Este oro vuelve a convertirse en una pieza relevante dentro de las negociaciones políticas que buscan atender la emergencia provocada por los terremotos del pas
El acceso a las 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra vuelve a estar sobre la mesa. Sin embargo, su liberación no depende únicamente de una decisión política: requiere resolver la representación legal del Banco Central de Venezuela, cumplir estándares internacionales contra el lavado de dinero y contar, previsiblemente, con el respaldo de Estados Unidos.
El oro venezolano depositado en Inglaterra vuelve a convertirse en una pieza relevante dentro de las negociaciones políticas que buscan atender la emergencia provocada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. El acuerdo alcanzado entre representantes del gobierno interino y la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 contempla promover la recuperación de activos venezolanos en el exterior para financiar programas de vivienda, electricidad, salud y reconstrucción.
Entre esos activos destaca una reserva de aproximadamente 31 toneladas métricas de oro, cuyo valor ronda los 4.000 millones de dólares, además de unos 120 millones de dólares provenientes de la liquidación de un contrato de intercambio de oro entre Deutsche Bank y el Banco Central de Venezuela (BCV).
La pregunta, sin embargo, no es solamente cuánto vale ese oro, sino quién puede disponer legalmente de él y bajo qué condiciones.
El bloqueo tiene su origen en la crisis de reconocimiento internacional que comenzó en 2019. El Reino Unido reconoció entonces a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y, en consecuencia, el Banco de Inglaterra dejó de permitir que las autoridades del BCV controlado por Nicolás Maduro retiraran las reservas. La disputa llegó a los tribunales británicos y durante años enfrentó a las juntas directivas del BCV designadas por Maduro y por el gobierno interino.
Ahora el escenario político es distinto. El gobierno interino dejó de existir en 2023 y Londres tampoco reconoce expresamente al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Esa situación abre un problema jurídico adicional: determinar qué autoridad tiene capacidad para instruir al BCV y, posteriormente, solicitar al Banco de Inglaterra la movilización del oro.
El abogado José Ignacio Hernández plantea que una de las primeras condiciones sería precisamente el reconocimiento legal de las autoridades del BCV designadas por las actuales autoridades interinas venezolanas. Ese reconocimiento podría producirse mediante una comunicación del gobierno británico o a través de actuaciones ante la justicia comercial de Londres.
Pero superar ese obstáculo no bastaría. El segundo gran desafío está relacionado con las reglas internacionales de prevención del lavado de dinero y las sanciones estadounidenses. Cualquier operación con el oro tendría que ofrecer garantías suficientes sobre su legalidad, trazabilidad y destino. Una posibilidad planteada por los expertos es que los recursos obtenidos de una eventual venta sean depositados en cuentas bajo control del Departamento del Tesoro estadounidense.
Aquí aparece un elemento decisivo: Washington puede tener una influencia mayor que la que formalmente tendría Londres sobre el proceso. Estados Unidos podría respaldar tanto a las autoridades que administren el BCV como la operación financiera asociada al oro, ofreciendo garantías sobre el cumplimiento de las sanciones y los mecanismos de transparencia.
El experto en derecho internacional Mariano de Alba advierte, además, que el BCV tendría que demostrar que cuenta con prácticas internas adecuadas para garantizar la transparencia de cualquier movilización de los activos. Esto resulta particularmente importante porque el oro permaneció retenido, entre otras razones, por dudas relacionadas con el cumplimiento de compromisos de prevención del lavado de dinero.
Por ello, el eventual desbloqueo puede entenderse como un proceso de tres llaves: capacidad legal para disponer de los activos, respaldo diplomático estadounidense y legitimidad política para definir su utilización. Ninguna de las tres, por separado, parece suficiente.
El destino de los recursos también será determinante. La propuesta de utilizar el oro para atender a las víctimas de los terremotos introduce un objetivo humanitario que podría facilitar el consenso internacional. Pero para que ese argumento tenga credibilidad será indispensable establecer controles de auditoría, trazabilidad y supervisión sobre cada dólar utilizado.
La experiencia venezolana con activos bloqueados en otros países demuestra que disponer de recursos no significa automáticamente poder utilizarlos. El verdadero desafío será construir un mecanismo que reduzca los riesgos de corrupción, garantice el uso de los fondos para la reconstrucción y satisfaga simultáneamente las exigencias legales británicas y estadounidenses.
Así, el desbloqueo del oro venezolano no parece imposible, pero tampoco inmediato. La posibilidad de concretarlo antes de finalizar 2026 dependerá de que las partes logren resolver el complejo problema de la representación del BCV y, sobre todo, de que Londres y Washington encuentren suficientes garantías para confiar en el destino de los recursos.
Más que una simple operación financiera, el oro depositado en Inglaterra se ha convertido en una prueba de la capacidad de los actores venezolanos para alcanzar acuerdos sobre la administración de bienes nacionales. Su eventual liberación podría aportar recursos significativos para la emergencia, pero también establecer un precedente sobre cómo Venezuela manejará sus activos internacionales en una eventual etapa de reconstrucción.