La tragedia entra en una nueva fase, tras los rescates vienen la identificación de víctimas, la atención a las familias, la seguridad en los albergues y la reco
La emergencia no termina cuando se retiran las máquinas de los escombros ni cuando los equipos de rescate dejan de buscar. Después del terremoto del 10 de agosto comienza una segunda carrera contra el tiempo, menos visible, pero igual de compleja: encontrar a los desaparecidos, identificar a los fallecidos, proteger la salud de quienes permanecen en albergues y organizar la reconstrucción de territorios que en cuestión de segundos quedaron destruidos.
El balance evidencia la dimensión de esa tarea. Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de cientos de personas cuyo paradero aún se desconoce, Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos recuperados. En su reporte más reciente, la entidad informó que había recibido 287 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca; 243 ya habían sido identificados y 222 entregados a sus familiares. Entre los reconocidos hay 17 menores de edad.
Detrás de cada cifra hay una familia que espera una respuesta. La identificación forense no es un trámite más dentro de la emergencia, pues es el paso que permite cerrar, al menos parcialmente, una búsqueda y devolverles un nombre y una despedida digna a quienes murieron. El proceso se realiza de manera coordinada con la Fiscalía y bajo procedimientos técnicos destinados a garantizar la certeza de cada identificación.
Pero mientras unas familias esperan identificar a sus muertos, otras siguen esperando encontrar con vida a sus desaparecidos. Ese es uno de los grandes desafíos de las próximas jornadas, porque la desaparición prolonga, la incertidumbre obliga a mantener activas las labores de búsqueda aun cuando disminuya la atención mediática sobre la tragedia.
Y hay otra emergencia que puede crecer silenciosamente es la sanitaria. Miles de personas permanecen temporalmente en albergues, espacios donde la concentración de población, las condiciones de agua, saneamiento e higiene y la manipulación de alimentos requieren vigilancia permanente.
Los lineamientos del Ministerio de Salud advierten que, en alojamientos temporales, deben garantizarse atención médica, vigilancia epidemiológica, agua segura, saneamiento, higiene y control de riesgos. En estos escenarios pueden aumentar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, transmitidas por alimentos o agua, además de problemas asociados con vectores y zoonosis.
La salud mental también forma parte de esta segunda emergencia, porque las personas que perdieron familiares, viviendas y pertenencias deberán permanecer durante días o semanas en espacios compartidos, mientras intentan reconstruir rutinas y enfrentar el duelo. Por eso, la atención institucional no puede limitarse a entregar alimentos y colchones, pues tendrá el Gobierno que sostenerse con el acompañamiento médico y psicosocial.
El siguiente desafío será económico. La reconstrucción exigirá recursos extraordinarios para recuperar viviendas, vías, hospitales, colegios, servicios públicos e infraestructura. El Gobierno tendrá que ajustar sus cuentas y definir de dónde saldrá el dinero para una tarea que podría comprometer durante años las finanzas públicas. El mecanismo de Obras por Impuestos aparece como una de las alternativas para vincular al sector privado a la reconstrucción, permitiendo que empresas destinen parte de su impuesto de renta a proyectos de infraestructura y servicios en territorios priorizados.
Ese debate ya llegó al Congreso. Senadores y representantes aprobaron donar al menos un día de salario para apoyar a los damnificados y conformaron comisiones de seguimiento a la respuesta gubernamental. También se preparan debates de control político con ministros, alcaldes y gobernadores para revisar cómo se están ejecutando las medidas de emergencia y cómo se financiará la recuperación.
La tragedia, entonces, entra en una nueva etapa. El rescate de sobrevivientes es apenas el primer capítulo. Después vendrán los nombres que faltan, las familias que esperan, los albergues que deberán mantenerse seguros y una reconstrucción que pondrá a prueba la capacidad fiscal y administrativa del Estado.
Porque cuando las luces de los equipos de rescate se apaguen, comenzará otra pregunta, quizá más difícil: ¿cómo reconstruir la vida de quienes sobrevivieron?