La decisión fue anunciada el pasado miércoles en Panamá por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
El anuncio de que Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos abrió, apenas una semana después de la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño, uno de los primeros grandes debates políticos de su gobierno: hasta dónde puede llegar la cooperación con Washington en la lucha contra el narcotráfico sin cruzar la línea de la soberanía nacional.
La decisión fue anunciada el pasado miércoles en Panamá por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Según el funcionario, el Gobierno colombiano solicitó que el Departamento de Guerra se sumara a la lucha contra el “narcoterrorismo” y autorizó operaciones conjuntas para enfrentar a organizaciones criminales. El anuncio coincidió con el ingreso de Colombia, como miembro número 19, a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), iniciativa promovida por Washington dentro del denominado Escudo de las Américas.
El giro es significativo. Después de una relación marcada por fuertes desencuentros entre Washington y el gobierno de Gustavo Petro, la administración de De La Espriella ha optado por reconstruir la alianza de seguridad con Estados Unidos. El nuevo Gobierno ha hecho del combate a los grupos armados y al narcotráfico una de sus principales banderas, mientras Washington ha anunciado un paquete de asistencia para Colombia cercano a los US$1.000 millones.
Pero precisamente por tratarse de cooperación militar, el anuncio abrió una discusión que va más allá de la lucha contra las drogas. El punto central es jurídico: ¿qué significa exactamente “operaciones militares conjuntas” y qué tipo de presencia estadounidense implicaría?
La oposición sostiene que el Gobierno no puede resolver unilateralmente una eventual entrada o tránsito de tropas extranjeras. El artículo 173 de la Constitución establece entre las atribuciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional y señala que, durante el receso de esa corporación, la competencia corresponde al Consejo de Estado.
El expresidente Gustavo Petro no cuestionó la cooperación internacional contra el crimen organizado, pero sí advirtió que esta no puede convertirse en autorización para que fuerzas extranjeras actúen directamente contra colombianos. Su posición resume el dilema: Colombia necesita cooperación internacional para combatir estructuras criminales cada vez más sofisticadas, pero esa cooperación no necesariamente equivale a entregar capacidad operativa sobre el territorio.
El senador Iván Cepeda fue más lejos y calificó el acuerdo como un riesgo para la soberanía. Según el congresista, Colombia podría terminar convertida en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para la región si no existen controles institucionales. El senador Alfonso Rodríguez, del Pacto Histórico, también anunció que se opondrá al ingreso de tropas estadounidenses y cuestionó que el país conociera la decisión principalmente por funcionarios de Washington.
En contraste, el expresidente Álvaro Uribe defendió la cooperación. Para el exmandatario, la asistencia estadounidense en equipos, tecnología e inteligencia puede ayudar a recuperar territorios controlados por organizaciones ilegales. Su argumento parte de una idea diferente de soberanía: la cooperación militar no la debilitaría, sino que podría fortalecer al Estado colombiano frente a grupos armados que ya desafían su autoridad.
El Gobierno tendrá ahora que despejar la principal zona gris del anuncio: una cosa es compartir inteligencia, tecnología, entrenamiento y capacidades logísticas; otra, muy distinta, permitir que militares extranjeros participen directamente en operaciones de combate. La diferencia no es semántica: implica responsabilidades jurídicas, reglas de enfrentamiento, control político y eventuales consecuencias sobre la población civil.
Por eso la controversia no se resolverá únicamente entre Bogotá y Washington. También tendrá que pasar por las instituciones colombianas. De hecho, la senadora Jennifer Pedraza pidió a los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa explicar en qué consistirán las operaciones y por qué no se consultó previamente al Congreso.
El Gobierno de De La Espriella enfrenta así su primer gran examen en materia de política exterior y seguridad. La alianza con Estados Unidos puede significar más inteligencia, tecnología y capacidad para enfrentar al narcotráfico, pero también exige reglas claras sobre quién decide, quién responde y bajo qué autoridad actúan las fuerzas extranjeras.
El debate, en últimas, no es cooperación sí o cooperación no. Es quién conserva el control de las operaciones en territorio colombiano y bajo qué controles democráticos. Allí estará la verdadera discusión sobre soberanía.