El gran problema es que la emergencia llega cuando las finanzas públicas ya tienen un margen de maniobra reducido.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no solo dejó una tragedia humana de enormes proporciones. A medida que avanzan los censos de daños, también empieza a aparecer otra dimensión de la emergencia, y es la millonaria suma que tendrá que asumir el país para reconstruir viviendas, escuelas, hospitales, vías e infraestructura.
Con corte al 14 de agosto (en horas del mediodía), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 379 desaparecidas y 354 rescatadas. Pero detrás de esas cifras hay un inventario material que sigue creciendo.
Un reporte de la entidad, posteriormente bloqueado al público, registraba 12.597 viviendas destruidas y 71.763 averiadas, además de 121 edificios colapsados, 2.205 centros educativos, 240 centros de salud, 129 vías y cinco aeropuertos afectados. En total, la emergencia alcanzaba a 403 municipios de 14 departamentos.
La primera aproximación al costo de la reconstrucción ya da una idea de la magnitud del desafío. BTG Pactual estimó inicialmente en $20 billones, cerca de US$6.350 millones, los recursos que podrían requerirse para atender los daños en vivienda e infraestructura, principalmente en Chocó, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Risaralda. La cifra equivale aproximadamente a 1% del producto interno bruto (PIB) colombiano, aunque todavía está lejos de ser definitiva.
El monto podría aumentar a medida que se conozca el estado real de las edificaciones y de los activos productivos afectados.
De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó, con una probabilidad del 34%, que las pérdidas económicas podrían ubicarse entre US$1.000 millones y US$10.000 millones. No se trata de una estimación de reconstrucción, sino de un escenario probabilístico que evidencia la incertidumbre que todavía existe sobre la dimensión económica del desastre.
El gran problema es que la emergencia llega cuando las finanzas públicas ya tienen un margen de maniobra reducido. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB y podría alcanzar 7,4% al finalizar 2026. A esto se suma que el servicio de la deuda llegaría a $118 billones el próximo año, mientras la inversión pública está proyectada en unos $89 billones.
En otras palabras, los intereses de la deuda absorberían más recursos que toda la inversión pública prevista. Por eso, la reconstrucción obligará al Gobierno a decidir de dónde saldrán los recursos sin profundizar aún más el desequilibrio fiscal.
Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, señaló que el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación deberá incorporar recursos que originalmente no estaban contemplados. El Ministerio de Hacienda tendrá que explicar, en la nueva propuesta que presentará en agosto, cómo se financiará la atención de la emergencia y la posterior reconstrucción.
El terremoto de 1999 en el Eje Cafetero ofrece una referencia. Andrés Pardo, jefe de Estrategia de XP Investments, recordó que aquel desastre tuvo un costo económico equivalente a cerca de 2,2% del PIB nacional y 35% del PIB de la región afectada. Para financiar la reconstrucción, el Gobierno creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), cuyos recursos representaron alrededor de 1% del PIB y fueron ejecutados principalmente durante tres años.
La comparación permite entender que reconstruir no significa únicamente levantar las viviendas que colapsaron. También implica recuperar infraestructura pública, restablecer servicios, reparar vías, reactivar actividades económicas y atender a las comunidades durante meses o incluso años.
La pregunta ahora la interrogante es quién pagará esa factura. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, estima que alrededor de 65% podría recaer sobre el presupuesto nacional, 30% podría llegar mediante cooperación internacional y 5% correspondería a donaciones privadas. Incluso, advierte que la emergencia podría reabrir el debate sobre una eventual reforma tributaria, pese a que el Gobierno había descartado aumentar impuestos.
La cooperación internacional ya empezó a aportar recursos. El Banco Mundial anunció US$200.000 para la evaluación de daños, además de US$350.000 para la Cruz Roja y US$150.000 en asistencia técnica. El BID y la CAF, por su parte, comprometieron US$500.000 cada uno en cooperación técnica no reembolsable.
Son recursos importantes para la fase inicial, pero pequeños frente a una reconstrucción que podría costar decenas de billones de pesos. Por eso, el verdadero desafío apenas comienza: Colombia deberá reconstruir las zonas devastadas sin dejar que la factura del terremoto termine profundizando una crisis fiscal que ya estaba en marcha.