ANIF propone mover recursos públicos, activar regalías, respaldar microempresas y atraer inversión privada para reconstruir el occidente colombiano sin agravar
El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia el 10 de agosto dejó pérdidas preliminares por $30 billones. La cifra, calculada por ANIF, equivale a 1,6% del PIB y plantea una pregunta urgente. ¿Quién pagará la reconstrucción?
El balance incluye $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura, según estimaciones del centro de estudios. Viviendas, hospitales, vías y aeropuertos registraron afectaciones en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, mientras continúan las labores de atención, rescate y evaluación.
La dimensión del daño llega cuando las cuentas públicas tienen poco espacio para asumir nuevos compromisos. En ese escenario, el centro de estudios propone movilizar recursos, sumar capital privado y facilitar crédito, sin crear impuestos permanentes ni poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.
La propuesta surge bajo la emergencia económica decretada por el Gobierno y parte de una premisa sencilla: la reconstrucción requiere liquidez inmediata. Para conseguirla, la entidad plantea revisar partidas presupuestales, acelerar regalías, respaldar empresas y ampliar mecanismos de inversión privada disponibles.
El dinero que ya existe
El primer frente está en el Presupuesto General de la Nación de 2026. ANIF calcula que podrían revisarse hasta $20,1 billones de apropiaciones de inversión no comprometidas, excluyendo sectores que necesiten recursos por la emergencia y priorizando aquellos con baja ejecución.
El criterio propuesto busca evitar que la reconstrucción compita con programas que enfrentan necesidades urgentes. El organismo sugiere concentrar la revisión en sectores cuya ejecución de inversión sea inferior al 20% y redirigir recursos hacia las zonas afectadas y golpeadas.
Para 2027, el centro de estudios propone que el presupuesto otorgue prioridad a las entidades responsables de gestionar el riesgo y atender la emergencia. La búsqueda, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura deberían quedar entre los destinos de esas nuevas apropiaciones.
El segundo bolsillo está en el Sistema General de Regalías. Con cifras a julio de 2026, ANIF identifica $3,7 billones en proyectos sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal, recursos públicos que podrían liberarse porque todavía no respaldan procesos contractuales vigentes hoy.
Además, el organismo propone focalizar $10,1 billones del recaudo del Sistema General de Regalías que todavía no han sido asignados a proyectos de inversión. La propuesta busca convertir recursos públicos sin destino en obras públicas prioritarias de atención y reconstrucción inmediata regional.
También sugiere dar autonomía a los municipios damnificados. Podrían aprobar proyectos de emergencia y reconstrucción, aunque no estén incluidos en el capítulo de regalías de sus planes de desarrollo, siempre que cumplan criterios según daños y población afectada.
Crédito para volver a abrir
El tercer frente apunta a las microempresas, que suelen enfrentar pérdidas de ingresos y daños físicos empresariales. El centro de estudios recomienda líneas de crédito respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías, con coberturas entre 60% y 90% del valor del préstamo.
La medida toma como referencia la experiencia de la pandemia. Las líneas podrían incorporar periodos de gracia iniciales, definidos por la Superintendencia Financiera, para reducir la presión sobre negocios que necesiten reabrir, reponer equipos, recuperar inventarios o reconstruir sus establecimientos.
El costo fiscal de ese respaldo dependería de la demanda. ANIF estima que, si entre 30% y 80% de las microempresas de la zona de emergencia solicitan crédito, el Gobierno debería capitalizar al Fondo Nacional de Garantías entre $90.000 y $240.000 millones.
El cuarto mecanismo busca que las empresas participen directamente en la reconstrucción. El organismo sugiere extender temporalmente Obras por Impuestos y Obras por Regalías a los territorios directamente afectados que hoy no cumplen las condiciones para utilizar esos instrumentos de financiación.
La propuesta incluye a Pereira, Manizales y Cali y requeriría decisiones específicas para ampliar su alcance. En Obras por Impuestos, ANIF plantea una asignación extraordinaria del CONFIS, pues el cupo de 2026 fue de $1,145 billones y quedan $269.000 millones.
El quinto frente es un Anticipo Solidario para la Reconstrucción. Los contribuyentes podrían pagar voluntariamente hasta 10% adicional del impuesto de renta liquidado por cada contribuyente, recibir un certificado y descontar ese monto completo en la declaración del año siguiente.
ANIF sostiene que este mecanismo no sería un impuesto nuevo, sino un anticipo voluntario que entregaría liquidez inmediata al Estado. La propuesta exige reglas claras para garantizar la trazabilidad del aporte y reconocerlo como crédito tributario en el siguiente ejercicio.
El sexto frente consiste en flexibilizar temporalmente algunas rentas de destinación específica, siempre dentro del marco constitucional y legal. ANIF menciona recursos asociados al ICBF, SENA y otras entidades, para liberar capacidad de gasto hacia las prioridades de la emergencia.
El paquete recupera una lección de la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto de 1999: una catástrofe exige combinar presupuesto, crédito e inversión privada. La clave para ANIF ahora es financiar la recuperación sin convertirla en carga fiscal permanente para Colombia.