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El doble terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio no solo dejó miles de viviendas destruidas y una infraestructura severamente afectada. También profundizó una crisis que ya golpeaba al país desde hace años: la de su sistema educativo. Mientras el Gobierno mantiene un balance limitado sobre el impacto en escuelas y liceos, organizaciones civiles y gremios docentes advierten que la tragedia abrió un nuevo capítulo de incertidumbre para miles de estudiantes y maestros.
La historia de Herlyn Obelmejías resume esa realidad. Docente de Idiomas, Lengua y Literatura, dividía su tiempo entre un colegio privado y un liceo público de La Guaira, además de cursar estudios universitarios y participar activamente en su comunidad religiosa. Su vida giraba alrededor de la enseñanza hasta que el sismo cambió por completo su rutina.
Obligada a abandonar su vivienda y refugiarse en Caracas junto a su hijo, la profesora no solo perdió su hogar, sino también el espacio donde construía proyectos educativos. "Dejé de ser la profesora que era", afirma al describir cómo el desplazamiento, la ansiedad y la incertidumbre reemplazaron las clases, los planes académicos y los sueños que tenía para sus estudiantes.
Su caso refleja una consecuencia menos visible de los desastres naturales: la interrupción del proceso educativo y el impacto emocional sobre quienes sostienen las escuelas. La pérdida de aulas puede reconstruirse con inversión, pero recuperar comunidades escolares fragmentadas resulta mucho más complejo.
La situación ocurre en un sistema educativo que ya llegaba debilitado por años de bajos salarios, migración de docentes, deterioro de la infraestructura y disminución de la matrícula escolar. El terremoto no creó la crisis; la profundizó.
La falta de información oficial también ha dificultado dimensionar el problema. El Ministerio de Educación no ha presentado un balance detallado sobre cuántos planteles quedaron destruidos, cuántos docentes fallecieron o cuántos estudiantes permanecen desaparecidos o damnificados. La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) informó que ha inspeccionado 428 instituciones y aseguró que las escuelas con daños leves serán rehabilitadas mediante el Plan Bricomiles, mientras los casos más graves permanecen en evaluación.
Sin embargo, los reportes elaborados por organizaciones independientes muestran un panorama más preocupante.
Un informe preliminar de Consenso Educativo de Venezuela y Escuelas Seguras de México, basado en evaluaciones realizadas en La Guaira, identificó escuelas completamente derrumbadas, otras con colapso estructural y varias con daños severos que comprometen su funcionamiento. La afectación alcanza a unos 7.000 estudiantes, 300 docentes y cerca de 200 trabajadores administrativos y obreros.
Además, el reporte registra escuelas con estudiantes fallecidos, personas desaparecidas y planteles convertidos en refugios temporales, una situación que retrasa aún más el eventual regreso a clases. Según el director de Consenso Educativo, Fausto Romeo, el saldo preliminar supera los 120 docentes fallecidos entre activos y jubilados.
Otras organizaciones coinciden en que el impacto va mucho más allá de la infraestructura. La Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC) identificó miles de estudiantes en condición de atención prioritaria por las afectaciones sufridas en La Guaira, mientras que Fe y Alegría reportó la muerte de 29 integrantes de su comunidad educativa, además de daños en 56 de sus centros y más de un centenar de viviendas de su personal.
Los datos recopilados por UNICEF y la Agencia PANA también evidencian la magnitud de la emergencia. Entre ambas fuentes se contabilizan al menos 908 instituciones educativas afectadas en distintas regiones del país, una cifra que confirma que el impacto trasciende las zonas más cercanas al epicentro.
El desafío ahora no se limita a reparar edificios. Expertos en educación advierten que será necesario atender el bienestar psicológico de estudiantes y docentes, recuperar materiales de enseñanza, reubicar comunidades educativas y evitar que la interrupción escolar incremente la deserción, un problema que Venezuela ya enfrentaba antes del desastre.
En medio de esa realidad, testimonios como el de Herlyn recuerdan que la reconstrucción también pasa por las personas. Detrás de cada escuela dañada hay maestros que perdieron sus hogares, estudiantes que vieron desaparecer sus salones de clase y comunidades enteras que quedaron sin uno de sus principales espacios de encuentro.
El doble terremoto dejó al descubierto que la recuperación educativa exigirá mucho más que reparar paredes. También requerirá reconstruir la confianza, la estabilidad emocional y las condiciones necesarias para que miles de docentes puedan volver a hacer aquello que define su vocación: enseñar.