, sino por los resultados operacionales y por la capacidad de preservar la institucionalidad.