Testimonios exclusivos revelan cómo exfuncionarios y líderes sindicales inflaron tarifas, presionaron contratos y direccionaron recursos de la salud docente en
El modelo de atención en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) vuelve a afrontar una severa crisis en el oriente de Colombia. Tras las recientes alertas planteadas sobre anomalías administrativas en Norte de Santander, nuevas evidencias e información confidencial obtenida por Acento Colombia confirman que las irregularidades escalarían a toda la Regional 9 —jurisdicción conformada por Santander, Norte de Santander y Arauca— bajo un esquema de sobrecostos, presiones de sectores sindicales y presunta falsedad de representación ante las entidades prestadoras de salud.
De acuerdo con fuentes de alta fidelidad que solicitaron reserva de su identidad por motivos de seguridad, la duplicidad de cargos al interior de las sedes departamentales respondería en principio a la alta carga poblacional de educadores en este sector del país; sin embargo, el verdadero foco de preocupación radicaría en el control tras bambalinas ejercido por exfuncionarios de la regional.
La estructura a la sombra en la Regional 9
Las denuncias apuntan de manera directa a Andrés Hinojosa, quien ejerció como director de la Regional 9 hasta el 20 de junio de 2026. Según los testimonios, pese a haber sido desvinculado del cargo, Hinojosa continuaría presuntamente operando desde la sombra, respaldado por dirigentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), entre ellos presuntamente los directivos Hugo Cárdenas y Cristian Rey.
"Él ha permanecido bajo la sombra haciendo estorbo, molestando y malintencionado a los prestadores", señaló un informante a este medio, indicando que el exfuncionario se presenta presuntamente aún ante clínicas y directivos como representante activo del FOMAG para autorizar tarifas por fuera de los lineamientos fijados por la Fiduprevisora a nivel nacional.
A esto se suma que, con los cambios de personal realizados durante 2026, cerca del 50 % de la nómina del FOMAG en Norte de Santander habría quedado en manos de personas afines a sectores políticos específicos, con compromisos de proselitismo político. Entre las posiciones bajo este acuerdo figuran el Gestor de Referencia, el Profesional de Participación Social, el Gestor SIAU y el Profesional Jurídico. En el caso del Profesional de Participación Social, las fuentes señalan que su función real consistía en presionar a las IPS que no se ajustaban a los requerimientos sindicales, mediante reuniones semanales para forzar la vinculación de personal y atención preferencial.
Tarifas infladas y patrones de contratación irregular
Un expediente en poder de Acento Colombia detalla que una de las mayores anomalías radica en la facturación con tarifas excesivas en programas de alta demanda como 'Más Movilidad'. Un caso concreto trasladado a los entes de control corresponde a la IPS Sinapsis, en Santander, a la cual se le detectó una facturación con sobrecostos del 36 % al 37 % por encima de los topes permitidos. La relación contractual con esta firma fue finalizada en mayo tras la depuración técnica, medida que desencadenó severas amenazas contra la seguridad de los auditores y coordinadores que promovieron su salida.
En Norte de Santander, el panorama de la red prestadora refleja graves inconsistencias técnicas y operativas:
IPS CIDIM (Pamplona): Mantiene un contrato de integralidad de primer nivel de atención sin contar con laboratorio clínico. Trascendió que la vinculación contractual estaría impulsada por presiones ejercidas a través de contactos en la administración del Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
Centro Clínico Integral Tibú y Aranasalud (Sardinata): Conservan contratos bajo la modalidad de cápita de primer nivel a pesar de no reportar información ni cumplir con las actividades pactadas, relegando a la red pública que cuenta con mayor integralidad.
IPS Código Azul: Especializada en atención domiciliaria, fue auditada por una comisión nacional en Bogotá que ordenó trasladar más del 90 % de sus usuarios a otros prestadores. Sin embargo, la institución continuó facturando valores sustancialmente más altos con una cifra menor de pacientes, contando con el aval del coordinador departamental Elkin Abril.
IPS Magreth Ocaña y Proteger Ocaña: Registran renovaciones contractuales forzadas por presiones directas de la subdirectiva sindical de Asinort, a pesar de que algunas de estas entidades ofrecían servicios que ya estaban cubiertos dentro de la cápita de primer nivel.
Documentos de auditoría señalan además que las negociaciones contractuales con prestadores eran realizadas por la coordinación departamental fuera del horario laboral habitual, después de las 6:00 p.m., sin la presencia del gestor de red ni de personal técnico de la entidad.
Acciones de los entes de control y reestructuración
El material probatorio que sustenta estas denuncias —incluyendo reportes financieros de sobrecostos, auditorías internas, registros de chats y testimonios sobre la intermediación de directivos sindicales— ya fue remitido formalmente ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes.
Mientras tanto, en el marco de las directrices del Gobierno Nacional liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, la Fiduprevisora avanza en la reestructuración de los equipos departamentales, confirmándose la salida de Elkin Abril de la coordinación de Norte de Santander. Frente a esto, sectores técnicos del FOMAG han hecho un llamado urgente para blindar institucionalmente los canales de contratación e impedir que redes paralelas y exfuncionarios continúen interfiriendo en la destinación de los recursos sagrados de la salud de los docentes colombianos.