El mandatario anunció el desmonte de esa estrategia y confirmó la reactivación de las extradiciones de cinco jefes de organizaciones criminales.
El gobierno de Abelardo de la Espriella marcó una ruptura definitiva con una de las principales apuestas de la administración de Gustavo Petro: la llamada ‘Paz Total’. Desde el Palacio de San Carlos, el mandatario anunció el desmonte de esa estrategia y confirmó la reactivación de las extradiciones de cinco jefes de organizaciones criminales que habían obtenido la suspensión de sus entregas a Estados Unidos mientras participaban, o eran considerados parte, de procesos de diálogo con el Gobierno anterior.
La decisión representa más que un cambio administrativo. Es una señal política sobre el rumbo que tendrá la seguridad durante el nuevo mandato: mientras Petro apostó por ampliar los canales de negociación con grupos armados y organizaciones criminales, De La Espriella plantea que cualquier acercamiento con el Estado deberá estar acompañado de hechos verificables y no podrá convertirse en una herramienta para aplazar o evitar la acción de la justicia.
“La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental”, sostuvo el presidente, al cuestionar que durante el Gobierno anterior estructuras ilegales hubieran obtenido beneficios asociados a los procesos de diálogo sin demostrar, según las verificaciones realizadas por su administración, resultados concretos en favor de la paz.
El giro tiene como protagonistas a Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; Geovanni Andrés Rojas, alias Araña; Gabriel Yepes Mejía, alias H.H., y Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho.
Tres de ellos están capturados y su extradición fue ordenada de inmediato, mientras que H.H. y Pinocho permanecen prófugos y deberán ser enviados a Estados Unidos una vez sean capturados.
Cinco casos que simbolizan el cambio
Los perfiles de los cinco extraditables muestran la diversidad de estructuras que estuvieron vinculadas a la política de diálogo. El Mocho Olmedo es señalado como segundo cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc y es requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
Araña, jefe de los Comandos de la Frontera, también es solicitado por la justicia estadounidense por delitos como narcotráfico y narcoterrorismo. La acusación lo relaciona con el tráfico de cocaína desde Putumayo hacia otros países.
Los hermanos Carmen Evelio y Freddy Castillo, conocidos como Muñeca y Pinocho, representan otro de los capítulos de la decisión. Ambos están relacionados con Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Muñeca fue capturado en 2024, mientras que Pinocho permanece en la clandestinidad.
El quinto caso es el de H.H., comandante de Comuneros del Sur, estructura que se separó del Eln y opera en Nariño. Yepes Mejía fue condenado en 2025 a 58 años y seis meses de prisión por el asesinato de tres firmantes de paz y continúa prófugo.
¿Qué cambia frente a Petro?
Durante la administración anterior, la suspensión de algunas extradiciones estuvo ligada a la posibilidad de que los requeridos contribuyeran a los procesos de paz. La lógica era utilizar la negociación como mecanismo para conducir a las estructuras armadas hacia la desmovilización o el sometimiento.
El problema político para Petro fue que esa estrategia comenzó a enfrentar cuestionamientos por la falta de resultados visibles y por los señalamientos de que algunos actores armados podían aprovechar los espacios de negociación para fortalecer sus actividades criminales.
De La Espriella parte ahora de una premisa diferente: el diálogo no será una protección frente a la justicia. “Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales, y la paz no será en nuestro Gobierno una patente de corso para delinquir”, afirmó.
Esto no significa que el nuevo Gobierno cierre completamente la puerta a una eventual negociación. El presidente aseguró que quienes demuestren una voluntad auténtica de abandonar la violencia tendrán un espacio dentro de la Constitución y la ley. La diferencia estará en las condiciones: la voluntad deberá traducirse en hechos concretos y verificables.
Un mensaje hacia Estados Unidos
La reactivación de las extradiciones también tiene una lectura internacional. Estados Unidos mantiene una política de persecución contra las redes de narcotráfico que operan desde Colombia y otros países de la región, por lo que la decisión de De La Espriella busca reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen transnacional.
Así, el nuevo Gobierno no solo modifica el tratamiento de los grupos armados dentro de Colombia, sino que busca reposicionar la extradición como una herramienta central de su política contra el narcotráfico.
El reto será demostrar que este giro produce resultados en seguridad y no se limita a convertirse en una ruptura discursiva con Petro. La ‘Paz Total’ queda atrás como estrategia de Estado; ahora De la Espriella deberá demostrar que su fórmula de seguridad, autoridad, sometimiento a la justicia y cooperación internacional puede contener a unas organizaciones criminales que, durante los últimos años, ampliaron su presencia territorial y capacidad económica.
La extradición de estos cinco hombres es, en ese sentido, apenas el primer capítulo de una política que pretende dejar claro que, para el nuevo Gobierno, la negociación no estará por encima de la justicia.