Tras su posesión, el nuevo Gobierno trasladó 117 presos, ordenó una ofensiva contra grupos criminales y selló con Estados Unidos una cooperación en seguridad.
Abelardo De La Espriella llegó al poder con una señal en seguridad. Las decisiones anunciadas durante su posesión comenzaron a ejecutarse desde el primer día. La apuesta combina ofensiva militar, control penitenciario, erradicación de cultivos y cooperación internacional contra grupos criminales.
El primer movimiento ocurrió mientras se desarrollaba la ceremonia presidencial. El Gobierno entrante ordenó el traslado de 117 internos de alto perfil hacia centros carcelarios de alta seguridad, una medida para impedir que estructuras criminales mantengan capacidad operativa desde prisión.
De ese total, 103 salieron de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Entre ellos están alias Carlos Pesebre, Douglas y El Indio, señalados como jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín y el Oriente antioqueño, según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Los internos fueron distribuidos en establecimientos de alta seguridad de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, según confirmó el Inpec. El Gobierno busca impedir que los presos coordinen o fortalezcan actividades criminales desde las cárceles.
El traslado tenía un componente político. Fue una promesa de campaña de De La Espriella, quien cuestionó que jefes criminales continuaran delinquiendo desde prisión durante el Gobierno Petro. La nueva administración convirtió esa promesa en una de sus primeras decisiones.
El giro militar
El segundo movimiento ocurrió en el frente militar. El presidente nombró al general Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa y le encargó liderar la recuperación del orden, la libertad y autoridad, según el anuncio tras la posesión presidencial.
Mora recibió un mandato con prioridades definidas. El Ministerio anunció que reforzará inteligencia y contrainteligencia, expedirá una lista oficial de grupos narcoterroristas y concentrará capacidades militares en golpear estructuras criminales y sus redes, según el Gobierno nacional entrante.
La política antidrogas también cambia de rumbo. El Ministerio de Defensa anunció la erradicación de cultivos ilícitos mediante fumigación con herbicidas de nueva generación, bajo criterios de salud y protección ambiental y en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional.
El anuncio lleva la aspersión aérea al centro de la estrategia contra los cultivos ilícitos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que su departamento dispuso respaldarla, pero planteó combinarla con sustitución y alternativas legales para comunidades.
Ese planteamiento apareció en el primer Consejo de Seguridad del Gobierno para el suroccidente. De La Espriella escuchó a gobernadores del Valle, Cauca y Nariño, además de alcaldes, en una reunión para identificar territorios, capacidades disponibles y respuestas prioritarias.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, resumió la posición regional en una frase: “necesitamos más seguridad, más presencia del Estado y resultados”. Su planteamiento exige al Gobierno responder a problemas locales concretos y mostrar resultados también.
El resultado conocido llegó desde Caquetá. En una operación del Gaula Militar fue abatido Eider Quitora Olarte, alias Alexis Perdomo, señalado como jefe financiero de estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, que cobraba extorsiones en ambos departamentos.
La operación dejó otros resultados. Una menor fue recuperada tras ser reclutada por el grupo ilegal y tres personas fueron rescatadas de extorsión. Autoridades incautaron un fusil AK-47, una pistola, munición, celulares y talonarios usados para los cobros en zona.
Estos hechos todavía no permiten medir el alcance de la nueva política. Sin embargo, sí muestran,una secuencia temprana: traslado de cabecillas, designación de un ministro con perfil militar, órdenes de inteligencia, presión contra narcotráfico y operaciones contra estructuras ilegales.
El respaldo de Washington
A la estrategia se suma un giro en la relación con Washington. Tras la posesión, Estados Unidos anunció un paquete de 1.000 millones para apoyar al Gobierno entrante, como parte de medidas de seguridad, según el Departamento de Estado.
Washington señaló que la cooperación busca desmantelar redes de narcoterrorismo transnacional y generar oportunidades económicas. El anuncio amplía el margen internacional del Gobierno, que confirmó durante la posesión la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas contra organizaciones criminales.
El Gobierno presentó la iniciativa como plataforma para integrar inteligencia, información y acción conjunta contra organizaciones criminales. La dimensión internacional permite enfrentar estructuras que operan entre fronteras y dependen de economías ilícitas. El objetivo es debilitar redes criminales en la región.
El vicepresidente José Manuel Restrepo interpretó el anuncio estadounidense como señal de que Colombia vuelve a ser considerada un aliado fuerte. Destacó el Diálogo Bilateral para la Prosperidad, con énfasis en seguridad, inversión y desarrollo. Es un cambio de enfoque diplomático.
La prueba para De La Espriella será convertir estas órdenes en resultados sostenibles. Los movimientos privilegian autoridad, capacidad militar, control penitenciario y cooperación. El desafío será demostrar que esa fórmula reduce la violencia, debilita las rentas ilegales y recupera territorios.