El Congreso vigilará los recursos de la emergencia, mientras el Gobierno enfrenta alianzas cambiantes y Barrera el reto de mejorar la seguridad.
El terremoto que sacudió al país el 10 de agosto no solo puso a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno. También obligó al Congreso a asumir un papel de vigilancia sobre el manejo de la emergencia, mientras en paralelo se reacomodan las fuerzas políticas y el Ejecutivo intenta consolidar una coalición que, por ahora, muestra fisuras.
La elección de Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general, la autorización al expresidente Gustavo Petro para salir del país y la llegada del general retirado Jesús Alejandro Barrera a la Dirección de la Policía son tres hechos que permiten leer cómo comienza a configurarse la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Congreso.
Control a los recursos de la emergencia
La llegada de Laverde a la Contraloría adquiere especial relevancia en un momento en que el Estado deberá movilizar enormes cantidades de recursos para atender a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto.
Elegido con 265 votos y con respaldo de prácticamente todas las bancadas, Laverde prometió que los recursos destinados a la reconstrucción deberán llegar “con celeridad y absoluta transparencia” a quienes los necesitan. Su propuesta de utilizar inteligencia artificial, Big Data y herramientas tecnológicas para anticiparse a posibles hechos de corrupción puede convertirse en uno de los principales instrumentos de control sobre la emergencia.
Su elección, sin embargo, también deja una lectura política. Laverde fue secretario de la Comisión Sexta del Senado desde 2014 y obtuvo el respaldo tanto de sectores cercanos al Gobierno como de la oposición. Para críticos como el representante Daniel Briceño, este tipo de elecciones puede debilitar la independencia de los organismos de control frente al Congreso.
La contradicción será, precisamente, el primer desafío de Laverde: demostrar que su cercanía con sectores del Legislativo no se traduce en complacencia. En una emergencia, la Contraloría no solo deberá revisar el gasto después de ejecutado; tendrá que ejercer vigilancia preventiva sobre contratos, ayudas y obras de reconstrucción para evitar que la tragedia se convierta en un escenario de corrupción.
Coalición que se mueve por fuera del Gobierno
La elección del contralor también evidenció que el Gobierno no tiene control absoluto sobre su propia coalición. El respaldo transversal a Laverde y, especialmente, la autorización del Senado para que Gustavo Petro pueda salir del país durante el próximo año mostraron que existen acuerdos que superan las fronteras entre gobierno y oposición.
La autorización a Petro fue aprobada por 73 votos contra 11 y contó con el respaldo de senadores del uribismo, conservadores, liberales y Cambio Radical, además del petrismo. El episodio recordó la alianza que el 20 de julio permitió que Honorio Henríquez, del Centro Democrático, llegara a la Presidencia del Senado pese a que el candidato respaldado por De la Espriella era Alfredo De Luque.
La conclusión política es clara: el Congreso tiene sus propios equilibrios y no necesariamente votará en bloque siguiendo las instrucciones de la Casa de Nariño. El Ejecutivo deberá negociar iniciativa por iniciativa, especialmente cuando la emergencia económica obligue a expedir decretos y a buscar respaldo legislativo para las medidas de reconstrucción.
En ese escenario, el control político sobre los decretos de emergencia será determinante. El Congreso tendrá que revisar que las facultades excepcionales se utilicen dentro de los límites constitucionales y que las decisiones estén realmente relacionadas con la crisis. La emergencia no suspende los contrapesos institucionales.
Barrera y la seguridad urbana
Mientras el Legislativo vigila al Gobierno, la nueva dirección de la Policía enfrentará una emergencia distinta: el deterioro de la seguridad.
Jesús Alejandro Barrera asumie la institución acompañado por el general retirado Norberto Mujica como subdirector. Su llegada busca recuperar experiencia operacional y, según el Gobierno, reincorporar oficiales que habrían salido por razones políticas.
El problema es que Barrera recibirá una Policía con déficit de pie de fuerza y una reducción significativa en el número de coroneles y generales frente a años anteriores. A esto se suman 87 homicidios más con corte a junio de 2026 y un incremento del 7 % en las denuncias por extorsión durante el primer trimestre.
El nuevo director deberá enfrentar además el crecimiento del microtráfico, el sicariato y estructuras urbanas como el Tren de Aragua y otras bandas que funcionan bajo lógicas diferentes a las de los grupos armados tradicionales.
Los anunciados Bloques de Seguridad Urbana serán su primera apuesta. Pero el reto no será simplemente crear nuevos grupos, sino coordinar inteligencia, Fiscalía, autoridades locales y Fuerza Pública, además de revisar el funcionamiento de los CAI y el modelo de vigilancia por cuadrantes.
En conjunto, estos tres frentes muestran que el nuevo Gobierno empieza a gobernar en medio de un sistema de contrapesos que no controla por completo. El Congreso tendrá que vigilar los recursos de la emergencia; el Ejecutivo deberá aprender a negociar con alianzas que cambian según el tema, y Barrera tendrá que demostrar que la nueva política de seguridad puede traducirse en resultados. Son tres pruebas distintas, pero todas terminarán midiendo la capacidad institucional del nuevo Gobierno.