Un sismo de magnitud 7,4 dejó al país frente a una cuenta de 30 billones de pesos. La solidaridad cubre entre el 5% y el 7%. El resto se discute en tres mesas:
El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, la tierra se movió bajo San José del Palmar. Magnitud 7,4. El terremoto más fuerte que ha registrado Colombia en lo que va del siglo.
Al corte de esta edición: 319 fallecidos, 260 desaparecidos, 4.506 heridos. Ciento cincuenta y tres mil familias sin casa o con la casa rota. Más de quince departamentos afectados.
El gobierno de Abelardo de la Espriella se había posesionado tres días antes. Ese fue todo el tiempo de gracia.
Lo que siguió merece registrarse sin adjetivos. A los cinco días había emergencia económica declarada. A la semana existía el Fondo Milagro y una hoja de ruta sobre la mesa. El sector privado movilizó cerca de dos billones de pesos entre donaciones, apoyo técnico y recursos. Los empresarios no esperaron el decreto. La ciudadanía tampoco.
Registrar no basta.
Reconstruir cuesta más de 30 billones de pesos, y la cifra puede subir. Todo lo donado por empresarios y ciudadanos —sumado— alcanza a cubrir entre el 5% y el 7% del total. El propio presidente lo dijo con precisión aritmética: el resto no se resuelve con solidaridad.
Quedan tres caminos. El impuesto, que es siempre el más fácil de proponer. La caridad, que ya dio lo que podía dar. Y un contrato que la familia firmó antes de que temblara.
Ese contrato se llama seguro. Y en Colombia casi nadie lo tiene.
La compañía de la compañía
Nicolás Marchant preside la operación de Zurich para Colombia y Ecuador. Es chileno. Cuando se le pregunta por la reunión del 19 de agosto en el Palacio de San Carlos —donde el presidente citó a todo el sector asegurador—, empieza por el único lugar donde podía empezar.
"Yo soy chileno, entonces no puedo renegar un poco de mi pasado y el terremoto del 2010", dice. También allí un sismo mayor coincidió con un cambio de gobierno, con días de diferencia.
La conversación deriva rápido hacia los números, que es donde este oficio se pone serio.
"La reconstrucción está estimada hoy día entre 30 y 40 billones de pesos. Lo que estamos estimando nosotros como impacto a las aseguradoras es entre 4 y 6 billones", afirma Marchant.
Hay que detenerse en esa proporción. Las aseguradoras asumirían cerca del 20% del costo total de la reconstrucción de las zonas afectadas. Es, en sus palabras, "casi siete veces la participación que tienen las aseguradoras en el PIB".
Colombia habla desde hace años de su brecha de protección. La penetración del seguro es baja. Pero cuando la tierra se mueve, un sector pequeño termina cargando una quinta parte de la factura nacional. La subrepresentación se paga en el momento exacto en que el país necesita capital.
Y hay algo que en Colombia no siempre se entiende. Cuando una aseguradora local paga un siniestro de esta magnitud, no está pagando sola. Detrás de cada compañía hay reaseguradoras internacionales: literalmente, la compañía de seguros de la compañía de seguros que usted contrata. Buena parte del costo del terremoto colombiano no la absorbe Colombia. La absorben balances en Zúrich, en Londres, en Múnich, en Nueva York.
Es capital extranjero entrando al país sin deuda, sin decreto, sin debate en el Congreso y sin que le cueste un peso al contribuyente.
Ese mecanismo funciona. El problema es a cuántos colombianos les llega.
Lo que escasea
Marchant describe la operación con la madurez de quien ya vio esto en otros husos horarios. Zurich opera en más de 170 países. "Nosotros en Colombia, afortunadamente, tenemos un evento así una vez cada 30, cada 40 años", explica. Los protocolos existen desde hace décadas, pero solo se prueban de verdad cuando ocurren.
Duplicaron el call center el primer día. Abrieron canales digitales. Trajeron equipos desde fuera del país.
¿Por qué de fuera del país? Por una razón que nadie anticipa hasta que la necesita. Cuando ocurre un evento así, los recursos que primero escasean no son financieros: "tienen que ver con ingenieros en terreno y ajustadores", los equipos que determinan si una estructura va a colapsar o no. Sin ese dictamen técnico no hay dimensión de la pérdida. Sin dimensión no hay liquidación. Sin liquidación no hay pago.
La velocidad de la reconstrucción no depende solo de la caja. Depende de cuántos ingenieros haya disponibles para subirse a un edificio agrietado.
Y el evento no terminó. "Una de cada dos empresas no pueden operar en las zonas afectadas", advierte Marchant. Vienen los seguros de desempleo. Vienen los de lucro cesante, que cubren lo que una empresa deja de producir mientras está parada. El primer golpe fue el 10 de agosto. El segundo llega en la contabilidad de los próximos meses.
Las cuatro puertas
De la reunión con el gobierno salieron decisiones concretas. Prioridad para estratos 1, 2 y 3 y vivienda de interés social. Cuando un inmueble y su copropiedad tengan pólizas de compañías distintas, serán las aseguradoras las que se coordinen entre ellas: el trámite no lo hace el ciudadano.
Y una precisión que el presidente tuvo que hacer frente a las cámaras, porque las redes ya habían hecho su trabajo: "No tienen dos días para hacerlos, tienen dos años. No se dejen enredar por noticias falsas".
Marchant aprovechó esa mesa para explicar algo elemental que millones de colombianos ignoran. El seguro de terremoto tiene cuatro vías. La primera es el crédito: quien hipoteca una casa está obligado a asegurarla. La segunda son las copropiedades, obligadas por ley a contratar cobertura de incendio y terremoto. La tercera es la infraestructura pública, que la ley también exige asegurar. La cuarta es la voluntaria.
Tres de las cuatro puertas están abiertas por obligación. La cuarta depende de una decisión que casi nadie toma.
La cita
La emergencia económica se firmó el 19 de agosto. El presidente la sustentó en una realidad aritmética: cerca de uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina hoy al pago de la deuda pública. Hace diez años era uno de cada seis. La deuda bruta supera el 60% del PIB.
Ese es el margen real con el que Colombia va a reconstruirse. También advirtió que las facultades extraordinarias "no son un cheque en blanco". Habrá que verificarlo peso por peso.
Acento ha planteado en su edición semanal una alternativa al nuevo tributo: un anticipo del impuesto de renta, con mecanismo de retribución futura, para darle caja inmediata al gobierno sin aumentar el endeudamiento de la nación.
Pero la pregunta de fondo no la resuelve ningún decreto.
Un país sentado sobre tres cordilleras y dos placas tectónicas no tiene un riesgo sísmico. Tiene una cita. La única variable desconocida es la fecha. Colombia ya asistió a esa cita varias veces —Popayán, el Eje Cafetero— y volvió a llegar desprevenida.
Viene el fenómeno de El Niño. Viene lo que sigue.
La reflexión no es para el Estado. Es para el lector, en cualquier esquina de este país: revise si su patrimonio, su vida y la de su familia están realmente protegidos.
Antes del próximo temblor.