Fondo Mujer, infraestructura hospitalaria y función pública: tres casos que exigen respuestas.
El presidente Abelardo de la Espriella entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el llamado Libro de la Verdad, un documento de 135 páginas que reúne 82 casos identificados durante el empalme con la administración de Gustavo Petro.
El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que los hallazgos responden a nueve patrones de comportamiento asociados con riesgos de corrupción.
De los 82 casos, unos 23 corresponden a posibles casos de corrupción y otros 59 a cuestionamientos de gestión o política pública. Por eso conviene no presentar todos los hallazgos como delitos ya probados.
El libro no equivale a una sentencia ni todos sus señalamientos constituyen delitos. Precisamente por eso, el verdadero examen comienza ahora: determinar qué fue simple incompetencia, qué correspondió a decisiones políticas cuestionables y qué pudo haber configurado responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
A continuación se hace un análisis de tres casos que permiten dimensionar el problema que dejó el anterior gobierno.
Fondo Mujer: $55.142 millones y apenas 0,3% ejecutado
El caso del Fondo Mujer Libre y Productiva plantea una pregunta elemental sobre la gestión pública: ¿de qué sirve anunciar recursos para mujeres vulnerables si los programas no consiguen llegar a ellas?
Según el informe del nuevo Gobierno, al 1 de julio de 2026 el Fondo había ejecutado cerca de $172 millones de los $55.142 millones adicionados mediante los otrosíes 7 y 8: aproximadamente 0,3%. Siete programas de autonomía económica permanecían sin iniciar. Entre ellos estaban Hiladoras de Autonomía y Territorios Vicheros, dirigidos a mujeres vinculadas a actividades productivas en regiones vulnerables.
La propia documentación pública del Fondo confirma que durante 2026 se adelantaron procesos para implementar ambos programas.
El problema, entonces, no es simplemente presupuestal. Es de capacidad institucional. El informe atribuye la parálisis a procesos contractuales que no lograron concretarse y cuestiona, además, la intervención del despacho vicepresidencial en un proceso técnico de selección de funcionarios.
Si se confirma que decisiones políticas terminaron interfiriendo en procedimientos administrativos, el asunto adquiere otra dimensión. No obstante, la baja ejecución por sí sola no demuestra corrupción. Lo que sí demuestra es una brecha enorme entre lo presupuestado y lo efectivamente convertido en política pública: alrededor del 99,7% de esos recursos no había sido ejecutado a la fecha de corte.
Salud: $2,2 billones comprometidos sin tener listas las obras
El segundo caso es todavía más sensible porque toca directamente el sistema de salud. Según el Libro de la Verdad, el Ministerio de Salud asignó $16,1 billones entre finales de 2022 y junio de 2026 y giró cerca de $10 billones. Dentro de ese universo, el informe cuestiona especialmente la decisión del 29 de diciembre de 2025 de asignar más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria.
La alerta está en que, según el documento, los proyectos fueron viabilizados sin estudios definitivos de conveniencia y necesidad, diseños completos ni presupuestos de obra. A junio de 2026, solamente 28 de los 60 proyectos habían presentado la documentación completa, por unos $834.000 millones. Más de $1,3 billones quedaban comprometidos sin certeza plena sobre su ejecución y sostenibilidad.
La contradicción política resulta evidente: mientras el sistema acumulaba problemas financieros y de prestación de servicios —la Corte Constitucional ha documentado retrasos en pagos y una deuda de $32,9 billones de 29 EPS con prestadores al cierre de 2025—, el Gobierno comprometía recursos multimillonarios en infraestructura que todavía no tenía completamente diseñada.
Construir hospitales es necesario. Comprometer miles de millones sin la planeación suficiente es otra cosa. La pregunta que deben responder los responsables es sencilla: ¿por qué la urgencia para asignar la plata fue anterior a la certeza de que las obras podían ejecutarse?
Función Pública: cuando el mérito empieza a estorbar
El tercer caso apunta al corazón del Estado: quiénes ocupan los cargos desde los cuales se administran los recursos públicos.
El informe cuestiona modificaciones que flexibilizaron requisitos para determinados cargos y pone como ejemplo la Resolución 10142 de 2025 de la Cancillería, que eliminó para ciertos nombramientos de embajadores el requisito de acreditar un segundo idioma. La medida fue demandada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia bajo argumentos relacionados con mérito, idoneidad y profesionalización del servicio exterior.
También se cuestionan cambios en los requisitos para superintendentes y funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. En este último caso, el Decreto 0670 de 2026 modificó las reglas y amplió la planta, aunque el propio Gobierno justificó el cambio en un proceso de modernización y fortalecimiento institucional.
A esto se suma la denuncia de una supuesta “nómina paralela” de cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios, que el Gobierno De La Espriella calcula que habría dejado un pasivo contingente superior a $5 billones.
Aquí también hay que distinguir: contratar por prestación de servicios no es ilegal por sí mismo. La discusión está en si se utilizó esa figura para cubrir funciones permanentes y sustituir el mérito y la carrera administrativa por vínculos temporales.
Porque cuando los requisitos se rebajan para que el candidato encaje en el cargo, y no el candidato en el cargo, el Estado pierde algo más importante que una norma: pierde capacidad técnica. Y cuando la idoneidad cede ante la lealtad política, la factura finalmente la paga el ciudadano.