El reto para De La Espriella será demostrar que esa depuración responde a criterios verificables de idoneidad, transparencia y confianza institucional.
El arranque del Gobierno de Abelardo De la Espriella está dejando una señal política clara: la ruptura con la administración de Gustavo Petro no se limita al discurso ni a las denuncias sobre su gestión, sino que también empieza a definir quiénes pueden ocupar cargos en el nuevo Ejecutivo.
Al menos cuatro nombramientos fueron reversados, frenados o terminaron en renuncia luego de que se revisaran los antecedentes y la trayectoria de sus protagonistas. La instrucción presidencial habría sido examinar con especial cuidado las hojas de vida, los vínculos laborales y la participación de los candidatos en el anterior gobierno.
El caso más llamativo es el de Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, quien había sido escogido inicialmente para dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Sepúlveda participó como coordinador en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, una de las principales apuestas de la administración Petro. Su experiencia técnica no fue públicamente cuestionada, pero su participación en ese proceso terminó convirtiéndose en un factor de resistencia dentro del nuevo Gobierno. Finalmente, fue reemplazado por Julián Buitrago.
En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) se presentaron otros dos episodios. Magda Yolima Amaya Arévalo alcanzó a asumir como secretaria general el 12 de agosto, pero renunció apenas tres días después. Antes había trabajado en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa durante el gobierno anterior. También fue frenado el nombramiento de Silvana Beatriz Arbeláez Bateman como asesora, luego de que se conociera su paso por distintas entidades relacionadas con el sector de las TIC durante la administración Petro.
El cuarto caso corresponde a Andrés Camilo Pardo Jiménez, designado como vicepresidente corporativo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Permaneció pocos días en el cargo antes de renunciar, después de que trascendiera su cercanía con figuras del anterior Gobierno, entre ellas el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
Aunque las comunicaciones oficiales no atribuyeron expresamente todas estas salidas a los vínculos con Petro, el patrón resulta políticamente significativo. El nuevo Ejecutivo parece estar utilizando la revisión de antecedentes como una herramienta para construir una frontera entre su administración y la anterior.
La decisión tiene una doble lectura. Por un lado, un gobierno tiene derecho a conformar un equipo que comparta sus prioridades y a evaluar la experiencia de quienes ocuparán posiciones estratégicas. Pero, por otro, convertir la pertenencia o colaboración con una administración anterior en un criterio determinante puede alimentar una lógica de exclusión política que termine sacrificando experiencia técnica y continuidad institucional.
Ese dilema adquiere mayor relevancia porque el Gobierno de De La Espriella ha acompañado su llegada al poder con una ofensiva política contra la administración Petro. La presentación del denominado “Libro blanco”, con hallazgos que el Ejecutivo atribuye al gobierno anterior y que fueron remitidos a organismos de control y a la Fiscalía, refuerza la idea de un mandato que busca diferenciarse de manera tajante de su antecesor.
Los primeros nombramientos muestran, entonces, que la transición de poder no será solamente administrativa. También será una disputa por la memoria reciente del Estado: quiénes pueden continuar, quiénes deben apartarse y hasta qué punto haber trabajado para Petro constituye experiencia profesional o una carga política.
El reto para De La Espriella será demostrar que esa depuración responde a criterios verificables de idoneidad, transparencia y confianza institucional, y no únicamente a una política de revancha. Porque cambiar funcionarios es una decisión de gobierno; garantizar que el Estado conserve a los mejores servidores, independientemente de quién los haya nombrado, es una responsabilidad institucional mucho mayor.