El nuevo Gobierno cuestiona la distancia entre las hectáreas anunciadas y las registradas. Expertos advierten sobre el rezago en seguridad jurídica rural.
La reforma agraria constituyó la bandera central del gobierno de Gustavo Petro, prometiendo transformar la estructura de la propiedad rural para cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.
Sin embargo, la auditoría del nuevo gobierno recopilada en el Libro de la Verdad ha puesto bajo la lupa técnica y jurídica una profunda discrepancia entre las hectáreas publicitadas y las efectivamente consolidadas.
El Fondo de Tierras reportó la supuesta entrega de 351.463 hectáreas a la población campesina, pero la realidad en las Oficinas de Instrumentos Públicos es desoladora.
Apenas 98.148 hectáreas cuentan con un registro pleno, legal y definitivo de propiedad. Esta cifra representa solo el 7% de la meta total de titulación que se había trazado para el periodo 2022-2026.
¿Qué ocurrió con las hectáreas restantes? Un total de 206.273 hectáreas fueron entregadas de forma provisional. Esto significa que miles de campesinos labran y habitan la tierra con la convicción de ser propietarios, pero carecen de un respaldo legal definitivo del Estado.
Además, frente a la meta de adquirir un millón de hectáreas durante el pasado cuatrienio, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) compró 254.103 hectáreas al corte del 19 de abril de 2026, evidenciando un ritmo de ejecución muy inferior a la retórica oficial.
En contraste, la administración de Petro reportaba la formalización de dos millones de hectáreas y el otorgamiento de 41.000 títulos para beneficiar a 116.000 familias campesinas, cifras globales que los expertos independientes exigen verificar debido a la inestabilidad de su registro real.
El peligroso limbo del campesinado
La ausencia de títulos firmes y debidamente registrados no es un simple formalismo administrativo; tiene consecuencias críticas para la seguridad en las regiones.
Según la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, "solo cuando una persona tiene una tierra con un título está segura de que esa tierra no se la puede quitar nadie".
Sin este documento de propiedad, las familias rurales quedan en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica: no tienen manera de defender legalmente sus predios frente a terceros, están expuestas al despojo, no pueden heredar la tierra a sus hijos y quedan excluidas del acceso a créditos bancarios.
En Colombia, la informalidad en la tenencia de la tierra alcanza el 52,7% de los predios rurales (UPRA, 2019). Al no existir un sistema judicial agrario especializado, los campesinos se ven obligados a tramitar disputas territoriales, linderos o restitución ante juzgados civiles ordinarios.
Estos despachos, geográficamente lejanos para la población rural, se encuentran congestionados resolviendo simultáneamente divorcios, deudas comerciales y herencias, tardando años en dar una respuesta en un lenguaje ajeno al mundo del campo.
La exministra López denunciaba en julio y con dureza un "maquillaje de cifras" por parte del gobierno Petro para ocultar el rezago técnico en la titulación real. Dijo que se mostraron cientos de miles de hectáreas como "entregadas", pero eran meras asignaciones provisionales sin registro definitivo de propiedad.
"Me perdonan, pero aquí están las consecuencias de entregar tierra mal, de inflar las cifras. Solo 87,000 hectáreas se entregaron con registro en las ORIP; esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos", afirmaba López en ese entonces.
Los retos del nuevo Gobierno
Aunque el proyecto de ley sobre el procedimiento de la Jurisdicción Agraria fue archivado, las tierras entregadas no enfrentan un riesgo jurídico inmediato, ya que están amparadas por las leyes 160 de 1994 y 902 de 2004.
Sin embargo, el nuevo Gobierno recibe una agenda agraria con cuatro grandes desafíos, identificados por el investigador de la Universidad Javeriana, Carlos Duarte:
Reducir las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales.
Disminuir la concentración de la propiedad de la tierra, un indicador que prácticamente no registró cambios durante la administración de Petro.
Contener la expansión de las economías ilícitas en los territorios rurales.
Ofrecer una respuesta institucional a las disputas por la tierra que continúan acumulándose en distintas regiones del país.
Para afrontar estos desafíos, el nuevo Ejecutivo cuenta con la hoja de ruta planteada en su programa de Gobierno, que parte de una premisa: la tierra sola no basta.
La propuesta busca que la entrega de parcelas esté acompañada de títulos de propiedad firmes, crédito, asistencia técnica, tecnología, acceso a mercados y condiciones de seguridad para los productores.
A esta agenda se suma el CONPES aprobado en marzo de 2026, que contempla más de $18 billones y 146 acciones estratégicas con horizonte hasta 2036.
El documento plantea medidas para avanzar en la redistribución de activos, la justicia agraria, la inclusión productiva y la sostenibilidad del campo.