Ocho grupos económicos y el Gobierno pactan en Barranquilla el mayor alivio hipotecario de la historia reciente – Más de $2 billones y una tasa por debajo del E
Los mayores grupos empresariales de Colombia aceptaron reducir al 8 % efectivo anual la tasa de los créditos de vivienda de los afectados por el terremoto del 10 de agosto, durante toda la vida del préstamo. El Banco de la República tiene su tasa de política en 12 %. Es la primera vez que la banca colombiana presta de forma masiva por debajo de la tasa del Emisor.
El presidente Abelardo De La Espriella se reunió este sábado en la sede de la Presidencia en Barranquilla con Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Pidió a los representantes de Grupo Aval, Banco GNB Sudameris y Grupo Bolívar —al que pertenece Davivienda— reducir al 8 % efectivo anual la tasa de los créditos de vivienda de los damnificados, durante toda la vigencia de los préstamos. Aceptaron.
En la misma reunión acordaron viajar juntos al Chocó el 7 de septiembre para diseñar un plan integral de recuperación del departamento donde estuvo el epicentro.
Qué significa el 8 %
La Junta Directiva del Banco de la República mantuvo el 31 de julio su tasa de política monetaria en 12 %, nivel al que llegó tras un alza de 75 puntos básicos el 30 de junio. El crédito hipotecario en pesos rondaba el 13 % efectivo anual a comienzos de 2026, según la Superintendencia Financiera.
Ocho por ciento está cuatro puntos por debajo de la tasa a la que el Emisor le presta a los bancos y cinco por debajo del promedio del mercado. La banca no está recortando su margen: está prestando por debajo de su propio costo de fondeo y asumiendo la diferencia.
Para una familia, la aritmética es concreta. Un crédito de $150 millones a 20 años pasa de una cuota cercana a $1,78 millones al 14 % a una de $1,23 millones al 8 %. En dos décadas, el ahorro supera los $130 millones: casi el valor original del préstamo. (Cálculo de Acento sobre tasa fija en pesos, sin seguros ni costos asociados.)
Y el beneficio no es transitorio. Se mantiene durante toda la vida del crédito, no por un período promocional.
El paquete ya está en marcha
Bancolombia fue la primera entidad en formalizar condiciones. Su tasa de vivienda al 8 % estará disponible desde el 25 de agosto, se mantendrá durante toda la vigencia del crédito y aplicará a vivienda nueva, usada, urbana, rural o remodelaciones, en los segmentos VIP, VIS y No VIS. La entidad estima que beneficiará a cerca de 7.000 familias.
El paquete completo supera los $5 billones e incluye consumo y microcrédito al 10 % y una línea empresarial a IBR + 0, con la meta de acompañar hasta 13.500 compañías afectadas. Juan Carlos Mora —CEO de Grupo Cibest, presidente de Bancolombia y presidente de la junta directiva de Proantioquia, presente en la reunión de Barranquilla— calificó la decisión como una medida “sin precedentes”.
Con la adhesión de Grupo Aval, GNB Sudameris y Grupo Bolívar, el alivio deja de ser la política de un banco y se convierte en la posición del núcleo del sistema financiero colombiano.
A ese frente se suma el gremio. Asobancaria anunció alivios crediticios por $1,1 billones, con períodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros legales, protección del historial crediticio y aplicación de pólizas de seguro bancario. Su presidente, Jonathan Malagón, resumió el propósito: “el crédito barato acorta el camino” entre perderlo todo y volver a tener techo.
La cascada empresarial, sumada
El acuerdo sobre tasas es el capítulo más reciente de una movilización que empezó a las pocas horas del sismo. Acento consolidó, partida por partida, los aportes anunciados públicamente con corte al 22 de agosto:
ProPacífico (Cali, norte del Valle y Buenaventura)
$220.000 millones
Campaña #EmpresasUnidasPorColombia — ANDI
$201.637 millones
Proantioquia (empresas, fundaciones y aliados)
$200.000 millones
Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento
$200.000 millones
Jaime Gilinski y Raquel Kardonski
$150.000 millones
David Vélez y Mariel Reyes
$100.000 millones
Donante bajo reserva
$100.000 millones
Tiendas Ara, BBVA y Glencore
$54.000 millones
Tecnoquímicas
$50.000 millones
Subtotal individualizado
$1,28 billones
Los $100.000 millones de la familia Santo Domingo —Fundación Santo Domingo, Valorem y empresas vinculadas— están incorporados en el recaudo de la campaña de la ANDI, por lo que no se contabilizan por separado. A la lista se suman compañías con aportes superiores a $10.000 millones cada una: Sidoc, Colombina, Carvajal, Fanalca, Celsia, Manuelita, Grupo Diana, Smurfit Westrock, Banco de Occidente, Jaramillo Mora, Colgate y Organización Delima, entre otras. Con ellas, el consolidado de donaciones reportado supera $1,6 billones.
Sumados los alivios financieros de Asobancaria, el total comprometido por el sector privado supera los $2 billones — sin contar los $5 billones en líneas de financiación habilitadas por Bancolombia, que son capacidad de crédito y no donación.
Los recursos de la campaña gremial se administrarán bajo un esquema fiduciario. “Estamos coordinando tener una fiducia”, explicó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, para garantizar vigilancia sobre el uso de los aportes.
La propuesta que viene de Antioquia
Proantioquia no se limitó al aporte económico. Le propuso al Gobierno crear el mecanismo de Reconstrucción por Impuestos (REXI), una figura extraordinaria y transitoria inspirada en Obras por Impuestos, orientada a infraestructura social, vivienda, servicios públicos y conectividad vial y digital en los municipios afectados. La iniciativa hace parte de una propuesta más amplia de Antioquia y Medellín para que el sector privado sea protagonista de la reconstrucción, con un esquema de financiación por $15 billones.
En su carta al Presidente, Proantioquia precisó que los $200.000 millones corresponden a un aporte consolidado de empresas antioqueñas, fundaciones, instituciones afiliadas y aliadas y personas naturales, que suma lo ejecutado en la primera semana de emergencia, la capacidad estimada de sus afiliados y los planes previstos para los próximos años.
La dimensión de la tarea
Con corte al viernes 21 de agosto, las autoridades reportaban 284.185 personas afectadas, 163.884 viviendas averiadas, 31.445 destruidas, 5.726 edificios afectados y 467 colapsados.
Una firma privada contratada por el Gobierno modeló pérdidas físicas directas cercanas a $30 billones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, de los cuales unos $24,5 billones corresponden a edificaciones. Solo en Cali, el alcalde Alejandro Eder calcula que la ciudad necesitará $10 billones: $4 billones para estabilizar la emergencia y $6 billones para reconstrucción y transformación.
El Gobierno declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos por 30 días. El decreto elimina restricciones para acceder a subsidios de vivienda, incluido el requisito de ahorro previo, contempla subsidios de arriendo con medidas contra aumentos especulativos, crea ayudas para nóminas de micro y pequeñas empresas y habilita a las cooperativas para otorgar créditos con tasas subsidiadas y períodos de gracia. A eso se añade el programa de vivienda anunciado desde Barranquilla.
El Presidente pidió al resto del sistema financiero replicar la medida. Sostuvo que la decisión demuestra algo que planteó durante su campaña: “sí es posible bajar las tasas de interés y facilitar el acceso al crédito”.
La cita del 7 de septiembre en el Chocó marcará la siguiente fase. Ya no se trata de atender la emergencia sino de definir cómo se reconstruye —y con qué inversión productiva— el departamento con los peores indicadores sociales del país.