La carta del gobernador Eduardo Verano a la ministra de Minas plantea que el problema ya no es de una empresa, sino del modelo. Y advierte que la deuda de Air-e
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, le envió una carta a la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda Arango, en la que le pide instalar una Mesa de Alto Nivel para la sostenibilidad y la seguridad energética del Caribe.
El argumento central es que la crisis de la región dejó de ser un asunto de una empresa en problemas y pasó a ser un asunto del modelo con el que se distribuye y se comercializa la energía en la costa.
La carta parte de una comparación que es difícil de rebatir. Air-e está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Afinia no lo está: tiene detrás un grupo empresarial sólido. Y sin embargo las dos tienen el mismo tipo de dificultades.
Según la información de la propia compañía que cita el documento, Afinia registra más de $3 billones de fondeo desde que arrancó su operación y un flujo de caja negativo de $819.099 millones durante 2025.
De ahí sale la conclusión que el gobernador pone en el centro: si dos empresas con estructuras distintas terminan en el mismo punto, el problema no está en el operador. Está en las condiciones en las que operan.
Por eso advierte que no sería responsable resolver el caso de Air-e buscando simplemente un dueño nuevo que trabaje bajo las mismas reglas que hicieron inviable al anterior.
“No sería responsable que la solución de Air-e se limitara a encontrar un nuevo operador para que funcione bajo las mismas condiciones que contribuyeron a hacer inviable el modelo anterior”, afirma el gobernador.
El riesgo que se sale de la región
El punto más delicado de la carta no es regional. Es nacional. Verano señala que las obligaciones que Air-e acumula con generadores, transmisores y demás agentes están afectando la liquidez de empresas que son indispensables para que el sistema eléctrico del país funcione. Una crisis que empezó en una empresa de la costa, dice, no puede terminar convertida en un problema financiero de toda la cadena.
Ese diagnóstico coincide con lo que viene diciendo el gremio de los generadores térmicos. La deuda del sector suma $5,8 billones y solo Air-e debe $3,2 billones, una cifra que en 2022 era de $520.000 millones. El Fondo Empresarial de la Superservicios tiene disponibles $200.000 millones: el 6% de lo que se debe.
Transmisión, servidumbres y demanda
La carta agrega dos frentes que suelen quedar por fuera del debate. El primero es la transmisión: el gobernador pide acelerar las inversiones en el sistema nacional y en los regionales, porque hay subestaciones y corredores saturados que impiden conectar nueva demanda y nuevos proyectos de generación.
El segundo son las servidumbres eléctricas, cada vez más ocupadas, lo que complica el mantenimiento de las redes y pone en riesgo a las comunidades que viven cerca de líneas de alta tensión.
El contexto ayuda a entender la urgencia: la demanda de energía crece 5,5% en el país y entre 9% y 10% en el Caribe, la tasa más alta del territorio nacional.
Qué pide concretamente
El gobernador propone que la mesa se siente con quienes deciden —MinMinas, MinHacienda, DNP, Superservicios, CREG, UPME, XM, Air-e, Afinia y los agentes de generación y transmisión— y que se concentre en cuatro decisiones: revisar el modelo de distribución y comercialización del Caribe, definir una salida para las obligaciones de Air-e, acordar un plan de expansión en transmisión y establecer una estrategia para proteger las servidumbres. El marco técnico ya existe: el Plan Caribe Energético, construido por los gobernadores a través de la RAP Caribe.