El nuevo Gobierno enciende las alarmas al denunciar una "bomba de tiempo" fiscal en las finanzas públicas del país por cuenta de la administración de Petro.
A través del Libro de la Verdad, documento que recopila los hallazgos del proceso de empalme de 2026, el nuevo Ejecutivo acusa a la administración de Gustavo Petro de un manejo irresponsable en la emisión de Títulos de Tesorería (TES) y la contratación de deuda pública.
Esta grave acusación coincide con un riguroso análisis técnico del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual advierte que el pago de intereses devorará recursos vitales, restando un crucial margen de maniobra al Estado.
Según lo documentado, el Ministerio de Hacienda de la administración anterior incrementó de manera desproporcionada el costo financiero de la Nación al emitir títulos TES con las tasas de colocación más altas de la historia reciente, situadas entre el 13% y el 15%.
El informe detalla que el gobierno saliente elevó el límite de adjudicación por emisión de TES del 50% al 100%, una medida que en la práctica permitió concentrar la deuda pública en un grupo reducido de tenedores.
El principal peligro de esta estrategia radica en el cronograma de amortización. Los vencimientos de esta costosa deuda se acumularon en los años 2026, 2029 y 2030, coincidiendo directamente con el periodo del gobierno entrante
De esta manera, las obligaciones antiguas que habían sido contraídas a tasas bajas fueron sustituidas por nuevas deudas que cuestan casi el doble.
Ante la gravedad de estas decisiones financieras, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre la existencia de un posible detrimento patrimonial y remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación
Asimismo, el ente de control identificó que encargos fiduciarios por un valor de 113 billones de pesos podrían estar sobreestimando la ejecución presupuestal real frente al dinero efectivamente disponible en caja.
Todo esto ocurre en un entorno donde el déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4% del PIB en 2025, obligando a activar la cláusula de escape de la regla fiscal para el trienio 2025-2027
Alivio temporal, costo futuro
El análisis técnico del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana aporta una mirada estructural que sustenta la gravedad de este escenario.
Si bien se observó un alivio en el pago de intereses durante el año 2025 impulsado por las Operaciones de Manejo de Deuda (OMD) realizadas por el Gobierno anterior, dicha reducción es transitoria.
Las OMD, que implicaron recompras o canjes de títulos para cambiar los vencimientos, generaron liquidez inmediata pero a un altísimo costo para el mediano plazo.
El Observatorio compara esta maniobra con el comportamiento de un hogar que refinancia un crédito para ampliar el plazo. Se alivia la carga del momento, pero el costo total de los intereses a lo largo del tiempo aumenta.
De esta forma, el menor pago de 2025 se obtuvo a cambio de comprometer una mayor proporción de la actividad económica al pago de intereses durante la próxima década, trasladando la carga hacia el futuro.
Cabe destacar que este alivio temporal ocurrió de forma simultánea con un incremento del déficit primario, el cual llegó al 3,5% del PIB en 2025.
Intereses récord y ahogo de inversión
El riesgo más crítico identificado por el Observatorio reside en la trayectoria ascendente de los costos de la deuda pública.
En sus propias proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026, el propio Gobierno ha tenido que reconocer sistemáticamente que el costo financiero de la deuda será cada vez mayor.
Al analizar el pago de intereses proyectado para el año 2033 en los sucesivos marcos fiscales, se evidencia una corrección al alza constante. El MFMP de 2023 estimaba un costo del 3,2% del PIB, el de 2024 lo subió al 3,6%, el de 2025 al 3,9%, y el de 2026 lo elevó a un récord del 4,2% del PIB.
Este incremento en las proyecciones para después de 2028 representa un aumento promedio de 0,3 puntos porcentuales del PIB, unos 6,8 billones de pesos, monto que iguala el presupuesto anual del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para 2026.
Sin embargo, la cifra más alarmante es que el costo del pago de intereses volverá a incrementarse paulatinamente hasta alcanzar cerca del 4,2% del PIB hacia el periodo 2032-2034, lo que representa unos 84,8 billones de pesos
Este colosal flujo de recursos es prácticamente equivalente a la totalidad del presupuesto de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) programado para el año 2026, que asciende a 84,4 billones de pesos.
En la práctica, el país destinará casi la misma cantidad de dinero a cubrir solo los costos financieros de sus acreedores que a financiar toda la inversión pública nacional en infraestructura, salud o educación