En los tres sectores existen denominadores comunes: decisiones, inversiones y procesos que dejaron al Estado con capacidades insuficientes frente a necesidades
El Libro de la Verdad, presentado por el presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, no solo plantea interrogantes sobre posibles hechos de corrupción. También pone bajo la lupa decisiones de gestión que podrían tener consecuencias durante los próximos años.
Entre los casos señalados aparecen tres sectores estratégicos: energía, recaudo tributario y defensa. En los tres, la preocupación es distinta, pero el denominador común es el mismo: decisiones, inversiones y procesos que, según el diagnóstico del nuevo Gobierno, dejaron al Estado con capacidades insuficientes frente a necesidades urgentes.
Energía: proyectos que no llegan y una red que se queda corta
La transición energética exige algo más que anunciar nuevos proyectos: necesita generación disponible, redes de transmisión y una planeación capaz de anticipar el crecimiento de la demanda.
Ese es precisamente el problema que señala el Libro de la Verdad en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Según el informe, los procesos de asignación de capacidad de conexión absorbieron recursos técnicos y económicos de la entidad y terminaron restando capacidad para una de sus funciones esenciales: planear la expansión de la generación y transmisión.
En los dos procesos realizados se habrían asignado alrededor de 8.000 MW de nuevos proyectos de generación, muchos de los cuales finalmente no se materializaron, obligando a adelantar procesos de liberación de capacidad. La propia UPME reconoció en 2026 la necesidad de liberar capacidad ocupada por proyectos que no avanzaron y anunció la recuperación de 6,3 GW para nuevas iniciativas.
Este problema no es menor, porque la red no crece al ritmo de la generación y la demanda puede convertirse en un cuello de botella para la confiabilidad del servicio.
La pregunta de fondo es si Colombia está planeando con suficiente anticipación la infraestructura que necesita para evitar que la transición energética termine enfrentándose a su propia paradoja: tener proyectos de generación, pero no contar con las redes necesarias para llevar esa energía a los consumidores.
DIAN: $310.000 millones en tecnología que no funciona
La segunda alerta está en una entidad de la que depende buena parte de la capacidad fiscal del Estado: la DIAN.
Según el Libro de la Verdad, el Fondo DIAN suscribió dos contratos tecnológicos por más de $310.000 millones que presentan problemas de funcionamiento y cuyas entregas se proyectan hasta 2028. El diagnóstico sostiene que ambos contratos nacieron con debilidades en la definición de los requerimientos.
El problema adquiere mayor gravedad porque no se trataría de una falla aislada. El informe cuestiona también el Plan de Modernización Tecnológica, que habría ejecutado $333.853 millones entre 2019 y 2024 y reportado un avance del 95%, pese a que los sistemas misionales de la entidad continuarían presentando deficiencias.
La consecuencia no es solamente administrativa. Una DIAN con sistemas deficientes puede enfrentar dificultades para controlar el contrabando, agilizar trámites, realizar devoluciones y perseguir la evasión. Es decir, el problema termina afectando la capacidad del Estado para recaudar los recursos con los que financia sus obligaciones.
El nuevo Gobierno recibe así contratos vigentes hasta 2028 y una modernización tecnológica que, según el diagnóstico, no produjo los resultados esperados. La pregunta es inevitable: ¿cómo se pudo declarar prácticamente concluida una modernización mientras los sistemas fundamentales de la entidad seguían sin responder a las necesidades del país?
Defensa: $6,3 billones frente a la amenaza de los drones
El tercer caso es quizá el más delicado porque compromete directamente la seguridad de soldados y civiles.
El Gobierno Petro impulsó el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto estimado oficialmente en más de $6,3 billones para enfrentar el uso criminal de aeronaves no tripuladas. El Ministerio de Defensa confirmó que el proyecto se encontraba en fase de estructuración y que se adelantaban pruebas con empresas para verificar la tecnología disponible.
El Libro de la Verdad cuestiona aspectos relacionados con la transparencia del proceso, la reducción de oferentes, la metodología de evaluación y la ausencia de pruebas integrales. Pero el señalamiento más preocupante es técnico: según el documento, sistemas antidrones adquiridos durante el cuatrienio habrían registrado capacidades de detección de apenas 300 y 430 metros, frente a requerimientos mínimos de dos kilómetros.
Si esos datos son confirmados, no estaríamos ante un simple problema contractual. Se trataría de una eventual brecha entre lo que el Estado cree tener y la capacidad real para enfrentar una amenaza que ha crecido rápidamente.
El Gobierno ha reconocido la dimensión estratégica del desafío y destinó recursos para iniciar el proyecto. Precisamente por eso, cada peso debe traducirse en una capacidad efectiva de protección.
En defensa, una tecnología insuficiente no es simplemente dinero mal invertido: puede significar vidas en riesgo.